Un imputado en 'Guateque' declara por destrucción de pruebas

El área de Función Pública de Urbanismo abrió a finales de enero a Jodar, actualmente suspendido de empleo y sueldo, un expediente sancionador después de conocer que se llevó el expediente de licencia de una empresa situada en la calle del Pez, en el distrito Centro. Jodar se encuentra en libertad provisional bajo fianza de 3.000 euros y con la obligación de comparecer en el Juzgado los días 10 y 24 de cada mes. Hasta ahora, se le acusaba de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Según denunció el Ayuntamiento de Madrid, Jodar acudió el pasado 25 de enero a las oficinas del Área de Urbanismo de la calle Guatemala para supuestamente destruir una serie de documentos y expedientes que le relacionaban directamente con la presunta red ilegal de tráfico de licencias. El abogado del funcionario, Alfredo Gómez Mendizábal, aseguró que "de todo lo que se dice nada es cierto" y desmintió que su representado haya "destruido pruebas" de la investigación, asegurando que el 25 de enero acudió a Urbanismo a trabajar. "Estamos sorprendidos porque Jodar no ha cometido ningún delito", apostilló el letrado, quien remarcó que en la calle del Pez su cliente "no tiene nada".

Destrucción de pruebas
Por estos hechos, el funcionario comparecerá este jueves por un presunto delito de encubrimiento contemplado en el artículo 451 del Código Penal, en la modalidad de intento de destrucción de pruebas. Esta infracción penal está castigada con entre seis meses a tres años de prisión. Se basa en que "el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución", (apartado 2º) "ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento".

Según informa El País Miguel Ángel Jodar cobró 8.000 euros de una de las empresas implicadas en el caso, Agustino Proyectos. Los pagos correspondieron a las gestiones a unas licencias para siete locales. Su nombre figura hasta en siete ocasiones en la agenda que llevaban dos directivos de la firma de ingeniería Agustino Proyectos e Instalaciones, Julián Raúl López Martínez y Eduardo Agustino Carrasco. En ella anotaron hasta 52 pagos a nueve funcionarios desde 2001, según informa El País este jueves.

La libreta detalla pagos a otros ocho funcionarios del Ayuntamiento. De la Junta de Salamanca, un funcionario cobró 16.751 euros. Los empresarios pagaron 6.200 euros a un funcionario de la Junta Municipal de Chamartín. Fernando de la Torre de Diego, de la Junta Municipal de Chamartín, también cobró 2.000 euros. José Luis Moreno López, de la Junta Municipal de Chamartín, obtuvo 2.400 euros. Fernando Ruiz Torrejón, de la Gerencia de Urbanismo, recibió 13.500 euros. Valentín Álvarez Vela, jefe de licencias de la Junta de Retiro, recibió 2.000 euros. Los empresarios pagaron otros 3.600 euros a Alfonso García López, de la Junta de Carabanchel, según la agenda.