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El concejal de Seguridad admite que la Policía no funcionaba bien, pero que no se hizo nada

Por MDO/Agencias
jueves 08 de mayo de 2008, 00:00h
El Ayuntamiento de Coslada había recibido quejas verbales de dueños de bares y vecinos sobre la actuación de algunos policías locales, pero no se interpusieron denuncias, por lo que el Consistorio no actuó, a pesar de que sabía que las actas de inspección no se cumplimentaban adecuadamente.
Así lo confesó el concejal de Seguridad y teniente de alcalde de la localidad, Antonio Murillo, quien compareció en conferencia de prensa junto al alcalde, Ángel Viveros, para informar sobre la detención de una treintena de policías locales acusados de un delito de extorsión en bares de copas y comercios.

El concejal explicó que el número de imputados finalmente "será menor, en torno a once" y que entre los arrestados no hay ningún cargo municipal. Además, aseguró que a los imputados por un delito de extorsión se les suspenderá de empleo y sueldo "en cuanto haya una decisión judicial".

El jefe de Policía ya había sido suspendido
A pesar de los rumores y los problemas admitidos dentro del cuerpo, Murillo afirmó la operación policial ha sorprendido al Ayuntamiento, aunque existían denuncias verbales que nunca se habían confirmado por escrito. Además, el Ayuntamiento también había recibido denuncias de algunos sindicatos policiales, pero únicamente por problemas de relaciones laborales, según el concejal.

Murillo reconoció que "había una jerarquía y un personalismo excesivo en el Cuerpo, porque no existían cargos intermedios", y por eso se está preparando una promoción para incluir a diez sargentos y oficiales.

El concejal relató que desde que él asumió el cargo el pasado mes de agosto se había detectado que en las actas de inspección de los bares y locales de copas "había mucha subjetividad". También había notado que desde que se aumentó la plantilla de la BESCAM con 80 agentes "se veía que no se funcionaba de forma correcta, y las actas de inspección no se hacían como se debería".

De hecho, Murillo recordó que en la legislatura 1999-2003 el jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez, fue suspendido de empleo y sueldo por un expediente abierto por el funcionamiento interno de la plantilla, y luego regresó al puesto.

Campaña contra la intimidación policial
El concejal precisó que el Consistorio hizo en ese momento una campaña "para informar a los ciudadanos de que no debían sentirse intimidados por lo que dijera la Policía", ya que la competencia en el cierre de locales es de la Concejalía de Urbanismo, y no de la Policía Local.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Coslada, Raúl López, destacó la gravedad de los hechos y anunció que pedirá una reunión urgente con el alcalde para saber qué ha ocurrido.

Desde el sindicato CSIF, Gervasio Villaverde, que es ex policía local de Coslada, aseguró que ellos habían informado al alcalde "de la numerosas quejas que había de agentes y vecinos" porque sufrían una situación de "miedo e intimidación".

La pasada legislatura tampoco hubo pruebas
El concejal de Seguridad durante la pasada legislatura, el popular Francisco Becerra, añadió que durante su mandato al frente de  la Policía Local no tuvo constancia de ninguna denuncia contra agentes municipales acusándoles de corrupción.

Becerra añadió además que "sospechar puede ser gratuito, pero tiene que haber pruebas" y si se le pregunta si había pruebas cuando era concejal de Seguridad: "tengo que decir que no había pruebas de lo que finalmente se ha destapado en el día de hoy", remachó.
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