El
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Grupo Municipal Socialista contra el
Plan Reside,
aprobado por el Ayuntamiento de Madrid y ratificado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad el pasado 27 de agosto (aunque no sé público en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta el cuatro de septiembre).
La decisión del tribunal madrileño abre la vía judicial para revisar la legalidad y los posibles efectos de una normativa que, a juicio del PSOE, “favorece la expulsión de vecinos y el negocio de los grandes fondos inversores”.
En declaraciones de los medios de comunicación, el concejal socialista y portavoz de Urbanismo, Antonio Giraldo, ha celebrado la admisión a trámite asegurando que “desde el primer momento dijimos que este Plan Reside, que no es tal cosa, favorecía la transformación de edificios completos de residentes en pisos turísticos, incluso en algunos lugares donde este cambio estaba prohibido”. El edil ha añadido que el plan “ya está generando perjuicios entre los vecinos de Madrid, expulsando a residentes y favoreciendo a los grandes fondos que pueden abordar este tipo de operaciones”.
Según el PSOE, el texto aprobado por el equipo de José Luis Martínez-Almeida y avalado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso introduce un cambio sustancial en el modelo urbanístico de la capital, al permitir la reconversión masiva de inmuebles residenciales en alojamientos turísticos. “Con este proyecto se podrá transformar hasta el 73 por ciento de los inmuebles del centro de Madrid en turísticos. No se puede legislar a golpe de propaganda mientras miles de familias sufren alquileres inasumibles”, ha denunciado Giraldo.
El recurso socialista se fundamenta en presuntos defectos de forma y de fondo del Plan Reside, además de su posible contradicción con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. El edil socialista ha explicado que “hemos encontrado defectos que probablemente sean irregulares y por eso hemos puesto el recurso, porque al final se está favoreciendo un cambio de modelo territorial en la ciudad, un cambio de usos no previsto en el Plan General”.
“Haremos que la Justicia se pronuncie. Haremos todo lo posible por parar este Plan Reside ‘fake’ que Almeida quiere imponer a los vecinos y vecinas de Madrid”, ha señalado Giraldo.
Con la admisión a trámite, el TSJM ha requerido a la Administración demandada que remita el expediente administrativo completo en un plazo de 20 días. A partir de ese momento, se iniciará la fase judicial en la que el tribunal valorará si existen irregularidades en la tramitación o en el contenido del plan.
El PSOE confía en que este proceso “ponga luz sobre los criterios, impactos y beneficiarios reales del Plan Reside”. Para Giraldo, “Madrid necesita políticas serias que beneficien a la mayoría de los madrileños: más vivienda asequible, refuerzo de la inspección y convivencia garantizada en los barrios, no atajos que acaban en los tribunales”.
Qué es el Plan Reside
El Plan Reside es una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana impulsada por el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo oficial de ordenar las viviendas de uso turístico. La norma, que entró en vigor el 4 de septiembre tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad, sustituye al anterior Plan Especial de Hospedaje de 2019.
Según el Gobierno municipal, el Plan Reside busca evitar la proliferación de pisos turísticos ilegales y “garantizar la convivencia” en los barrios. En el centro histórico, prohíbe que los apartamentos turísticos se mezclen con viviendas residenciales en un mismo edificio, permitiendo únicamente que se destinen a este uso los bloques completos o los inmuebles no residenciales. En el resto de la ciudad, las VUT (viviendas de uso turístico) solo podrán abrir si tienen un acceso independiente desde la vía pública.
No obstante, la oposición y diversas asociaciones vecinales sostienen que la norma abre la puerta a operaciones especulativas, ya que facilita que grandes propietarios adquieran edificios enteros para destinarlos a uso turístico. Según el PSOE, esta posibilidad “supone un golpe al derecho a la vivienda y acelera la expulsión de vecinos de sus barrios”.
El plan también refuerza la inspección de viviendas turísticas y endurece las sanciones: las multas por operar sin licencia pueden alcanzar los 100.000 euros. El Ayuntamiento, desde su desarrollo, ha defendido que se trata de una herramienta “más clara y efectiva” para frenar la saturación turística y aumentar la oferta residencial, aunque sus críticos lo consideran un instrumento de liberalización encubierta que puede agravar la crisis de vivienda.
Con la intervención del TSJM, el futuro del Plan Reside queda ahora en el aire. El PSOE espera que la justicia determine si el proyecto urbanístico de Martínez-Almeida se ajusta a derecho o si, como sostienen los socialistas, vulnera la legislación vigente y contribuye a “cambiar el modelo de ciudad a espaldas de sus vecinos”.
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