El funcionario implicado en una presunta subasta amañada en Fuenlabrada niega los hechos

Marina explicó que no ha hablado nunca con estas personas sobre supuestas subastas y adjudicaciones de viviendas, de cuya existencia se declaró "absolutamente ajeno e inocente". Asimismo, precisó que las informaciones que le relacionan con la presunta corrupción "están siendo gravemente perjudiciales a nivel personal y han puesto en duda la honestidad y el buen hacer de los señores Borrás y Sanz", de quien dice que son "unas personas honradas, honestas y trabajadoras".

Además, Marina aseguró que las grabaciones aportadas al procedimiento penal "son radicalmente falsas y manipuladas, como se acreditará en su momento" y señaló que "es rotundamente falso que haya entregado a José Borrás y César Sanz cantidad de dinero alguna por la supuesta participación en adjudicaciones ilegales de viviendas".

Por último, este funcionario, que actualmente se encuentra de baja, negó que tenga notificación alguna de una querella interpuesta contra él por el concejal de Participación Ciudadana, José Borrás, a causa de las presuntas injurias vertidas contra él. El funcionario responde así a la denuncia interpuesta contra él por dos particulares que le acusan de quedarse con un total de 108.000 euros que pagaron por una subasta presuntamente amañada.

La presunta subasta amañada
Los denunciantes aseguraron que el funcionario les propuso en junio de 2006 participar en la subasta de las sedes de dos asociaciones vecinales con la promesa de que, a cambio de una cantidad de dinero, estas viviendas serían automáticamente suyas. Por ello, ambos aportaron 204.000 euros.

Pasados varios meses, los afectados decidieron poner el asunto en manos de los Tribunales porque la entrega de las viviendas nunca se produjo y, en cambio, aseguran que el funcionario sólo les devolvió 96.000 euros. El resto del dinero, según unas grabaciones, quedó en manos del concejal José Borrás y del secretario general del Ayuntamiento.

Cuando se hizo pública esta situación, los implicados negaron su relación con los hechos y anunciaron la presentación de una querella por injurias contra el funcionario, Cosme Marina. Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, rechazó la apertura de una comisión de investigación que propuso el grupo municipal del Partido Popular.