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Hospital La Paz
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Hospital La Paz (Foto: Chema Barroso)

El 'cierre técnico' de la UCI Pediátrica en La Paz llega al Pleno: “Merecemos más que un hospital de campaña”

Por Fernando Rodríguez
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frodriguezmadridiarioes/10/10/22
jueves 01 de febrero de 2024, 07:00h
Actualizado: 02/02/2024 14:09h

Superado el momento álgido de la ola de gripe tan característico de la Navidad y la consiguiente crisis en torno al uso obligatorio de mascarilla en los centros sanitarios, los esfuerzos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se centran ahora en sofocar la polémica -agudizada en las últimas semanas, aunque en liza desde 2020- reinante en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Universitario La Paz. Y es que la orden judicial de reincorporación, tras varios procesos por "acoso, vejaciones y maltrato psicológico", del jefe del servicio, Pedro de la Oliva, trajo consigo un 'cierre técnico' provocado por el abandono, vía baja o renuncia, de la práctica totalidad de los trabajadores. Lo que antaño era una unidad de referencia se convertía así, desde el pasado 17 de enero, en un auténtico desierto.

El efecto dominó no se haría esperar. Mientras las familias, sumamente preocupadas, recogen firmas para evitar el cierre definitivo de la planta, referente en España por ser la única que realiza todo tipo de trasplantes infantiles, el resto de servicios, principalmente los de Reanimación, Neonatos y UCI de adultos, han comenzado a experimentar ya los efectos de la sobrecarga asistencial. Tal es la gravedad de la situación que el incremento en el número de pacientes al que deben hacer frente el resto de profesionales, unido a la escasez de camas disponibles, ha provocado incluso la suspensión de intervenciones quirúrgicas. Fruto de los traslados y las derivaciones también se habrían visto afectados, aunque en menor medida, otros centros de la región.

"Improvisamos día a día"

En palabras de los propios trabajadores de La Paz, su actividad diaria se ha terminado por convertir, a raíz de esta crisis, en un continuo ejercicio de improvisación que les ha llevado a manifestarse frente a las puertas del centro para exigir soluciones inmediatas. “Desde que se cerrase la UCI Pediátrica, lo que estamos haciendo es improvisar día a día. Los niños que llegan a Urgencias con necesidad de cuidados críticos se les deriva a otros hospitales. Al final, es una peor atención hacia los pacientes porque van a recibir esos cuidados más tarde y su estado puede empeorar. En el caso de los niños que empeoran estando en planta, se les intenta buscar una ubicación dentro del hospital, generalmente en Reanimación post quirúrgica. El problema está en que si vamos avanzando en la ocupación de camas, hay que desprogramar cirugías. Cuando ya no hay hueco en Reanimación, los pacientes de menor tamaño son derivados a Neonatos. Los adolescentes, por su parte, a Reanimación o UCI de adultos”, explican los profesionales en conversaciones con Madridiario.

Batalla judicial

Todo ello a expensas de una resolución definitiva a las alegaciones contra la readmisión de Pedro de la Oliva presentadas por la propia Comunidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Pese a lo complejo de la situación, desde el Ejecutivo autonómico se muestran optimistas y confían en que los tribunales atiendan al “interés general” y terminen por darles la razón. “Se ha explicado la situación de los trabajadores y la necesidad de restablecer el servicio. Lo que hemos pedido es que lógicamente se atienda al interés general y se pueda mantener la normalidad en una UCI Pediátrica que presta un servicio tan esencial, tan fundamental (…). Hemos presentado este recurso en defensa de los intereses de los pacientes y usuarios de la Sanidad pública madrileña”, ha explicado este miércoles el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Valverde. Asimismo, el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración local ha querido dejar claro que, mientras se resuelve el pleito, la Comunidad continuará trabajando para garantizar en todo momento el mejor servicio a los pacientes.

Es precisamente este argumento de pretendida normalidad el que se espera defienda la consejera del ramo, Fátima Matute, en su comparecencia de este jueves en el Pleno de la Asamblea de Entrevías. Aunque en primera instancia su intervención en el hemiciclo estaría reservada en exclusiva a la valoración de la “incidencia de la gripe y otras infecciones respiratorias” en la región, así como las medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la última ola, sería previsible que los grupos de la oposición, conscientes de lo preocupante -y mediático- del asunto, exijan a la titular del ramo explicaciones sobre la situación que se vive en la UCIP de La Paz. También, claro, los pasos a seguir en caso de que la decisión del TSJM sea contraria al recurso de la Comunidad.

"La Consejería de Sanidad ha fracasado"

“Vamos a pedirle explicaciones porque, a nuestro juicio, es absolutamente incomprensible. Entendemos que es una situación muy anómala y que el sistema puede no estar preparado para que aparezcan casos de acoso tan terribles. Bajo ese prisma de comprensión, consideramos que es inexplicable continuar en este punto en un proceso que comenzó hace años”, anticipa la diputada de Más Madrid Marta Carmona a este digital.

A su parecer, la Consejería de Sanidad habría “fracasado terriblemente” en dos aspectos “muy graves”. Por un lado, la “dejación de funciones” de los servicios jurídicos del SERMAS -cuya asesoría, matiza Carmona, ha sido “desmantelada”- en cuanto a la protección de los trabajadores durante el procedimiento judicial: “Es imperdonable”. Por otro, la ausencia de “alternativas” al servicio que anteriormente se brindaba en la unidad Materno-Infantil de La Paz. “También es imperdonable que, en todo este tiempo, no hayan sido capaces de dar una alternativa a la UCI Pediátrica. Es cierto que hay camas en Reanimación que se están reservando a los niños que puedan aparecer de emergencia y necesitar cuidados críticos. Como no saben cuántos pueden aparecer, tienen que dejarlas libres y esto provoca que no se puedan ejecutar las cirugías complejas y los trasplantes que harían en condiciones normales (…) Que el único hospital de todo el país que hace este tipo de intervenciones no tenga UCIP es un absoluto despropósito. Han podido hacer cosas, pero no han querido”, asegura.

Grupo parlamentario de Más Madrid (Foto: Road Experience)

De acuerdo con lo expuesto por el grupo parlamentario que encabeza la oposición en Vallecas, entre las herramientas jurídicas que podría haber activado el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso destaca la no ejecución de la propia sentencia de readmisión atendiendo a su imposibilidad: “Es una sentencia que entra perfectamente dentro de la figura jurídica de ejecución imposible por las consecuencias que acarrea: la desaparición de la UCI”. Antes de llegar a este punto, continúa Carmona, también se podría haber hecho efectiva la “suspensión de empleo y sueldo por un periodo de ocho meses”, lo que permitiría agotar la vida laboral de Pedro de la Oliva, conduciéndole a la jubilación. “Se trataba simplemente de conseguir que se aplicara esta sanción. Y si pidiera una prórroga, era tan sencillo como no dársela. Habría sido una solución digna tanto para profesionales como para pacientes y que sigue siendo aplicable ahora si se pide al juzgado que levante las cautelares (...). Tienen que encontrar una solución. La Sanidad pública madrileña se merece algo más que un hospital de campaña”, concluye la diputada.

Un conflicto enquistado

Lejos de resultar novedosos a ojos de los afectados, el conflicto laboral, derivado ya en crisis sanitaria, colea desde el verano de 2020. Fue en el mes de agosto cuando media docena de médicos de la UCI Pediátrica reclamaron a la gerencia del centro la puesta en marcha del protocolo de conflictos internos por un supuesto caso de acoso laboral cometido por de la Oliva. La apertura del expediente disciplinario vino entonces de la mano de una suspensión de ocho meses. La decisión, en cualquier caso, sería recurrida y la justicia terminaría por fallar en favor del jefe del servicio. El proceso se repetiría hasta en dos ocasiones, acompasado a la renuncia, por goteo, de los profesionales a su cargo. Así se llega a la situación actual, con un servicio vacío, pese a que el jefe del área sigue acudiendo a su puesto de trabajo, y las complicaciones que tal escenario acarrea. Incluso la propia presidenta, Díaz Ayuso, ha llegado a reconocer sin pudor alguno que “es una cuestión que nos gustaría haber resuelto de otra manera”.

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