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Memoria de un líder sindical: Largo Caballero

Memoria de un líder sindical: Largo Caballero

Por José Ricardo Martínez
miércoles 02 de abril de 2008, 00:00h
Hablábamos en enero pasado, en esta misma sección, del centenario, que se cumple ahora en 2008, de la Casa del Pueblo de Madrid. UGT-Madrid, como ya dijimos entonces, ha puesto en marcha una serie de iniciativas para conmemorarlo y homenajear a todos los compañeros que entonces levantaron un centro obrero que fue, desde el mismo día de su inauguración, lugar de reivindicación y debate de los trabajadores madrileños, de educación y formación, foco de atención social y punto de encuentro imprescindible de la cultura y la política en nuestra ciudad.

Uno de aquellos sindicalistas que convirtieron el número 2 de la calle Piamonte, sede de la Casa del Pueblo, en sitio fundamental y decisivo de la historia del movimiento obrero español fue Francisco Largo Caballero, el trabajador estuquista que fue, desde julio de 1918 hasta 1937, secretario general de la Unión General de Trabajadores. Ahora, el 8 de abril se cumplen treinta años de la llegada a Madrid, en 1978, recién recuperada la democracia en nuestro país, de sus restos mortales, trasladados desde el cementerio parisino del Père Lachaise, donde fue enterrado a su muerte el 23 de marzo de 1946, hasta el Cementerio Civil de Madrid.

Muchas son las facetas de la vida de quien nació en el barrio de Chamberí el 15 de octubre de 1869, aunque todas podrían resumirse en lo que dijo Nicolás Redondo cuando afirmó que “Largo Caballero es patrimonio de toda la clase trabajadora”. Su existencia entera, que se funde con la propia historia de España del tiempo convulso que le tocó vivir, estuvo dedicada a la lucha por las ideas socialistas y a la defensa de los intereses y de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores.        

Presidente del Gobierno de la República en plena guerra civil, de septiembre de 1936 a mayo de 1937, y exiliado en Francia al final de la contienda, en julio de 1943 fue internado por los nazis en el campo de concentración de Oranienburg, cerca de Berlín, donde permaneció hasta abril de 1945, cuando fue liberado por las tropas rusas en los días finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Su destino, como el de tantos españoles exiliados, también se vio alcanzado por una contienda mundial que continuó los trágicos avatares de nuestra guerra.

Pero hoy quisiera recordar especialmente su fundamental labor como ministro de Trabajo y Previsión Social, entre 1931 y 1933, de los primeros Gobiernos de una República que se definía como “república democrática de trabajadores de todas clases”. Ahí, en el desempeño de esa labor puso las bases de lo que podía haber sido el progreso social de España en el tiempo por venir. Hasta tal punto esto es así que bien se puede decir que la legislación social entonces aprobada señaló una línea de avance y progreso laboral en la que, salvando todas las distancias temporales y circunstanciales, se sitúan igualmente las  leyes laborales  que se han venido aprobando en nuestro país desde la recuperación de la democracia hasta ahora.

Véanse si no los decretos y normas que puso en marcha Largo Caballero a lo largo del periodo en que estuvo al frente de la cartera de Trabajo, un tiempo en el que tomaron carta de naturaleza legal, por primera vez en nuestro país, muchas de las reivindicaciones por las que había luchado durante tantos años el líder ugetista y los trabajadores españoles. Declarar el Primero de Mayo fiesta oficial, nada más tomar posesión, tuvo el valor simbólico de marcar el camino de atención a las reivindicaciones obreras que tenían en ese día su máxima expresión pública desde finales del siglo anterior.

La ley de términos municipales —decisiva para combatir las peores prácticas caciquiles en relación con la contratación de trabajadores, sobre todo en las zonas rurales—, la implantación de la jornada laboral de ocho horas, el decreto del seguro obligatorio de maternidad, el de arrendamientos colectivos o el decreto sobre accidentes de trabajo en la agricultura, fueron otras de aquellas primeras medidas adoptadas, a las que se añadieron en los meses siguientes la promulgación de la Ley de Jurados mixtos, la de Contrato de trabajo y la de Colocación obrera. 

Es digna de resaltarse, por tanto, la absoluta coherencia entre su labor como sindicalista, desde que se afilió a la UGT en 1890, y la práctica política que llevó a cabo cuando asumió responsabilidades de Gobierno. Esa ejemplaridad es la que, ahora y siempre, nos convoca en los homenajes alrededor de su figura, pero sobre todo la que nos exige nuestro compromiso diario en la defensa de los intereses de los trabajadores, como en este presente en que parecen anunciarse nuevas dificultades como consecuencia de los vientos de crisis que nos han llegado desde el otro lado del Atlántico.

José Ricardo Martínez Castro
Secretario general de UGT-Madrid.
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