Después de muchos meses de tiras y aflojas entre la Comunidad y los rectores, la financiación de las universidades públicas madrileñas continúa dando de qué hablar. Para muestra, el acalorado debate que el jueves protagonizaron el consejero del ramo, Emilio Viciana, y las fuerzas de la oposición en la Asamblea de Vallecas. En el eje de la disputa, el crédito de hasta 34 millones y medio de euros que la Administración autonómica ultima a fin de paliar la "delicada situación económica" que atraviesa en la actualidad la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Una suerte de rescate para aspectos tan cotidianos como el pago de nóminas tanto de profesores como del personal no docente y que vendrá necesariamente acompasado a "medidas reales y efectivas de contención del gasto".
Sin embargo, las cuentas de la 'Complu' no son, ni mucho menos, el único quebradero de cabeza en el seno de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Y es que, ha reconocido el propio Viciana en un encuentro con periodistas celebrado el viernes para dar a conocer las últimas novedades en el diseño de la futura -y no menos polémica- Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) también estaría atravesando importantes problemas económicos. Una "situación de déficit" frente a la cual el Ejecutivo autonómico no permanecerá, ni mucho menos, impasible.
"Hay datos públicos en los que nos encontramos que hay alguna otra universidad, en concreto la Universidad Rey Juan Carlos, que también se encuentra en una situación de déficit. Lógicamente, nosotros, al igual que hemos hecho con la Complutense, nos situamos a su lado y vamos a ayudarles en todo lo que sea necesario", ha expuesto el consejero ante los medios de comunicación congregados en la sede de la céntrica calle Alcalá. En concreto, la URJC cerró 2023 con un déficit próximo a los 33 millones de euros. Escenario que, lejos de ser corregido, fue a peor en 2024, de la mano de pérdidas cercanas a los 45 millones.
Aunque la situación financiera en la URJC resulta cuanto menos delicada, no parece, a priori, tan crítica como la de la UCM, sobre todo a tenor de las medidas de reducción del gasto impulsadas motu proprio por el nuevo rector, Abraham Duarte, desde su toma de posesión el pasado mes de mayo. En cualquier caso, no se descarta en absoluto que las urgencias financieras de la institución puedan acrecentarse en el futuro. Por ende, tampoco desaparece del horizonte más o menos próximo la posibilidad de poner a su disposición préstamos de características similares que contribuyan a sanear o, al menos, ayuden a paliar, su maltrecha contabilidad.
Hasta 10 millones para la financiación "por objetivos"
Al margen de las voces más críticas, que apuntan incluso a una política indiscriminada de gasto, por ejemplo, en materia de contratación de profesores, los rectores de las seis universidades públicas con implantación en la región vienen reclamando desde hace años un nuevo modelo de financiación que cubra, como mínimo, tanto el apartado de nóminas como los contratos y servicios que permiten el normal funcionamiento de los centros.
Atentos a tales reivindicaciones y fruto del "diálogo fluido" con toda la comunidad universitaria, la solución propuesta por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso pasar por sustituir el actual sistema de transferencias nominativas por otro mixto con hasta tres vías de financiación "plurianual" diferentes: una línea básica para gastos de personal y servicios, otra para necesidades específicas, incluyendo, por ejemplo, proyectos de rehabilitación y mejora en las instalaciones, y una tercera atendiendo a objetivos.
En la práctica, este último punto hace referencia a la consecución de "hitos" y "logros" relacionados con la actividad académica o investigadora de las universidades y que hayan sido previamente acordados con el Gobierno regional. Para muestra, la realización de programas de investigación y atracción de profesorado de excelencia, ya sea nacional o extranjero, con el foco sobre América del Sur. También el incentivo de la oferta de títulos y cursos de humanidades. A ello, ha avanzado el propio Viciana, la Comunidad destinará una partida de 10 millones de euros cada año.
Más allá de las aportaciones con origen en Sol, el futuro modelo de financiación autonómica recogido en la LOSU se complementará con los recursos económicos que las mismas universidades madrileñas sean capaces de conseguir a partir de acuerdos y pactos con otros organismos. Los porcentajes al respecto, aún en fase de negociación, podrían rondar el famoso 70-30. Es decir, 70 por ciento de parte de la Administración regional y el 30 restante procedente de otras colaboraciones en el marco público -ayuntamientos, Gobierno central...-, o privado, de la mano de empresas u otras instituciones. "Se sigue trabajando en el importe total", admiten desde la Consejería.
¿Qué sabemos del actual borrador de la LESUC?
Frente a mil y una especulaciones y en el marco del "máximo consenso posible" que Emilio Viciana aspira a alcanzar antes de elevar el texto de la LESUC al Consejo de Gobierno, paso previo a su visto bueno definitivo por parte de la Asamblea, los pormenores del borrador continuan siendo difusos. A cuentagotas, eso sí, han ido saltando a la palestra mediática algunos de ellos. Fuera como fuese, múltiples filtraciones rodeadas, como no podía ser de otra manera, de una fuerte controversia.
En cuanto al régimen sancionador, uno de los capítulos que más resquemores ha despertado en la opinión pública hasta la fecha, el consejero ha confirmado ya que se establecerá un importe máximo de 300.000 euros para las "infracciones más graves". Como novedad, además, entre ellas no figurarán "las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas". La X aún a despejar, la dureza con la que la Administración castigará finalmente los escraches en el ámbito universitario: "Son cuestiones en las que estamos trabajando todavía".
Respecto a la organización de los centros, el texto recoge a día de hoy que será el rector, de acuerdo con el Consejo Social, el que elija al gerente de cada universidad, eliminando la elección por concurrencia. Asimismo, la figura del interventor se reconvertirá en una "Oficina Económico Presupuestaria" a cargo de dos profesionales, uno elegido por el rector y otro por el Consejo Social.
En paralelo, Viciana ha querido también definir con mayor precisión el papel del pionero "Distrito Único de Prácticas", cuyo objetivo no será otro que lograr que "ningún estudiante se quede sin plaza para realizar esta parte de su formación cuando sea imprescindible para titular". Así, tras la primera asignación, en la que se mantendrá el actual sistema de distribución, se permitirá "repartir las -plazas- que sigan vacantes (...) para que puedan ocuparlas los alumnos que necesiten certificar las prácticas de cara a lograr su título".
La nueva norma "sigue su curso". El próximo paso será someter el texto, una vez convertido en anteproyecto, al trámite de audiencia e información pública. El objetivo, ha zanjado el consejero, es que la ley esté aprobada a lo largo de la primavera de 2026.
Si (
No(
