El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ha confirmado que este martes
el Consejo de Ministros abordará la reforma constitucional para “blindar” el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, un paso con el que el Ejecutivo “solicitará el dictamen al Consejo de Estado para la eventual reforma de la Constitución en el artículo 43”.
“A partir de ahí, lo que espero es que haya una mayoría en el Parlamento y que, efectivamente, se blinde este derecho”, señaló el jefe del Ejecutivo en una entrevista en Cadena SER, recogida por Europa Press.
Hace poco más de una semana, el Gobierno propuso incluir el derecho al aborto en la Constitución española, siguiendo el ejemplo de Francia, con el fin de “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”. Para ello, se impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna, que requerirá una mayoría cualificada para su aprobación.
Antes, deberá conocerse el dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo encargado de garantizar que la propuesta cumpla con la legalidad vigente y los requisitos constitucionales, además de asesorar jurídicamente al Ejecutivo. Sánchez descartó la posibilidad de someter la reforma a un referéndum, asegurando que el Gobierno utilizará “todos los resortes que tiene el Estado social y democrático de derecho”.
Respecto al posible apoyo del Partido Popular, el presidente consideró que “si, como dice, está dispuesto a defender el derecho a la interrupción, no debería tener ningún problema, ni político ni intelectual”. No obstante, advirtió de la “amenaza de un PP absolutamente desdibujado y ultraderechizado, y una ultraderecha que obliga a Gobiernos a recortar todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres”.
Exigencia a Ayuso por el registro de objetores
Sánchez adelantó también que el Ejecutivo exigirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cumplir con la ley y crear el registro de médicos objetores al aborto. “Me gustaría, además, que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid cumplir con la ley y hacer ese registro de objetores”, reclamó.
Aunque evitó concretar qué medidas podría adoptar el Gobierno contra la Comunidad de Madrid, el presidente consideró inaceptable que solo el 1 por ciento de los abortos voluntarios se realicen en la sanidad pública, mientras que en capitales europeas como Roma o París esa cifra supera el 50 por ciento. “Es evidente que hay una decisión política detrás, producto de un dogmatismo y de un sectarismo que nada tiene que ver con el sentir de muchas mujeres, incluso de aquellas que votan al Partido Popular, ni, por supuesto, con nuestra legislación”, concluyó.