La deuda millonaria que Madrid Network contrajo con la Comunidad de Madrid continúa dando de que hablar. Entre acusaciones de falta de transparencia a cargo de las fuerzas de la oposición y a petición del Grupo Parlamentario Socialista, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha comparecido durante el Pleno que este jueves se desarrolla en la Asamblea de Vallecas para arrojar algo de luz en torno al montante total acumulado a día de hoy en el debe entre ambos organismos.
Sin una cifra exacta, han dado a conocer desde la propia consejería, la deuda podría rondar los 65 millones de euros -sobre un total inicial de 80- correspondientes a las cuotas posteriores al año 2018. Para conocer el número redondo, no obstante, han apostillado mismas fuentes, aún "debemos esperar" para conocer aspectos como el cuadro de amortización, aún pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo, y calcular, además, los intereses de demora asociados.
Siguiendo el relato expuesto por Albert, "Madrid Network reembolsó a la Comunidad de Madrid las cuotas correspondientes al 2016 y al 2017, concretamente por un valor de 10,9 millones de euros. Sin embargo, desde 2018 -y hasta 2021- ha incurrido en un impago de todas las cuotas posteriores". Incumplimientos, no obstante, sobre los que "la Comunidad ha realizado un seguimiento exhaustivo, ha exigido el reintegro de todas las cuotas impagadas y ha defendido los intereses públicos de todos los procedimientos judiciales".
Además, ha justificado a renglón seguido, los préstamos concedidos con fondos públicos fueron avalados por la Comisión Paritaria de Seguimiento, presidida por miembros del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: "Absolutamente todos los proyectos que fueron receptores de los préstamos habían sido previamente sometidos a la aprobación de la Comisión, que los valoraba, solicitaba aclaraciones y los validaba cuando consideraba cumplidos los criterios exigidos. Todo se aprobó por unanimidad sin ninguna discrepancia del Ministerio".
Tales explicaciones beben de la sentencia a cargo del Tribunal Supremo que obliga al Ejecutivo regional a hacer público las cuentas de la agencia en cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.
Y todo, para más inri, con el telón de fondo del rechazo parlamentario tanto a la creación de una comisión de investigación en la Asamblea como la auditoría por parte de la Cámara de Cuentas para tratar de esclarecer la posible relación entre Estudio Económico, la empresa del exministro Cristóbal Montoro investigada por un presunto caso de corrupción, y el Gobierno de la Comunidad a través del mismo Madrid Network.
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