"Madrid está boicoteando la Ley de Dependencia"

En el último Pleno tuvo usted un rifirrafe con la delegada de Servicios Sociales, Concepción Dancausa, sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Madrid. ¿Qué está ocurriendo?
El Grupo Socialista llevó a Pleno una proposición para llamar la atención sobre el escándalo que está suponiendo la aplicación de la Ley de Dependencia. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid están boicoteando esta ley y le dije a la concejala que ella estaba siendo cómplice de ese boicot.

¿En qué consiste ese boicot que ustedes denuncian?
Madrid no solo ha sido la última comunidad autónoma en aprobar la orden de desarrollo de la Ley de Dependencia, que no entró en vigor hasta el 10 de noviembre del año pasado, sino que además ambas Administraciones han hecho todo lo posible por ralentizar el procedimiento. Es más, esa orden introduce nuevos requisitos que han provocado que los tres mil expedientes que se habían empezado a tramitar en el Ayuntamiento hayan sido devueltos por la Comunidad, y además han tardado dos meses en ser trasladados desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de la Villa. Así que a día de hoy solo se han iniciado 400 expedientes, lo cual es un auténtico escándalo. Si tenemos en cuenta que según el Libro Blanco de la Dependencia en Madrid hay 23.383 personas que pueden estar en situación de dependencia de grado 3, catorce mil de las cuales viven en Madrid capital, ahora mismo solo se habría iniciado un 3 por ciento de los expedientes que, según la ley, tendrían que estar ya concluidos.

¿Cómo afecta esto a los madrileños?
Madrid es la única comunidad, y la capital el único municipio, donde nadie ha recibido todavía prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia. Esto es un escándalo, teniendo en cuenta que en toda España ya hay más de 130.000 personas que los están recibiendo. Así que en ese Pleno advertí a la señora Dancausa que no me volviera a decir lo que siempre ha dicho la señora Botella, y es que aquí siempre se atiende a las personas dependientes, porque eso es falso. El Ayuntamiento de Madrid no tiene una ley de dependencia: lo que hay es una atención a personas mayores o con discapacidad que no tengan recursos, a quienes se atiende a través de los servicios sociales hasta donde llega el presupuesto, que es ridículo. Eso no tiene nada que ver con el sistema nacional de atención a la dependencia, ni con el cuarto pilar del bienestar, ni con un sistema público, un derecho subjetivo y universal que puede ser reclamado ante las Administraciones.

¿Están preparados los servicios sociales del Ayuntamiento para tramitar todos esos expedientes?
Esa es otra. En todos años de Gobierno del PP, y especialmente en los de Gallardón, se ha ido privatizando todo, porque los dineros públicos en todos los servicios sociales están en su mayoría en manos privadas. La gestión es indirecta en todos los servicios sociales. Ellos apoyaron la Ley de Dependencia y sabían que sería necesario un plan estratégico de servicios sociales, que incluyera una ventanilla única, un plan de calidad y un consejo sectorial de servicios sociales. Además, llevamos muchos años demandando que en Madrid exista un centro de servicios sociales por cada 50.000 habitantes.

¿Cuál es la situación actual?
Hay 27 centros municipales de servicios sociales y el mínimo exigible para atender las necesidades de los madrileños son 66. Además hay 500 plazas de trabajadores sociales, de las cuales están cubiertas 350.  En este momento, tendría que haber 1.200 plazas cubiertas, porque la situación en los centros municipales de servicios sociales se ha vuelto insostenible. El sistema público no ha quebrado gracias al sobreesfuerzo de los trabajadores sociales. Los informes del Ayuntamiento establecen una ratio de 250 expedientes por trabajador y en algunos distritos están sufriendo ratios de hasta 800. Por tanto, nosotros reclamamos un trabajador social por cada tres mil habitantes.

Usted es un firme defensor de la gestión pública. ¿Qué supone, a su juicio, la privatización de los servicios sociales?
Un sistema público de servicios sociales se basa en principios de solidaridad, de justicia social, de universalidad, pero también de cercanía, calidad y atención personalizada. Desde que entró Gallardón, todo lo que había se ha ido privatizando: hasta el 80 por ciento del presupuesto público de servicios sociales está en manos privadas. Los ciudadanos ven cómo hay una enorme movilidad de las personas que trabajan en los servicios, lo que hace que el trato sea más distante y genera también una enorme precariedad en los trabajadores, que no solo se desplazan, sino que además son maltratados salarialmente. No creo que eso sea el mejor aval para unos servicios que deben prestarse con el mayor mimo.

¿Cómo afecta esto a los ciudadanos?
La mejor manera de cohesionar, de hacer ciudad y de garantizar el principio de igualdad de oportunidades es potenciar el sistema público. Y más en una ciudad como Madrid, donde han subido tanto las tasas de inmigración, que han enriquecido la ciudad pero también reclaman, como es lógico, servicios públicos. La derecha está dejando que se deterioren los servicios públicos y criminaliza a esa población para después presentarse como la salvadora, cuando en realidad es inductora de tensión social. El presupuesto da para poco y los programas se acaban de inmediato: no hay para atender tanta demanda, y eso genera frustración, y después tensión, y la tensión hace que se criminalice a los que menos tienen. Si hay mucha gente peleándose por una miseria, al final termina culpando al que ha llegado primero, cuando la culpa la tiene el Ayuntamiento por no poner los medios necesarios para atender a todos.

¿Tan poca es la inversión?
De cada cien euros que se gasta el ayuntamiento, solo siete van destinados a servicios sociales. Ha bajado el presupuesto de la cooperación al desarrollo, cuando este ayuntamiento fue pionero en votar por acuerdo de los tres grupos municipales para destinar el 0,6 por ciento de los presupuestos generales a cooperación al desarrollo. Después de cinco años de gobierno de Gallardón, vamos por el 0,3 por ciento. En infancia y familia lo mismo, también en voluntariado, y no digamos nada en inmigración, donde las cantidades han pasado desde 2005 de tres millones de euros a uno, y este año solo hay 800.000 euros. En cuanto al Plan de Igualdad de Oportunidades, al que todos los grupos acordaron destinar el 2 por ciento de los presupuestos, se ha quedado en una declaración de intenciones sin dinero detrás. Hay un déficit de 15.000 plazas en escuelas infantiles y ahora el objetivo es acabar con el Consejo de la Mujer, que se ha quedado sin subvención.

¿Cómo valora la actuación del Ayuntamiento en materia de inmigración?
Todo el dinero destinado a esos programas procede de un fondo de 400 millones de euros que creó el Gobierno para reforzar las labores de integración de los Ayuntamientos; al de Madrid le tocan 40 millones. Aun así, la inmensa mayoría de las iniciativas en esta ciudad han sido un fracaso: el Plan de Inmigración, las mesas de diálogo, que se anunciaron a bombo y platillo y la mayoría siguen sin reunirse... Y todo el dinero está en manos privadas.

¿Cómo valora el desarrollo de la Campaña del Frío?
Hemos demandado un plan específico de inclusión social. Y respecto a las personas sin techo, lo que habría que hacer son pequeños equipamientos, programas cercanos, no crear centros a las afueras de la ciudad, que distan mucho de los lugares por los que estas personas deambulan. Y cuando se ha producido acumulación de estas personas en determinados lugares, no se ha hecho una intervención social, sino policial; no una derivada del área de servicios sociales, sino del área de seguridad, y se ha impuesto la política de porra y manguera en vez de la de intervención social. Hemos prestado nuestro apoyo para que el Samur Social se convierta de una vez por todas en un dispositivo de emergencia 24 horas, de gestión pública, con trabajadores municipales, con un cuerpo de voluntarios propios, con planes de formación propios y con un incremento tanto de las unidades móviles como de los equipos de calle.

Como portavoz de la oposición en materia de Servicios Sociales, ¿ha notado alguna diferencia entre la gestión de la anterior delegada del área, Ana Botella, y la actual, Concepción Dancausa?
Al principio pensé que sí se iba a notar; es más, pensé que la señora Dancausa era otra cosa políticamente hablando. Pero son las dos caras de una misma moneda: la de la privatización, la de la falta de voluntad por la inversión social. Eso no les interesa: viven mejor generando tensión. Las manifestaciones de la actual delegada han sido claras y determinantes desde el inicio de este mandato: seguir la misma línea de derechas que la señora Botella. Y lo ha dicho muy claro: su prioridad es que disfruten de los servicios de la ciudad los que tienen más ingresos y no los que más lo necesitan.