En plena fase de elaboración del II Plan Madrid Convive, que verá la luz a principios de 2009, la delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, explicó a Madridiario las líneas maestras de la política municipal de inmigración para los próximos cuatro años.
Haga un balance del I Plan Madrid Convive.
Todavía estamos en ello. El mejor resultado es lo que se ve y lo que perciben los ciudadanos. En Madrid, que tiene un alto porcentaje de población inmigrante, la convivencia con los inmigrantes está siendo una experiencia muy positiva, lo que demuestra que esta Oficina de Información al Inmigrante del distrito Centro y otros dispositivos que hemos puesto en marcha están dando sus resultados. Aunque aún estemos evaluando el anterior plan, mi impresión general es que el balance es positivo. A la vista de esos resultados y de las nuevas necesidades que puedan ir surgiendo, elaboraremos el siguiente.
Este plan concluyó en diciembre de 2007, pero no habrá nuevo plan hasta enero. ¿Cómo están gestionando esta transición?
El hecho de que aún no haya un plan nuevo no significa que hayamos cerrado ningún dispositivo ni que se haya paralizado la atención. Seguimos con lo mismo, entre otras cosas porque la mayoría de los dispositivos que hemos puesto en marcha se contemplarán en el nuevo plan. Lo que funciona no hay que cambiarlo: lo que hay que hacer es añadir cosas nuevas o mejorar lo ya existente para adaptarlo a la demanda. Por ejemplo, antes había un servicio de traducción presencial, y ahora se presta por teléfono durante las 24 horas y en más idiomas.
¿Qué traerá de nuevo el II Plan Madrid Convive?
Es pronto para decirlo. Un plan de convivencia debe adaptarse a la realidad de los distritos y las zonas, porque Madrid presenta una gran diversidad en la población inmigrante y en las zonas de concentración. Por eso habrá que hacer un esfuerzo de realismo. No creo que vaya a tener muchas diferencias con el anterior, pero me preocupa la crisis que viene. Ahí habrá que estar atentos, porque aunque es el Gobierno central quien debe tomar medidas para paliar la situación, el primer impacto lo sufren siempre los ayuntamientos y, en cualquier crisis, son las mujeres y los inmigrantes los primeros en sufrir las consecuencias de la falta de empleo.
Un estudio del Observatorio de las Migraciones revela que cada vez hay más inmigrantes sin hogar, y en la Campaña del Frío de este año se atendió a más extranjeros que a españoles. ¿Aconseja esto reforzar los recursos para inmigrantes?
No, porque hemos creado recursos específicos para problemas específicos, como el centro de subsaharianos. Lo que tenemos que hacer es abrir todos nuestros programas a los inmigrantes. Por eso en la Campaña del Frío aparecen muchos inmigrantes, porque utilizan los recursos generales. Esa es la forma de integrarlos.
Entonces, ¿son estos servicios 'generales' los que necesitan un refuerzo?
Eso es lo que estamos haciendo. Solo hay que incidir en lo específico cuando realmente hay una situación de diferencia que necesita nivelarse, pero hay que buscar la integración, porque si no sí que tendríamos problemas de convivencia.
Muchos inmigrantes llevan ya algunos años en Madrid y han conseguido regularizar su situación. Algunos colectivos alertan de que la crisis puede llevar a muchos a los servicios sociales.
Las crisis afectan a los sectores más débiles y los inmigrantes lo son, muchos por su situación de ilegalidad y otros porque se convierten en los primeros en ser expulsados del mercado laboral. Nosotros lo vamos a contemplar, pero es evidente que el Gobierno tiene que tomar medidas. Los servicios municipales son preventivos o paliativos, pero no modifican la situación del inmigrante: le pueden dar de comer, le pueden buscar alojamiento, podemos facilitarle la traducción para que acceda a los servicios, pero no la legalidad y la búsqueda de empleo.
¿Cuál es la solución, entonces?
Tiene que ser el Gobierno nacional quien ponga el acento en la inmigración y Madrid debería ser uno de los ayuntamientos en recibir ayudas para poner en marcha esas medidas. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para hacer políticas junto a otras áreas para la integración, pero si la crisis afecta de una forma masiva, tiene que colaborar con los ayuntamientos. Los municipios son la puerta de entrada a los servicios sociales y van a necesitar ayuda, sobre todo en algo tan difícil de prever como el impacto de una crisis económica.
Algunos distritos cuentan con más de un 20 por ciento de población extranjera y otros están muy por debajo de esa media. ¿Cree que esto influye en la integración de los inmigrantes?
Sería mejor que se distribuyeran de forma más homogénea, pero las personas eligen el lugar en el que quieren vivir. Al final, en casi todas las ciudades, la mayoría de los inmigrantes se concentran en el centro urbano. Eso es inevitable, así que debemos adaptar las políticas a la realidad, y no viceversa. Por tanto, habrá que reforzar los distritos que cuenten con más población inmigrante, entre ellos el de Centro y los alrededores.
¿Eso conllevará una reorganización de los recursos con el nuevo plan?
No creo que las necesidades hayan cambiado de forma excesiva. De hecho, la zona centro es la que cuenta con más recursos: aquí está el centro para subsaharianos, mañana inauguramos otro centro que financiamos con los Salesianos… La mayoría de los recursos están donde tienen que estar.
Solo un 3 por ciento de las atenciones del Servicio de Mediación Intercultural en 2007 fueron para jóvenes, cuando estos representan el 17 por ciento de los inmigrantes de Madrid. Además, algunas nacionalidades con presencia significativa en la capital, como los chinos, apenas utilizaron este servicio. ¿Por qué ocurre esto?
Es verdad que los chinos acuden menos a los servicios públicos, pero por ejemplo en este centro son numerosos, además de las personas del Este y subsaharianos. Esos datos indican que habrá que difundir mejor los recursos y tratar de llegar mejor a determinados colectivos. Puede que no acudan porque no lo quieran demandar o porque no lo conozcan. Tampoco hay que olvidar que muchos de ellos son ilegales y tienen cierto temos a acercarse a las instituciones oficiales.
¿Cree que esas reticencias son justificadas?
Ese temor no responde a la realidad. Tener o no tener papeles no es un elemento diferenciador a la hora de obtener los servicios municipales. Hay que ofrecerles cierto grado de confianza para que acudan, y cuando lo hacen y ven que no solo la calidad de la atención es buena, sino que no hay ningún problema porque es atención social y jurídica, empiezan a venir otras personas de la misma nacionalidad.
La oposición dice que las Mesas de Diálogo están paralizadas. ¿Qué está pasando?
Se han puesto en marcha hace poco y, como todo lo que empieza, necesita un tiempo para echar a andar. Además, no todos los distritos funcionan igual. Depende del compromiso de muchas de las organizaciones que están allí, que son quienes tienen que dinamizar esas mesas distritales. Ya se están reuniendo, pero el ritmo depende de cada barrio. Nosotros, desde el Observatorio, les estamos prestando la asistencia técnica necesaria.