Un nuevo comienzo para Las Sabinas: 68 realojos y mayor protección medioambiental

Desde que en diciembre de 2021 comenzasen a enviarse las órdenes de derribo por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles, la peor pesadilla para las familias alojadas en el núcleo chabolista de Las Sabinas, especialmente en los puntos norte y centro, comenzaría a tornarse en realidad. Un drama humano a poco más de 20 kilómetros de la capital y que un año y medio después da pie a una solución satisfactoria a través del nuevo convenio de realojo firmado por la Agencia de Vivivenda Social de la Comunidad de Madrid y el propio Consistorio mostoleño. El acuerdo establece la concesión de una vivienda, en régimen de alquiler social, a un total de 68 familias e incluirá intervención social a cargo de profesionales, así como un seguimiento posterior con el fin de favorecer la adaptación a la nueva residencia.

Este nuevo convenio, recogido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del pasado 2 de marzo, afectará a las familias empadronadas antes del 31 de diciembre de 2018 y viene a complementar el ya firmado en el año 2013. El principal pero del último acuerdo se relacionaba con la imposibilidad de determinar con exactitud el volumen total de población alojada en este asentamiento a orillas del río Guadarrama. Puesto que bebía del censo local fijado en 2008, muchas de las familias asentadas ni siquiera figuraban en el mismo. Otras, en cambio, no cumplían con los requisitos necesarios. Con esta actualización se pretende aproximar el censo a la realidad demográfica del campamento ubicado entre los municipios de Móstoles y Arroyomolinos, con vistas a hallar una solución definitiva al conflicto en las próximas fechas.

Pese a lo positivo de la medida, desde Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid prefieren mantener la cautela y no lanzar las campanas al vuelo hasta que los realojos sean una realidad. Asimismo, se muestran muy preocupados por los métodos empleados por las distintas administraciones implicadas -Comunidad y ayuntamientos de Móstoles y Arroyomolinos- y que "hasta la fecha no habían sido capaces de ponerse de acuerdo en materia de financiación."

"No se están regalando pisos"

Los activistas insisten también en la importancia de la transparencia y la comunicación fluida a lo largo de todo el proceso, con especial énfasis en los trámites burocráticos que exige una operación de este calibre: "Entendemos que no existen plazos fijos y que la operación puede dilatarse en el tiempo según la disposición de vivienda pública. Son ya muchos años de indiferencia. Además, los realojos tienen que ser transparentes y desarrollarse de la mejor manera posible para las familias, comunicando en todo momento cuándo y en qué condiciones se van a ejecutar".

Otro de los aspectos que preocupa a los ecologistas es la ubicación en la que se localizarán las nuevas viviendas, así como la capacidad de las familias para asumir la cuantía del alquiler. “El proceso es un tanto perverso. La Agencia de Vivienda Social ofrece una única alternativa residencial. Esto provoca que, en ocasiones, las familias puedan ser extraídas de su ámbito más próximo y alejadas de su red, tanto social como profesional”, advierte Raúl Navarrete, portavoz de la plataforma.

En cuanto al acompañamiento posterior, reconocen que "está bien, pero previamente ya les han forzado a aceptar la propuesta. En caso de no hacerlo perderían el derecho a este alquiler social durante los próximos cinco años. Un alquiler que, aunque ofrece condiciones ventajosas, algunas familias ni siquiera pueden afrontar. Hay que tener en cuenta que hablamos de personas en situación de exclusión social. En ningún caso se están regalando los pisos”, añade.

Restauración medioambiental

Desde el punto de vista medioambiental, Ecologistas en Acción mantiene que “aún queda mucho trabajo por hacer” hasta ver del todo restaurada una ribera del Manzanares —demasiado acostumbrada al maltrato durante los últimos años—. En esta línea, exigen que, tras llevarse a cabo los realojos, las infraviviendas sean eliminadas para evitar la acumulación de escombros y chatarra de todo tipo. También abogan por la correcta selección de los residuos, que “han de ser recogidos y trasladados a la correspondiente planta de tratamiento para recuperar y restaurar el entorno”.

"Algunos tramos parecen Sarajevo"

Las muchas vías pecuarias que atraviesan el entorno de Las Sabinas, continúa Navarrete, también deben ser recuperadas. En cuanto a los caminos de acceso, los ecologistas piden que el tráfico rodado no autorizado desde la A-5 sea cortado con el objetivo de poner freno a los vertidos ilegales, “ya sea la basura doméstica de los residentes u otros vertidos por parte de empresas externas que se dediquen a la construcción o a la chatarra”. “Ya hemos comprobado al cortar el tráfico entre los dos poblados norte y centro que el espacio se recupera. Está limpio, ha vuelto a aparecer vegetación... El cambio es abismal. Ha pasado de ser Sarajevo en los años 90, con vehículos en llamas, a ser la ribera de un río. Ya no parece una zona de guerra ni un vertedero”, añade.

En último término, los activistas solicitan a las distintas administraciones que todo el entorno sea replantado con especies autóctonas del Parque Regional y que se dediquen mayores partidas a su adecuado mantenimiento.

Suelo protegido

En el origen de la cuestión se encuentra el elevado grado de protección sobre el que se asientan las infraviviendas ubicadas en Las Sabinas. El motivo principal del tira y afloja mediático y judicial que condujo al Ayuntamiento de Móstoles a la emisión final de las órdenes de derribo radica en la categoría de suelo no urbanizable del que goza el terreno. Es decir, aquel sobre el cual no se permite la construcción de viviendas. Tampoco de infraestructuras básicas de ningún tipo, ni siquiera de aquellas necesarias para la prestación de servicios fundamentales como el alumbrado público, la instalación eléctrica en los domicilios, el alcantarillado, el asfaltado o la recogida de residuos.

Para más inri, el suelo se encuentra amparado por las figuras jurídicas de zona inundable -como consecuencia de su gran proximidad al río Guadarrama-, de servidumbre y de dominio público hidráulico. Asimismo, el área en la que se encuentran las chabolas forma parte del Cordel Real del Guadarrama y el Abrevadero del Barranco de la Vega, dos vías pecuarias de dominio público. Todos estos condicionantes impedirían del mismo modo la urbanización del entorno.

Todo ello sin tener en cuenta que el poblado se sitúa en pleno corazón del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama, lo que le otorgó la categoría de zona de máxima protección en 1999. Puesto que ninguna de las infraviviendas es anterior a dicha fecha, todas ellas se encuentran al margen de la legislación y son potencial objeto de derribo por parte de la administración.