Madrid llevará a los tribunales el decreto de reparto de menores migrantes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas. Según la norma, se establece una ratio estatal de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes como capacidad ordinaria de acogida en España.

Esta medida da cumplimiento a la disposición adicional introducida en la Ley de Extranjería tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2025, que contempla actuaciones urgentes para garantizar el interés superior del menor ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El texto aprobado recoge que cuando un territorio triplique su capacidad ordinaria, se considerará en situación de sobreocupación y podrá activar el protocolo de traslados hacia otras comunidades con plazas disponibles.

De este modo, el Gobierno establece la capacidad ordinaria de acogida para cada comunidad autónoma. Las tres con mayor número de plazas son Andalucía (2.827), Cataluña (2.650) y Madrid (2.325). En el otro extremo se encuentran Ceuta (27) y Melilla (28). También destacan los datos de Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737), País Vasco (731) y Castilla-La Mancha (692), entre otros.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido que se trata de “un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante”, recordando que se trata de menores que llegan solos y a los que se debe ofrecer “una acogida digna, solidaria y también humanitaria”.

En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado el decreto como “un punto de inflexión” en el desarrollo de un sistema de acogida “vinculante, digna y solidaria”, y ha confirmado que “está todo dispuesto” para que comiencen los traslados a partir del próximo jueves 28 de agosto, una vez publicado el decreto en el BOE.

Rego ha asegurado que “damos un paso importante para garantizar los derechos de todos esos niños, niñas y adolescentes que llegan solos y solas a nuestro país” y ha denunciado los intentos de “bloqueo de determinados territorios”.

Madrid recurrirá

Desde la Comunidad de Madrid no han tardado en mostrar su rechazo. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha anunciado que la Comunidad de Madrid recurrirá por la vía judicial el real decreto aprobado por el Ejecutivo, al considerar que "rompe la igualdad entre las comunidades autónomas" y se ha aprobado sin "total transparencia".

Desde Alalpardo, Rodrigo ha señalado que acudirán al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ha acusado al Gobierno central de actuar con "ocultismo" y de tomar decisiones "con el único objetivo de mantener a Sánchez en La Moncloa". Ha insistido en que Madrid “siempre ha sido solidaria”, pero denuncia que comunidades como Cataluña y el País Vasco “no van a recibir menores” por motivos que, según él, responden a los pactos del Gobierno con formaciones nacionalistas.

En la misma línea, la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha calificado el reparto como “absolutamente injusto” y ha acusado al presidente del Gobierno de utilizarlo como “uno más de los enjuagues políticos para seguir en La Moncloa”.

Sanz ha lamentado que el reparto de menores se base en “los pactos políticos que necesite el señor Sánchez”, ha tachado de “fracaso” la política migratoria estatal y ha expresado su apoyo al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso en la posibilidad de recurrir a los tribunales para revertir la medida.