Los sindicatos se movilizan ante el rechazo de Ayuso de reducir la jornada a los empleados públicos

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso condena a sus empleados públicos a trabajar “dos horas y media más” que el resto de funcionarios de las comunidades autónomas, según denuncian desde CCOO, UGT y CSIT, que consideran que una “afrenta y un desprecio” de la Comunidad de Madrid a los más de 180.000 profesionales que garantizan los servicios públicos para la ciudadanía madrileña. Ante la “negativa de Ayuso” a mejorar sus condiciones laborales, han anunciado nuevas movilizaciones siendo la primera de ellas este miércoles a las puertas de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Para el coordinador de Área Pública de CCOO, Mariano Martín, la negativa de volver a la jornada de 35 horas semanales “choca” con un Gobierno que dice ser el “motor económico del país y la comunidad autónoma más rica de España”, pero que es la única que no ha aprobado devolver la jornada de 35 horas a sus empleados públicos. “Algunas de ellas (comunidades autónomas) ya tienen recuperada su jornada desde hace más de cinco o seis años, y otras como Galicia y Barcelona ya han pactado la reducción”, afirma.

Rosa Robledano, secretaria política sindical mujer e igualdad de UGT Madrid, califica de “agravio comparativo” y no entiende porque no está dentro de la agenda política madrileña, a pesar de reivindicar este “derecho” antes de las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo: “Paralizamos las reivindicaciones para que nuestras movilizaciones no se utilizarán de una forma errónea y dimos un margen prudencial para que una vez se confirmase en nuevo gobierno regional pudiéramos tener una reunión con la consejera de Economía y la responsable que lleva el área de Función Pública”.

Tras las elecciones y “después de insistentes peticiones por parte de los sindicatos mayoritarios de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid”, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor, aceptó una reunión que - a juicio de las organizaciones sindicales - “sólo sirvió para lavar su imagen ante la opinión pública y para reconocer la falta de disposición y diálogo que hiciera posible, al menos, un calendario de negociaciones para intentar mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que dependen del Gobierno regional”.

“No está dentro de su agenda, ni de sus prioridades, pero nosotros consideramos que es un derecho que podemos recuperar, ya que es una jornada que ya tuvimos implantada y que supone la creación de nuevos puestos de trabajo”, señala Rosa Robledano.

Por su parte, José Ángel Montero, de CSIT, denuncia que no solamente se está implantando en otras comunidades autónomas, sino en administraciones como el Ayuntamiento de Madrid: “Somos vecinos, no tiene mucho sentido está negativa, sobre todo, porque es una cuestión de mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral de todos los empleados públicos”.

Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI

A pesar de que “cada administración pública tiene su autonomía de gestión”, el Gobierno central firmó el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI suscrito el 19 de octubre de 2022 entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las organizaciones Sindicales de CCOO y UGT con el que “permitía llevar a cabo la implementación de la jornada de 35 horas semanales, quitando así las trabas y los problemas que antes había en cuanto al déficit y el gasto. Con la eliminación de estas hándicaps, varias comunidades autónomas iniciaron los trámites para reducir las jornadas laborales.

La devolución de esta jornada laboral se traduciría - según los sindicatos - en una “mejora de la calidad de los servicios públicos”, además de la creación de nuevos puestos de trabajo y el “rejuvenecimiento de la plantilla”, entre otras cuestiones. En el mes de febrero, Más Madrid presentó una Proposición de Ley para recuperar la reducción de la semana laboral de 37,5 a 35 horas semanales para los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

Tanto CSIT como CCOO consideran que el gasto estimado por la Comunidad de Madrid para la posible implantación de la reducción de jornada es “exagerado”. Por un lado, porque “ya tuvimos la jornada de 35 horas y el dinero no fue tanto, cubriendo todos los servicios” y, por otro lado, porque las áreas dedicadas a la Sanidad o a los Servicios Sociales ya se ha producido una reducción de la temporalidad, lo que significa que muchos de los empleos pasaron de a ser considerados estructurales. Es decir, solo en el ámbito sanitario se incorporaron a la plantilla orgánica casi 6.000 trabajadores por lo que no sería necesaria una ampliación de los empleados, mientras que en algunos servicios centrales tan solo bastaría con reducir media hora de trabajo, pasando de siete horas y media a siete.

Desde UGT calculan que la medida podría acarrear unos 20.000 nuevos contratos, un dato “irrisorio” para la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, asequible y alejados de los 500 millones de gasto que el Gobierno regional asegura a los sindicatos que provocaría la medida. “La negativa de no negociar por parte de la Administración resulta incomprensible y no asumible por los empleados públicos, ni tampoco por las organizaciones convocantes”, dice José Ángel Montero, que defiende la idea de una implantación de la jornada de forma escalonada hasta que en unos 18 meses todas las áreas cuenten con ella.

Respuesta de la Comunidad

Tras el anuncio de la convocatoria de movilizaciones, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha señalado que "no considera fundamental" la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos porque "ya tienen mucha flexibilidad".

"Algunos tienen mucha flexibilidad, que era un poco por lo que se buscaba la reducción de las 35 horas por la conciliación. Es verdad que no es en todos los sectores, pero en algunos casos pueden teletrabajar o flexibilizar su trabajo", ha apuntado Albert, quien, además, ha recalcado que es "mucho más importante" la carrera profesional de los funcionarios. Después de estas declaraciones, José Ángel Montero, de CSIT, denuncia que el “teletrabajo no es para conciliar” porque “ninguna persona que este teletrabajando puede dedicarse a otras cuestiones”, además en ámbitos como el sanitario o los servicios sociales esta opción es “una quimera”.

Además de la reducción de jornada, los sindicatos reivindican la implantación generalizada de la Carrera Profesional y el complemento de reconocimiento de “talento” para todos y todas las empleadas públicas, ya que la Administración ha otorgado de manera “unilateral a sus elegidos”, con hasta 15.000 euros anuales, de una forma “poco ecuánime y parcial”. “Estamos pidiendo que se premie y se reconozca el talento a todas las categorías no solamente a las que de forma unilateral la Administración ha decidido aplicar, porque es una medida que no ha sido negociada”, apunta Robledano.

Por todo ello, este miércoles, 20 de marzo, estas tres organizaciones sindicales se concentran a las puertas de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, en la plaza de Pontejos nº 3, a espaldas de la sede de la Presidencia del Gobierno regional, en la Puerta del Sol.