Las mujeres inmigrantes de la Comunidad de Madrid se encuentran en desventaja a la hora de denunciar los malos tratos y la violencia de género. Unas veces por dificultades del idioma y otras por su extrema dependencia respecto al maltratador (convicciones sociales, estar amparadas por la tarjeta de residencia de su pareja, falta de recursos económicos, miedo a ser expulsadas del país), estas mujeres no llegan a obtener la protección policial o judicial.
Para paliar esta situación, las Consejerías de Mujer e Inmigración están trabajando conjuntamente en un plan de choque que verá la luz en las próximas semanas y que pondrá en marcha medidas para que la lucha contra la violencia de género llegue a toda la población. No en vano, el 30% de los maltratadores no han nacido en España, cuando los inmigrantes sólo representan el 10% de la población total.
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Entre estas medidas se encuentran que el teléfono de ayuda 012 amplíe sus idiomas de atención (actualmente sólo lo hace en castellano e inglés, con la consiguiente dificultad para los extranjeros), la ampliación de los locales comerciales donde se informe sobre violencia de género (tras la positiva experiencia realizada en peluquerías) y la edición de material divulgativo especialmente destinado a población inmigrante.
La consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados, avanzó este lunes que se habilitarán los cauces para que las personas con discapacidad denuncien situaciones de maltrato, y presentó además el material didáctico para la educación en igualdad que se distribuirá en los colegios para niños de entre 3 y 6 años.
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El Consejo Asesor pide más juzgados
Adrados hizo estas declaraciones tras la reunión del Observatorio Regional de Violencia de Género, que presidió el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, y que sirvió para conocer las propuestas del Consejo Asesor.
Su presidenta, Cristina Alberdi presentó 32 medidas destinadas a mejorar la lucha contra el maltrato y la desigualdad que la Comunidad estudiará cómo llevar a la práctica: eliminación de los anuncios de prostitución de la prensa, que los maltratadores no se beneficien de las herencias o seguros de vida, potenciar la formación de funcionarios y la reeducación de los maltratadores o reformar la Ley para evitar la discriminación positiva a favor de la mujer.
En ese listado incluyó la necesidad de que el Estado cree en Madrid más juzgados de violencia sobre la mujer ante la "saturación" de los actuales, una situación que, según explicó Prada, no impide que "ni una sola familia que haya sido víctima de violencia de género no haya recibido ayuda e información personalizada".
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