Tengo que salir al paso, con profunda preocupación, respecto a las manifestaciones realizadas recientemente por la titular de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, en las que se banaliza uno de los gravísimos problemas que tenemos como sociedad y que no es otro que el de la violencia machista.
Considero que es vergonzoso y malintencionado que la Consejera haya pedido una reunión con la Ministra de Igualdad, para exponer que desde la implantación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, 3 maltratadores hayan intentado registrarse con otro sexo para poder acceder a los recursos municipales de atención a las víctimas de violencia de género y de violencia sexual , “poniendo en riesgo el sistema de protección a las víctimas”.
La Consejera sabe o debería saber que la ley Trans en su Art 45.3: “La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.
Por lo tanto, sabe o debería saber que las pretensiones de estos maltratadores, de ser ciertas, no son posibles.
Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene en la opinión pública estás irresponsables manifestaciones en la lucha contra esta lacra que ha costado en la Comunidad de Madrid, desde el año 2003, la vida de 131 mujeres y ha dejado huérfanos a 40 menores?
En primer lugar, muestra el resultado de la presión que la extrema derecha está ejerciendo sobre los posicionamientos políticos del Partido Popular y logrando sutilmente cambios en este grave problema en el que están en juego la vida y la integridad física de las mujeres.
En segundo término, hay que preguntarse qué mensajes reciben las mujeres víctimas de la violencia en la Comunidad de Madrid desde la más alta instancia de la Consejería cuando declara que “se pone en riesgo el sistema de protección a las víctimas”.
Vamos a lo sustancial de la realidad y pongamos el foco donde realmente está el problema de la violencia machista en la Comunidad de Madrid y que se traduce en algunas cifras y hechos.
Hasta el tercer trimestre del año 2023, el número de denuncias ascendía a 22.050 en la Comunidad Autónoma, con un incremento del 3,46% respecto al mismo periodo de 2022 y en el que se registraron 21.313 denuncias.
A pesar de ello, el Gobierno Regional ha reducido en los últimos dos años las plazas en los pisos destinados a mujeres víctimas de violencia de género.
La disminución de las plazas en los pisos de acogida de la Comunidad de Madrid coincide con una disminución del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género.
No es de extrañar las denuncias, por poner un ejemplo, de las personas trabajadoras de la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, que señalan la situación de precariedad laboral y del servicio de atención a las víctimas porque no hay suficientes recursos, ni económicos ni humanos, para poder ayudarlas en tiempo y forma.
Las personas trabajadoras denuncian que se ven obligadas, cuando una víctima se pone en contacto con el dispositivo, a dar la primera cita con 1 mes de demora, debido a la falta de profesionales y recursos. El pasado mes de marzo, convocaron paros y protestas para denunciar esta situación que, tanto ellas como las víctimas, llevan sufriendo desde hace años.
También denuncian el colapso en el SAVG 24 Horas (Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid) y la falta de plazas para acoger a las mujeres y a sus hijos e hijas en caso de riesgo inminente.
En este momento están ocupando las apenas 15 plazas que tiene el servicio y los menores que viven con ellas llevan un mes y medio sin escolarizar porque están en una zona de riesgo y no pueden ir al colegio por miedo al maltratador.
Denuncian también que se ven obligadas, cuando el recurso está completo, a enviar a las mujeres a hoteles o a las plazas del Samur Social para personas sin hogar. Todas sin protección policial o especialistas en temas de violencia machista.
La lista de agravios es larga, pero cabe preguntarse ¿De qué sirve pedir a las víctimas que denuncien si luego no encuentran una red de protección y pueden verse obligadas a volver a convivir con el maltratador? ¿Para qué esta reunión cuando le queda tanto por hacer?
Hay que pedir a la señora Dávila que cumpla con su deber y su responsabilidad a la hora de poner los medios necesarios para preservar y mejorar el sistema de ayuda. “Se lo debemos a las víctimas” y no banalizar la violencia machista que nos afecta a todas y a todos.
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