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OPINIÓN

El pacto de rentas: pasado, presente y futuro

Por Joaquín Galván Vallina
jueves 12 de mayo de 2022, 12:20h

El pasado 2 de marzo de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el planteamiento del Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra abogaba por “un gran pacto de rentas”, que supondría un sacrificio de las economías de las empresas y las familias para contrarrestar la subida de precios -agudizada por la invasión rusa de Ucrania-.

Acto seguido, el 7 de marzo comenzaron las reuniones entre Gobierno, patronal y sindicatos con objeto de negociar un pacto de rentas. Estas negociaciones se han cerrado sin acuerdo el pasado cinco de abril; con lo que se han dado por rotas hasta finales de año.

Pero, ¿en qué consiste un pacto de rentas y qué repercusión tuvo en España, para que se vuelva a plantear ahora?

¿Qué es la política de rentas?

La política de rentas constituye uno de los instrumentos económicos más importantes dentro de la política económica coyuntural. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera tradicionalmente la política de rentas como “el propósito o perspectiva de las autoridades respecto al tipo de evolución de las rentas que sería consistente con sus objetivos económicos y, en particular, con la estabilidad de los precios”. También forma parte de la política de rentas, según el enfoque -de matiz consensual- de la OCDE, “la búsqueda por parte de las autoridades de un consenso público sobre los principios que guiarían el crecimiento de las rentas, así como el intento de inducir a una aceptación voluntaria de esas pautas o directrices”.

Expresado en otros términos, podemos definir la política de rentas como el conjunto de principios, criterios o normas referentes a la evolución de todo tipo de rentas (tanto salariales como no salariales) compatible con el logro de estabilidad de los precios y, en determinadas ocasiones, de una mejora en la distribución de la renta.

Un pacto de rentas se configura como un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para hacer un reparto de los daños. Supondría una contención de los aumentos salariales, a la vez que de los márgenes y beneficios empresariales, para evitar una espiral precios-salarios que presionase al alza la inflación.

La política de rentas en España: años 70 y 80.

España, en los años setenta del pasado siglo, sufrió un shock de oferta en los precios del petróleo unido a otro shock de oferta simultáneo debido a la elevación del coste laboral por unidad de producto. La crisis del petróleo se unió a la transición política, en la que no se aplicaron medidas drásticas de política económica para no dañar el proceso; esto llevó a unas tensiones salariales crecientes -debido a factores como la aparición de sindicatos libres o el derecho de huelga-; los costes salariales subieron por encima de la productividad y se incrementó el paro.

La subida del coste de mercado del factor trabajo afectó a la inflación desde los costes; una política monetaria permisiva llevaba también a que la inflación de costes se trasladase parcialmente a los precios -a pesar de los problemas de demanda- y a aumentar las dificultades del sector exterior, ante la menor competitividad de nuestra economía.

El conjunto de tensiones político-económicas que llevó a un alza en el desempleo y una inflación cercana al 30%, un fuerte desequilibrio en el sector público y un déficit en la balanza comercial convirtieron a España en un país crecientemente deudor. Para poner coto a esta situación de emergencia, España podría haber pedido un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), con las exigencias -como contrapartida- de cambios radicales en política económica para producir una bajada drástica de la inflación. Para evitar el deterioro económico y social a que pudiera llevar el optar por estas medidas, y frente a la presión sindical que forzaba a seguir aumentando los salarios, el Gobierno de la UCD pactó con la oposición, dando lugar al famoso “Pacto de la Moncloa” de 1977. En este pacto, el PSOE y el PCE cedieron en el terreno salarial para no producir tensiones socioeconómicas y políticas, mientras que la UCD y AP accedieron a que el viejo sistema tributario español de tipo real desapareciera a cambio de un sistema personal muy progresivo y que permitiera una mayor distribución de la renta.

Dentro del extenso paquete de medidas que se tomaron en los primeros meses del gobierno de la UCD, en 1977, las principales fueron las siguientes:

a- Una devaluación eficaz.

b- Una política estricta de demanda agregada, basada en el predominio de la política monetaria, utilizando un agregado monetario (para controlar la cantidad de dinero).

c- Inicio de la reforma fiscal.

d- La parte de política de rentas que incluyen los Pactos de la Moncloa.

Desde los Pactos de la Moncloa de 1977 hasta 1986, la política salarial se basó en dos rasgos: estar pactada a nivel macroeconómico y en la inflación esperada (no en la existente). El concepto de inflación esperada pasó por sucesivas fases:

En los pactos de la Moncloa se comenzó por calcular la inflación como media intermensual anual, pero a partir de 1982 el gobierno socialista pasa a basarse en el objetivo de inflación de diciembre del año siguiente, con lo que, en un escenario de reducción progresiva de la inflación, durante once meses la subida salarial es menor que la de los precios y sólo en el último mes se mantiene el poder adquisitivo de los salarios. Este deterioro en la capacidad adquisitiva enrarece el ambiente entre el Gobierno y los sindicatos. Esta circunstancia unida a otras, como los errores en los objetivos de inflación esperada o la creencia de las centrales sindicales de que los acuerdos marco habían llevado a los trabajadores a soportar un coste mayor de la crisis que sin esos acuerdos, hicieron saltar por los aires el pacto de rentas en 1986. Desde 1987, el pacto de rentas no se ha vuelto a reeditar.

Valoración de la política de rentas en España

Los pactos de rentas, en general, resultaron muy valiosos para aproximar posturas en la negociación y facilitar la concordia social en los inicios de la democracia, con una disminución de la conflictividad laboral. La inflación redujo de forma significativa su tasa, lo que se puede atribuir en una parte importante al pacto de rentas; aunque hubo otros factores que también actuaron en este sentido, como las políticas fiscal y monetaria.

La mayor crítica a la política de rentas es que si unos sectores son más dinámicos que otros y necesitan más mano de obra o si unas empresas se hallan en situación análoga, lo natural es que sus salarios suban por encima de la media, y lo contrario se puede aplicar a los sectores en crisis. Por ello, lo ideal sería ir pasando de acuerdos marco o macro a acuerdos a nivel de empresa.

Futuro de un pacto de rentas en España

Hemos visto cómo recientemente el pacto de rentas ha quedado aparcado, pese a que personas e instituciones relevantes lo han apoyado. Así, el Gobernador del Banco de España, afirmaba el 24 de abril en una conferencia en la Universidad de Sevilla que un pacto de rentas "permitiría minimizar la persistencia y los costes del actual shock inflacionista”, y añadía que haría más fácil "el necesario ajuste de la economía, lo que redundaría en un mayor empleo y bienestar de los ciudadanos". Del mismo modo, el expresidente del Gobierno Felipe González afirmaba en una entrevista la importancia de “un pacto de rentas transversal y profundo”, que ponga de acuerdo al mayor número de partes, “o lo pagaremos”.

Las posiciones de partida de empresarios y sindicatos han estado muy distantes. Los representantes de los trabajadores pedían una cláusula de revisión salarial que los empresarios han rechazado taxativamente, máxime cuando las recomendaciones generales sobre evolución salarial debían abarcar un período prolongado de hasta dos o tres años.

Para llevar adelante un pacto de rentas como el que se ha propuesto -como heredero de los Pactos de la Moncloa- el punto de partida sería decir la verdad a la Nación sobre la situación de emergencia económica en la que estamos inmersos y, evidentemente, no resulta esperable de quien dirige ahora el Gobierno. En cualquier caso, un pacto de rentas, junto con una política fiscal de reducción del déficit público se presentan como una base adecuada para -desarrollando también otro tipo de medidas- corregir la preocupante tendencia actual y conseguir una recuperación económica realista.

Joaquín Galván Vallina

Doctor en CC. Económicas y Empresariales. Profesor de la Universidad Europea de Madrid

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