Ossorio: “Sería terrible que la Delegación hubiera permitido la manifestación por rédito político”

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación Ciencia y Universidades, Enrique Ossorio, ha dejado entrever ante los periodistas en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno su sospecha de que la manifestación de grupos de ultraderecha del pasado sábado en el barrio de Chueca pudo haber sido autorizada para sacar rédito político.

Ha asegurado que como “Administración seria” están preocupados por un posible caso de sectarismo político y ha apuntado varias razones. Por un lado, ha recordado que la manifestación podría haberse desautorizado en pro del interés general y, por otro, ha indicado que la Delegación de Gobierno podría haber cambiado el itinerario perfectamente, teniendo en cuenta el tipo de manifestantes y lo que representa el barrio de Chueca para el colectivo LGTBI.

Además, ha señalado que "la ley permite disolver una manifestación en el momento en que se profieren insultos homófobos por poder ser constitutivo de un delito de odio", algo que no ordenó la Delegación del Gobierno en ningún momento permitiendo a los manifestantes continuar con su marcha que finalizó en la plaza de Pedro Zerolo.

Ha recordado Ossorio que en 2019 se desautorizaron en Madrid unas 127 manifestaciones y ha desmentido a la Delegada del Gobierno, la socialista Mercedes González, cuando asegura que no existe margen legal para impedir una manifestación. De ser ciertas las sospechas, ha advertido el portavoz, se habría puesto en riesgo la seguridad del barrio, de los vecinos y perjudicado la imagen de Madrid por sacar rédito político, en este caso, a favor del Partido Socialista.

“Vamos a esperar para ver qué sucede con este caso y a la vista de lo que suceda procederemos”, asegura el portavoz del ejecutivo regional y añade que sería “terrible” que la delegada del Gobierno, la socialista Mercedes González, pudiera haber sacrificado el bienestar del barrio y la imagen de Madrid por un ejercicio de “sectarismo político”.

En cualquier caso, ni la Comunidad de Madrid ni el Partido Popular tienen intención de plantear ninguna querella contra la Delegación del Gobierno o contra los manifestantes como sí han hecho otras formaciones políticas y organizaciones sociales. Lo que sí van a hacer es esperar a las conclusiones judiciales, si llega a haberlas en un sentido contrario a la actuación de la Delegación, y “actuar en consecuencia”.