El grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo 18 de enero en el término municipal de Adamuz (Córdoba), donde dos trenes de alta velocidad colisionaron y descarrilaron, dejando un balance de 45 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, marcará este martes el Pleno ordinario de enero del Ayuntamiento de Madrid. A raíz de esta tragedia, el grupo municipal Vox llevará al pleno una moción de urgencia para instar al Gobierno de España a reforzar la seguridad ferroviaria y acometer mejoras inmediatas en la red de Cercanías de Madrid.
La iniciativa, registrada por el grupo que lidera Javier Ortega Smith, llega en un contexto de creciente preocupación por el estado de la red ferroviaria nacional tras varios accidentes ocurridos en apenas una semana como el choque de un tren de Rodalies contra un muro de contención desprendido sobre la vía en Gelida (Barcelona), que causó la muerte de un maquinista en prácticas y dejó 37 heridos, o el incidente en Cartagena (Murcia), donde una grua golpeó un convoy.
En este escenario, Vox reclama al Ejecutivo central la puesta en marcha "inmediata" de un plan integral de revisión y mejora de los sistemas de seguridad en toda la red de Cercanías de Madrid, con especial atención a los protocolos de mantenimiento, el control del tráfico ferroviario y la supervisión estructural de las infraestructuras. La moción también exige un refuerzo urgente de las frecuencias y de la capacidad operativa en las líneas más saturadas, especialmente en aquellas afectadas por obras, y plantea mostrar el respaldo institucional del Ayuntamiento a los profesionales del sector ferroviario.
La propuesta cuenta, al menos de inicio, con el respaldo del equipo de Gobierno municipal. El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que "en principio votaremos a favor", por lo que, salvo giro de guion, la moción saldrá adelante en el pleno que se celebrará en el Palacio de Cibeles.
En la misma línea se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Carlos Izquierdo, donde se muestran "consternados" por los accidentes ferroviarios, y trasladan el pésame a las víctimas y a sus familias. Izquierdo ha recordado que tanto los usuarios como los maquinistas llevan tiempo alertando del deterioro de la red ferroviaria y ha insistido en la necesidad de invertir tanto en material rodante como en infraestructuras. "Han sido constantes las averías, los retrasos y las cancelaciones en todos los servicios, incluida la alta velocidad y, por supuesto, las Cercanías", ha señalado.
En la misma línea de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el portavoz popular ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, al considerar que "la sociedad española no puede soportar más" la situación actual de la red ferroviaria, reclamando incluso su cese inmediato por parte del presidente del Gobierno.
Abono único estatal
Además de la moción de urgencia sobre seguridad ferroviaria, el pleno abordará una iniciativa del Grupo Municipal Socialista centrada en la política tarifaria del transporte público. El PSOE llevará a la sesión una proposición para instar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid a adherirse al convenio de colaboración promovido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de integrar los distintos medios de transporte público en un abono único estatal impulsado por el Gobierno de España.
La iniciativa socialista plantea también instar al área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid a suscribir un convenio específico para incorporar el servicio municipal de bicicleta pública, Bicimad, a este abono estatal, de modo que los usuarios puedan acceder a todo el sistema de transporte público de la ciudad mediante un único título.
El PSOE defiende que el abono único estatal permitiría avanzar hacia un sistema tarifario "más sencillo, equitativo y accesible", superando la actual fragmentación de títulos y precios existente entre comunidades autónomas, consorcios y operadores. Según los socialistas, este modelo facilitaría el uso del transporte público mediante un coste único, estable y previsible para la ciudadanía.
La proposición subraya además el carácter social, económico y ambiental de la medida, al incentivar el uso del transporte público frente al vehículo privado, contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y aliviar la congestión urbana, con efectos positivos sobre la salud pública y la calidad de vida. El PSOE señala que el abono estatal no sería incompatible con otros títulos regionales o locales, sino que actuaría como una alternativa adicional que ampliaría las opciones disponibles para los usuarios.
En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, los socialistas destacan que la integración del Metro, los autobuses urbanos e interurbanos y el resto de la red de transporte público en el abono único estatal supondría una "oportunidad estratégica", especialmente para los usuarios de las coronas tarifarias más alejadas, que actualmente afrontan costes mensuales superiores a los 60 euros.
Más Madrid pedirá retirar el nombramiento de Hijo Predilecto a Julio Iglesias
El Pleno de Cibeles también abordará la petición de Más Madrid (y apoyada por el PSOE) para revocar el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Madrid concedido al cantante Julio Iglesias, a raíz de las denuncias públicas de varias mujeres que aseguraron haber sido víctimas de agresiones sexuales cuando trabajaban para él.
La iniciativa se apoya en el artículo 7 del Reglamento de Distinciones Honoríficas del Ayuntamiento de Madrid, que permite la retirada de la máxima distinción municipal sin necesidad de una sentencia firme, siempre que concurran "acciones, actuaciones o manifestaciones contrarias al motivo por el que una persona recibió esa distinción". Según ha defendido Más Madrid, no se trata de denuncias aisladas ni de comentarios en redes sociales, sino del resultado de una investigación periodística de más de tres años que incluye una quincena de testimonios y pruebas periciales, en un caso que, a su juicio, presenta un "carácter sólido".
La proposición recuerda que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió el pasado 5 de enero una denuncia de una organización contra el cantante por presuntas agresiones sexuales a dos mujeres que habrían trabajado en régimen interno en sus residencias del Caribe en 2021. No obstante, dichas diligencias han sido archivadas por falta de competencia del tribunal para investigar hechos presuntamente ocurridos fuera del territorio español.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya ha adelantado que la propuesta no saldrá adelante por el rechazo del grupo Popular. Desde Ifema Madrid, en el marco de Madrid Fusión, el regidor ha advertido a Más Madrid y al PSOE de que no va a "manchar el nombre de Julio Iglesias" ni a contribuir a lo que ha calificado como "la cacería de la izquierda", subrayando el archivo de la investigación por parte de la Fiscalía y apelando a la presunción de inocencia.
Martínez-Almeida ha cargado duramente contra los grupos proponentes, a los que ha acusado de utilizar el nombre de las mujeres "para hacer política rastrera", y ha rechazado aceptar lecciones de feminismo de "una izquierda que ha encubierto a acosadores". En este sentido, ha reiterado que el Ayuntamiento no participará en iniciativas que, a su juicio, buscan desviar la atención de otros asuntos de actualidad nacional.
La polémica sobre la Casa Árabe, a debate
El informe del Tribunal de Cuentas fechado el 18 de diciembre de 2025, en el que alertan de presuntas graves irregularidades en la gestión de la Casa Árabe también será otro de los temas que el pleno ordinario del Ayuntamiento debatirá. El grupo municipal Vox ha presentado una iniciativa para que el Consistorio abandone este organismo, como ya lo hizo la Comunidad.
A la vista de las conclusiones del propio informe del Tribunal de Cuentas, Vox plantea que el Ayuntamiento inicie los trámites necesarios para recuperar el edificio municipal cedido al Consorcio Casa Árabe, al considerar debería destinarse a usos culturales "al servicio de los madrileños". La formación sostiene que, tras las deficiencias detectadas por el órgano fiscalizador, no se dan las condiciones para que el Ayuntamiento continúe formando parte de la entidad en los términos actuales.
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