Cuenta atrás para el inicio de las obras en la Ciudad de la Justicia

"No hay ningún retraso. En las próximas 24 horas vamos a tener muy buenas noticias". Así de contundente -y orgulloso- se ha mostrado el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, tras ser cuestionado por posibles nuevas dilaciones en el pistoletazo de salida a las obras de la Ciudad de la Justicia, previstas, al menos en origen, para el pasado mes de junio.

Todo apunta así a que, salvo giro de guion de última hora, la tan ansiada colocación de la primera piedra a este proyecto estrella de legislatura tendrá lugar, tras mil y un obstáculos e imprevistos, incluido un paso previo por los mismos tribunales que ahora se pretenden unificar, este mismo jueves.

Desde la primera intentona, allá por el lejano 2005, la construcción de la Ciudad de la Justicia se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los distintos equipos de Gobierno en la Comunidad, trayendo consigo todo un reguero de titulares no siempre positivos.

La idea inicial de levantar este macrocomplejo en Valdebebas surgió durante el primer mandato de Esperanza Aguirre. Sin demasiado éxito en su cometido, sería a la postre heredada por Ignacio González. Lejos de consolidar el proyecto, este ni siquiera consiguió pasar el testigo del campus a su sucesora, Cristina Cifuentes. Tampoco Ángel Garrido, quien asumiera la Presidencia regional tras la renuncia de esta última, estuvo por la labor de rescatar la iniciativa hasta que no se resolvieran, de una vez por todas, los recursos presentados al respecto ante los tribunales.

De hecho, fue la propia Cifuentes quien llevó ante la Fiscalía General la gestión del proyecto de la Ciudad de la Justicia por parte del Ejecutivo de Aguirre y González. Curiosamente la decisión fue tomada poco después de que saliera a la luz el escándalo popularmente conocido como 'caso Máster', que las malas lenguas atribuyen a una venganza del sector 'aguirrista' del PP de Madrid contra Cifuentes por haber llevado a cabo una suerte de limpia en las filas del partido.

Más allá de guerras políticas, la clave a su freno estuvo en el baile de recursos presentados ante la Justicia. También, claro, en las acusaciones cruzadas de corrupción, bañadas por grandes sumas de dinero, hasta 130 millones de euros a juicio de la oposición, a medio camino entre la tierra de nadie y el bolsillo de alguien.

Fuera como fuese, este cuento de nunca acabar parece llegar por fin a puerto de la mano de Isabel Díaz Ayuso. El pasado mes de mayo, de hecho, sería presentado el proyecto constructivo. En el horizonte, una fecha clave: inicio de las obras previsto para el mes de junio. Promesa, no obstante, incumplida.

Ya en septiembre, la misma presidenta se autoenmendaría durante el último Debate del Estado de la Región al poner sobre la mesa un nuevo deadline: "-Los trabajos- comenzarán en las próximas semanas". Todo apunta a que, esta vez sí, así será. Arranca la cuenta atrás. Aunque aún haya que despejar la 'X' en torno a si su puesta en funcionamiento será, tal y como se pretende, en 2026.

La Ciudad de la Justicia, al detalle

Con una extensión equivalente a 65 campos de fútbol, casi medio millón de metros cuadrados, la Ciudad de la Justicia madrileña se convertirá, una vez concluida, en el complejo judicial "más grande, accesible y ágil del mundo", ampliando hasta un 61 por ciento el espacio disponible en la actualidad para esta rama de la administración. De ellos, hasta 40.000 serán para zonas ajardinadas al aire libre, incluyendo cubiertas vegetales y jardines verticales.

El objetivo, aglutinar en un mismo lugar las 26 sedes y 378 órganos de la judicatura regional. Las ventajas, también en materia de accesos. Apoyándose en el Intercambiador de Valdebebas, ya en funcionamiento, se trata de dotar la futura Ciudad de la Justicia de las mejores conexiones de transporte público para atender a cerca de 33.000 personas cada día.

El montante total para su construcción supera los 650 millones de euros. Una cantidad que desde la Comunidad no dudan en tildar de "inversión", y es que, auguran, la unificación de todas las sedes en una misma ubicación, sumado al ahorro en alquileres de las diversas consejería que serán a continuación trasladadas a edificios de titularidad pública regional, traerá consigo 80 millones de euros adicionales a las arcas públicas cada año.