El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha notificado al centro de refugiados de la ciudad el cese temporal de su actividad tras comprobar que las instalaciones no disponen de la licencia como uso residencial sino para actividades docentes, razón por la que ha acusado el Gobierno central de "negligencia institucional" ante la posibilidad de que migrantes africanos fueran trasladados al centro desde Canarias.
"Lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa, porque lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad", ha manifestado la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, en declaraciones remitidas a Europa Press.
Así, Tejero ha alertado de que el centro ha sufrido una transformación "de la noche a la mañana" para convertirlo en una residencia para más de medio millar de personas "sin ningún tipo de autorización" y en contra de lo que marca la ley. "Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías", ha subrayado.
La resolución del cierre se adopta tras una inspección del Ayuntamiento de Pozuelo llevada a cabo después de conocer la intención del Gobierno de trasladar allí de manera permanente a 400 menores solicitantes de asilo, según han señalado fuentes 'populares', que recuerdan que desde el Consistorio se ha alzado la voz en sucesivas ocasiones en contra de utilizar el centro como residencia permanente.
Ahora una vez ha sido notificado la orden del cierre temporal, el centro cuenta con 15 días de plazo para presentar alegaciones, si bien deberán cumplir con el cese de la actividad, y por tanto el Ejecutivo deberá reubicar a los actuales residentes en otras instalaciones. Para el Ayuntamiento, destacan estas mismas fuentes, lo más importante es "asegurar que se cumplen las condiciones que garanticen el bienestar y la seguridad" de los residentes del centro.
El delegado del Gobierno tacha el cierre como "un ejercicio de racismo preventivo"
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha arremetido este jueves contra decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de cerrar el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Migrantes (Creade) por falta de licencia, y ha denunciado que se trata de "un ejercicio de racismo preventivo" justo en un momento en que el Gobierno central iniciará el reparto de migrantes al que desde la localidad madrileña se habían opuesto.
Martín se ha manifestado en estos términos en una entrevista con RNE, en la que ha incidido en que aún no se conocen oficialmente las cifras de migrantes que deberá recibir cada Comunidad Autónoma, por lo que considera que el asunto no ha sido tratado con la seriedad que corresponde por parte de las administraciones controladas por el Partido Popular, como son la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Sin embargo, ha recalcado que hasta el momento de sus declaraciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no había recibido "ninguna comunicación formal" sobre la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo, acusando por tanto al PP de estar pendiente "de los titulares" y "hacer seguidismo" de lo que "le señalan los ultras", más que a trabajar en el asunto.
En los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Pozuelo para el cierre del centro destaca que las instalaciones carecen de la licencia adecuada para su uso, pues los permisos actuales datan de 2013 y no reconocen el uso residencial de las mismas. Sin embargo, Martín ha incidido en que el Creade sí abrió sus puertas "de par en par" en 2022 para recibir a refugiados ucranianos, pero que ahora que la previsión apunta a migrantes africanos, el PP de Madrid ha reaccionado de manera "francamente irresponsable".
"Somos conscientes de que en el mes de julio el Ayuntamiento de Pozuelo anunció que haría todo lo posible para que allí no se instalaran menores procedentes de Canarias, y lo que ha hecho en estas semanas ha sido dos visitas a este centro y tenemos constancia de dos actas de inspección urbanística, nada más", ha relatado Martín, que ha abogado por afrontar la cuestión desde un prisma de respeto a los Derechos Humanos y conscientes de que se trata de personas vulnerables.
Finalmente, preguntado por la capacidad de maniobra del Gobierno central para revertir el cierre del centro ordenado por el Ayuntamiento de Pozuelo, el delegado ha señalado que se "analizará la decisión cuando llegue", a la par que ha destacado que hay cuatro centros como el de Pozuelo en todo el país que "funcionan con total normalidad".
"Tenemos otros centros y otros recursos activados para responder a lo que es una emergencia humanitaria y es en lo que tendríamos que estar, en responder, en dar soluciones, no en generar más problemas", ha remachado el delegado del Gobierno, que ha destacado que a España "le corresponde responder por ser la frontera sur de Europa".
En la misma línea, la portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Pozuelo, Patricia Cabal, ha asegurado que no hay que negar a los menores la posibilidad de alojarse en estas instalaciones. Eso sí, hay que "procurar que las instituciones hagan lo mejor posible" para que "estén en las mejores condiciones".
"Como debe ser, no negarnos a que vengan. Que vengan y pongamos todo el esfuerzo y la energía en procurar que las instituciones hagan lo posible para que estén en las mejores condiciones. Nos equivocamos si lo que hacemos es gastar energías en discusiones con intereses puramente partidistas y además, asustando a la población", ha apostillado a renglón seguido la representante progresista.
La Comunidad insta al Gobierno a tomar medidas para que el Creade cumpla la legalidad
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha instado al Gobierno a tomar medidas para que el Creade cumpla la legalidad urbanística tras su cierre temporal por falta de licencia.
Tras un acto en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Rodrigo ha asegura que si no se están cumpliendo "los usos urbanísticos que establecen las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Pozuelo, no se puede prestar esa actividad".
"Se trata de un uso residencial y que no cumple con el uso que se está dando actualmente de acogida en ese centro. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer la propia Administración general del Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio oportuno, es tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir la legalidad urbanística que actualmente, como dice el Ayuntamiento de Pozuelo, no lo está cumpliendo", ha señalado.
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