La Comunidad lleva la Ley de Eficiencia de la Justicia de Sánchez ante el Supremo

Nuevo frente judicial en la guerra abierta entre Sol y Moncloa. Los reproches vertidos semanas atrás por el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García-Martín, en torno a la Ley de Eficiencia de la Justicia que ya tramita el Gobierno central han terminado por materializarse este miércoles ante los tribunales.

En concreto, la fórmula elegida por la Comunidad de Madrid no es otra que la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo a fin de que se evalúe el coste real de la aplicación de la norma y se dote en consecuencia a las comunidades autónomas, responsables últimas de su puesta en práctica.

No es la primera vez que el Ejecutivo encabezado por Isabel Díaz Ayuso se opone a esta cuestión. Y es que el pasado 10 de abril ya se presentó un requerimiento a este respecto ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Sin respuesta por parte de los responsables de la cartera que dirige Félix Bolaños, el paso lógico pasaba ahora por personarse ante el Supremo. Un recurso destinado, en último término, a prevenir el coste, próximo a los "44 millones de euros", que, aseguran, supondría en último término la aplicación de la Ley a las arcas públicas madrileñas.

La tesis defendida por la Comunidad es que el Estado tiene la "obligación" de establecer los oportunos "mecanismos" para "evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas" y que, a la postre, los distintos Gobiernos autonómicos puedan así solicitar una financiación acorde a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Todo, garantizan, según lo recogido en el reglamento que rige la propia financiación autonómica y, añaden, también en base al "principio de lealtad institucional".

Las críticas a cargo del también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local madrileño apuntan asimismo hacia la la total ausencia de diálogo y, por ende, consenso, con el resto de actores implicados, poder judicial y comunidades, en el transcurso de la elaboración del texto.

Financiación autonómica y condonación de deuda

Más allá de la discutida Ley de Eficiencia de la Justicia, preocupan también en el seno de la Comunidad otros aspectos ligados al modelo para la financiación autonómica. Más aún si esta termina por articularse bajo el criterio de la "singularidad".

En especial, todo lo relativo la pretendida condonación de deuda a Cataluña. Una iniciativa que aspira, al menos siguiendo el argumentario Popular, a "pagar la fiesta soberanista", metiendo además "la mano en el bolsillo de los madrileños", para que Pedro Sánchez pueda hacer frente a los "peajes" que le exigen sus socios y continuar así en La Moncloa.

Frente a semejante "barbaridad", sentencia García-Martín, "usaremos todos los recursos a nuestro alcance para que no se tramite". Aún por confirmar, pese a la contundete oposición trasladada hasta la fecha, la forma en la que se terminará por llevar a cabo la quita de deuda y, en consecuencia, la decisión definitiva del Ejecutivo de Díaz Ayuso sobre si acogerse o no a ella.

Ya presentadas las oportunas alegaciones, todo hace prever que el asunto continuará dando de qué hablar desde los tribunales.