La Comunidad de Madrid asegura que está cumpliendo con la normativa que regula la exposición al gas radón en los centros educativos. Fuentes del Ejecutivo regional señalan que "se realizan las mediciones oportunas, se evalúan los resultados y se toman las medidas correspondientes que garantizan en todo momento la salud y seguridad de docentes y alumnos". Sin embargo, el sindicato Docentes de Madrid, integrado en CSIT Unión Profesional, sostiene que no existen datos públicos ni actuaciones constatadas y ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que se investigue la situación en los colegios de la región.
La organización sindical afirma que, tras meses solicitando información a la Administración educativa, no ha recibido documentación que confirme la realización de mediciones en los centros. Según explica Julia Díaz, secretaria de Educación de CSIT Unión Profesional, el sindicato comenzó a indagar tras la aprobación de la normativa que obliga a evaluar la presencia de este gas en los lugares de trabajo.
"Empezamos a pedir información a las direcciones de área territorial sobre las mediciones en los centros educativos y en ningún caso nos han facilitado datos", asegura Díaz. Según relata, las consultas realizadas por el sindicato fueron derivadas repetidamente al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con el que finalmente lograron mantener una reunión.
En ese encuentro, explica la responsable sindical, se les trasladó que el personal técnico estaba recibiendo formación sobre el radón, pero sin que se detallaran campañas de medición en marcha ni resultados obtenidos. "Nos dicen que están informados de la normativa y que se están formando al respecto, pero no se nos ha comunicado ninguna actuación concreta", señala Díaz.
Ante esta situación, el sindicato decidió acudir a la Inspección de Trabajo con el objetivo de que se active la aplicación de la normativa. "No estamos hablando de cualquier cosa. El radón es un gas cancerígeno y estamos hablando de centros donde trabajan docentes y acuden miles de alumnos cada día", añade.
La regulación sobre este gas se reforzó en los últimos años a raíz del Real Decreto 1029/2022, que establece medidas de protección frente a las radiaciones ionizantes y obliga a medir, registrar y controlar los niveles de radón en los lugares de trabajo situados en zonas de riesgo. El límite de referencia en interiores está fijado en 300 becquerelios por metro cúbico, a partir del cual deben adoptarse medidas correctoras.
Qué es el gas radón y por qué preocupa
El radón es un gas radiactivo de origen natural que se genera por la descomposición del uranio presente en algunas rocas y suelos. Es incoloro, inodoro e insípido, por lo que solo puede detectarse mediante dispositivos específicos de medición.
Cuando se filtra desde el subsuelo hacia el interior de los edificios puede acumularse en espacios cerrados (en especial en plantas bajas o sótanos) si no existe una ventilación adecuada. La Organización Mundial de la Salud lo considera una de las principales causas de cáncer de pulmón en personas no fumadoras.
Zonas con mayor riesgo en la Comunidad de Madrid
El potencial de presencia de radón no es homogéneo en toda la región. El mapa elaborado a partir del Código Técnico de la Edificación distingue entre zonas de riesgo moderado (Zona I) y zonas de mayor potencial de exposición (Zona II).
En esta última categoría se concentran numerosos municipios del norte y oeste de la comunidad, como Tres Cantos, Galapagar, Torrelodones, San Lorenzo de El Escorial, Collado Villalba, Hoyo de Manzanares o Guadarrama, entre otros. Precisamente en estas áreas es donde la normativa establece que las administraciones deben prestar mayor atención a la medición y control de este gas.
Por ejemplo, en Tres Cantos, catalogado como zona de alta exposición, las familias impulsaron hace unos años una campaña para reclamar mediciones en los centros educativos y otras medidas que redujeran la exposición a este gas.
En 2024, más de 20.000 personas firmaron una petición para que las administraciones analizaran la presencia de este gas en las aulas. La iniciativa, promovida por padres y madres del municipio a través de una recogida de firmas, buscaba que el Ayuntamiento realizara mediciones en los colegios y trasladara posteriormente la petición a la Comunidad de Madrid.
Las familias argumentaban que solo mediante mediciones específicas es posible saber si un edificio concreto presenta acumulaciones de radón, ya que la presencia del gas depende de factores como el tipo de suelo, la estructura del edificio o la ventilación.
La posición de la Comunidad
Desde el Gobierno regional insisten en que el sistema de prevención funciona conforme a la normativa. Según la Comunidad de Madrid, se están llevando a cabo las mediciones necesarias, se analizan los resultados obtenidos y, en caso necesario, se adoptan las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de docentes y estudiantes.
El sindicato, sin embargo, sostiene que esas actuaciones no se han trasladado de forma documentada a los representantes de los trabajadores ni a las comunidades educativas. Por ello, además de la denuncia ante la Inspección de Trabajo, reclama que se publique un plan claro de mediciones, que se comuniquen los resultados y que se adopten medidas correctoras en los centros donde se detecten niveles elevados.
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