La Asamblea ratifica la oposición Popular a las reformas del Poder Judicial de Bolaños

La mayoría absoluta que el Partido Popular ostenta en la Asamblea de Vallecas es una garantía total de éxito a la hora de elevar a votación cualquier tipo de iniciativa. Un seguro parlamentario a todo riesgo y que este jueves, en el último Pleno del vigente periodo de sesiones, ha servido, como ya hiciese en sesiones anteriores, para reforzar desde la Cámara la oposición madrileña al Gobierno central. En este caso, vía Proposición No de Ley (PNL), contra todas las reformas normativas en el ámbito judicial que permanecen en el horno del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños.

"Pedro Sánchez ha emprendido el peligroso camino de someter la justicia a su yugo dictatorial para desactivar todos los controles democráticos. Por ello, hoy venimos a exigirle al Partido Socialista y también al Gobierno de España que paralicen de forma inherente una reforma normativa que ataca a la independencia del Poder Judicial. Una reforma que propicia el acceso arbitrario a la justicia, que restringe la participación democrática en sus órganos de gobierno y que somete instancias claves a criterios partidistas. Una reforma que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los operadores jurídicos de España. A quienes además se permiten el lujo de desprestigiar con argumentos falsos, interesados y manipulados", argumentaba al inicio de su intervención Mercedes Zarzalejo, la diputada del PP encargada de defender la iniciativa

En concreto, la propuesta a la que hace referencia la portavoz del Grupo Popular, que sería aprobada apenas unos minutos más tarde pese a los votos en contra de las fuerzas progresistas, Más Madrid y PSOE-M, aboga por "instar" al Gobierno autonómico a que a su vez "inste" al Ejecutivo central a "paralizar y retirar de forma inmediata" el Proyecto de Ley Orgánica por el que se pretende modificar tanto la normativa actual que rige el Poder Judicial como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En paralelo, también el anteproyecto encaminado a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo porque se considera "atentan abiertamente contra la independencia judicial y la separación de poderes".

En la práctica, más presión, al menos mediática, a un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que atraviesa sus horas más bajas. "Lo que el ministro Bolaños nos quiere vender como la mayor transformación de la justicia en 40 años es en realidad un asalto fulminante al Estado de Derecho. Un atropello al modelo de convivencia de nuestra sociedad democrática que garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Que no nos engañen. No, no buscan una justicia más ágil. No pretenden modernizar nada, no persiguen la eficiencia ni el acceso equitativo a la carrera judicial y fiscal, y mucho menos a las personas sin recursos que dan a la judicatura. Lo que persiguen no es otra cosa que construir un nuevo sistema judicial para protegerse a sí mismos, para borrar todos sus delitos", remataba la propia Zarzalejo a renglón seguido.

La PNL de la discordia se acompasa, claro, a otros frentes abiertos contra la popularmente conocida como Ley de Eficiencia en la Justicia. El principal, la vía judicial. Y es que el pasado 4 de junio el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín anunció a bombo y platillo el inicio de los trámites para la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo a fin de que se evalúe el coste real de la aplicación de la norma -cifrado en más de 40 millones- y se dote en consecuencia a las comunidades autónomas, responsables últimas de su puesta en práctica. Ese es, de hecho, el segundo punto de la iniciativa ratificada esta misma tarde.

Por su parte, las asociaciones de jueces y fiscales conservadores han acordado ir a la huelga de tres días el próximo mes de julio para protestar contra las reformas previstas. Durante el paro del pasado 11 de junio, de hecho, representantes de estos colectivos advirtieron ya de que la "independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".