El proyecto de Ley de Hacienda, que fortalecerá la seguridad jurídica y facilitará la administración pública regional, ha sido aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este proyecto tiene como finalidad organizar de manera más eficiente la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable del sector público. Próximamente, el texto será enviado a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.
Entre las novedades más destacadas, se moderniza y organiza el funcionamiento del sector público, se mejora el sistema contable, se avanza en la planificación presupuestaria y el control financiero, y se refuerza la comunicación y la transparencia con la Asamblea. Además, se lleva a cabo una reforma integral de la Ley de Subvenciones. Por ejemplo, se establece la naturaleza de las sociedades mercantiles del Ejecutivo autonómico, abarcando aquellas que forman parte de un grupo, así como las incluidas en el supuesto del artículo 42 del Código de Comercio. De esta manera, se adapta a la normativa estatal y se reconoce la realidad particular de estos entes en la región.
La nueva Ley de Hacienda introduce una regulación más clara para las operaciones económicas, organizando aspectos que anteriormente se incluían en los presupuestos, como las operaciones financieras activas. Además, establece una distinción entre la Tesorería General, que abarca todo el sector público excepto las universidades, y la Central, responsable de gestionar los recursos financieros de la Administración autonómica y de aquellos entes que no tienen gestión propia en este ámbito. En este contexto, es importante señalar la exclusión explícita de las universidades públicas y sus entidades dependientes de los presupuestos generales del Gobierno regional, a pesar de su pertenencia al sector público autonómico. Esta decisión se ha tomado con el fin de preservar la autonomía universitaria.
Se incluyen novedades relacionadas con la programación plurianual a medio plazo y la estabilidad presupuestaria. Además, se establece un régimen específico para el ejercicio de la función interventora en materia de personal, lo que evita la necesidad de reflejarlo en las leyes anuales de presupuestos. Por otro lado, se actualizan y modifican según sea necesario todos los aspectos vinculados a la Hacienda autonómica, abarcando derechos y obligaciones, ingresos, política financiera, auditorías y control, entre otros.
Actualización de la norma sin duplicidades
La anterior Ley 9/1990, que ha estado en vigor por más de 30 años, es reemplazada y derogada por esta propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. A lo largo de este tiempo, han surgido figuras legales como fundaciones o consorcios, lo que ha hecho imprescindible su actualización para evitar duplicidades y ajustarla a la normativa vigente a nivel europeo, estatal y autonómico.
La Ley 1/1989, que regula el Control Parlamentario de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, también será derogada, dado que la nueva normativa incluye y amplía la obligación de la Administración regional de remitir información a la Asamblea de Madrid.
Asimismo, quedan derogadas todas las normativas de igual o menor rango que contradigan lo establecido en la nueva Ley. Con esta medida, se refuerza la lucha contra la hiperregulación, eliminando así legislación que resulta obsoleta, redundante o innecesaria.
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