La Guardia Civil desobedeció al juez en el caso de la clínica Isadora

Según los documentos de la investigación que realiza el juzgado de instrucción 47 de Madrid, a los que ha tenido acceso El País, las irregularidades se produjeron desde las primeras inspecciones.  El 16 de febrero de 2007, los dos agentes realizaron la primera inspección en el centro, según los atestados y consideraron que se estaban gestionando mal los residuos, al tratarlos como biosanitarios y no como funerarios. Según el diario, la normativa de la Comunidad de Madrid no es muy clara acerca del destino que deben tener estos restos y el centro había pasado todas las inspecciones de la Consejería de Sanidad.

Como resultado de esta inspección se presentó un oficio ante el juez de guardia acusando a un trabajador de la clínica de manipular los residuos mientras los agentes escribían el acta de la inspección. En el oficio, la Guardia Civil informó de que habían inmovilizado los bidones y de que las iniciales "irregularidades en la gestión de residuos" se habían convertido en indicios de "supuestos abortos ilegales". Por todo ello, la Guardia Civil solicitó autorización para que el personal del Instituto Anatómico Forense retirase estos supuestos restos humanos para su estudio.

El magistrado contestó que "visto el contenido del oficio presentado, procede de plano y mediante la presente resolución de obligado cumplimiento, denegar la autorización solicitada". El juez censuró además al jefe de los agentes, afirmando que debía "abstenerse el sargento firmante del escrito de elucubrar sobre abortos ilegales, cuando no existe el más mínimo indicio racional de que se hubiesen producido, sin que quepa elevar las elucubraciones a la categoría de indicios".

Al parecer, la Guardia Civil tras recibir la providencia mantuvo la orden de no mover los bidones del patio del centro,sin informar a la clínica de la respuesta del juez. El martes 20 de febrero, la Guardia Civil habló con la Consejería de Sanidad que les informó de que personal del departamento se haría cargo "de los envases con residuos clínico-sanitarios".

Apertura de bidones
Finalmente, la Guardia Civil se llevó los ocho bidones al tanatorio de Alcobendas, y abrieron de dos de ellos, a pesar de la orden del juez. Según los agentes, encontraron restos humanos y "un blíster vacío de 10 comprimidos de Cytotec, medicamento este de uso indebido para la interrupción del embarazo". Entonces, decidieron llamar al juez de guardia de Alcobendas y le informaron del desprecinto, ocultándole la negativa recibida cuatro días antes por otro juez.

La Guardia Civil abrió los otros seis bidones obteniendo el blíster de Cytotec, nueve fetos -cuatro de ellos en formol- e incontables residuos sanitarios y quirúrgicos. Con ello volvieron a los juzgados de Plaza de Castilla y consiguieron que el juzgado de guardia número 31 autorizase el examen de los restos de fetos para determinar la edad gestacional . El titular del juzgado 47, José Sierra Fernández, abrió diligencias previas.

El Seprona identificó a las mujeres cuyos nombres aparecían en los botes de formol y también a otras ya que entre los restos de la clínica apareció una lista con nombres de pacientes. Argumentando una vulneración de la Ley de Protección de Datos, comenzaron a llamar a declarar a las mujeres como testigos. Según el diario los agentes se extralimitaron por que, más tarde, cuando recibieron las indicaciones del magistrado, éste sólo les pidió que "identificaran" a las mujeres que aparecían en los botes de formol.

Los informes del Anatómico Forense señalaron que no es posible dictaminar con exactitud la edad gestacional. En siete de los fetos está claro que no tenían más de 22 semanas. En dos hay dudas. El juez ha pedido las historias clínicas de todas las mujeres que abortaron en esos días en Isadora y solicitó también que se pinchara el teléfono de la psiquiatra del centro.