Ayuso mide fuerzas con Sánchez en una Conferencia de Presidentes sin pinganillo

Este viernes, 6 de junio, se celebra la primera -y muy probablemente última- Conferencia de Presidentes del curso. La XXVIII edición de este foro en la historia democrática del país. Una cumbre, con sede en Barcelona, que reunirá a la práctica totalidad de líderes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo del pretendido diálogo, al menos sobre el papel, trasladar al jefe del Ejecutivo las principales inquietudes de los territorios y tratar de alcanzar acuerdos al respecto. En la práctica, sin embargo, la cita se torna en un escenario idóneo para el enésimo cruce de acusaciones entre populares y socialistas, enfangados ad eternum en la política del enfrentamiento. Y es que, a imagen y semejanza de lo ocurrido el año pasado, la presente edición de la Conferencia de Presidentes no viene, ni mucho menos, exenta de polémica.

"Expectativas, evidentemente, tenemos pocas porque después de todas las que ya hemos sufrido sabemos que -la Conferencia de Presidentes- solo sirve para gloria del presidente, que no gobierna las comunidades autónomas y las respeta bastante poco. Pero vamos a ir por coherencia, porque tantas veces las hemos pedido antes. También porque queremos escuchar al resto de los presidentes autonómicos que, insisto, son los protagonistas de este día, por no desairar a los catalanes, porque siempre reivindicamos la presencia del Estado en Cataluña, pues ahora haremos exactamente lo mismo", resumía tajante la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al ser cuestionada por la utilidad real de la cumbre autonómica durante la Sesión de Control del Pleno celebrado el jueves en la Asamblea de Vallecas.

Eso sí, matizaba a renglón seguido la máxima mandataria regional, "pienso decirles a todos ellos, especialmente a los ministros, al cuerpo de ministros que se llevan a la legión entera para intentar equilibrar al presidente y a toda la prensa, que lo que están pretendiendo es una absoluta golfada". Una clara alusión a la tan criticada condonación de deuda a Cataluña. Y es que, al menos desde el prisma Popular, se trata de una iniciativa encaminada únicamente a "pagar peajes" a "sus socios", las fuerzas independentistas, y que Sánchez pueda "mantenerse en La Moncloa". El resultado, lamenta, la creación de una "nación paralegal". Para más inri, "con el dinero de todos".

La ya conocida oposición hacia la quita de deuda daba entonces paso al resto de reproches en el tintero de la presidenta. Contra la "okupación", un fenómeno, asegura, que sufren especialmente los propios catalanes, la "peor" ley educativa en democracia, la Celaá, o el "bochorno" que supone tratar de "ocultar" las causas que originaron "apagón" masivo del pasado 28 de abril. También el "caos migratorio" y "ferroviario", la "falta de médicos" que aqueja a "toda España" y la ausencia de financiación para escuelas infantiles y dependencia. Todo como consecuencia de la "inacción" que, asegura, caracteriza al Gobierno central.

La puntilla en el argumentario Popular, las supuestas "maniobras" del Ejecutivo contra el Poder Judicial hasta terminar por "arrollarlo": "Por no hablar de lo que intentan hacer con el Poder Judicial, llenando de activistas los juzgados, maniobrando contra los jueces que están haciendo su trabajo. Se persigue a los jueces que intentan a su vez perseguir la corrupción del Gobierno. Toda esa mafia será denunciada. La Unión Europea tendrá que poner fin a este disparate, porque el Legislativo está arrollando al Judicial, porque Sánchez ha roto la separación de poderes y porque la democracia sin ley no es democracia, es una cueva de ladrones".

"Se persigue a los jueces que intentan a su vez perseguir la corrupción del Gobierno"

Todo bañado, para más inri, con el rechazo manifiesto al "provincianismo" que a juicio de Díaz Ayuso representa el empleo del catalán, en lugar del español, la "lengua de todos", con el fin último de promover el "secesionismo" desde la misma Conferencia de Presidentes. Motivo suficiente para incluso abandonar la reunión si es preciso. "Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me saldré. Por el camino ya veré lo que hago con esos pinganillos. Ya les digo que no me los pienso poner (...). Es una corruptela que no pienso pagar", anticipaba en relación al empleo del sistema de traducción simultánea de los discursos en los que se pudiese emplear alguna de las lenguas cooficiales.

"Ayuso trata de dinamitar cada oportunidad para el diálogo y el acuerdo. Tan irresponsable como cansina", reaccionaba al respecto el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a través de un post en su perfil oficial en la red social 'X', anteriormente conocida como Twitter. La discusión, si es que aún había alguna duda, estaba servida.

Propuestas populares

Para entender lo contundente de la oposición a los tintes adoptados por el encuentro en los últimos tiempos, con amenaza de plantón incluida, no obstante, resulta necesario remontarse días atrás. En concreto, al pasado lunes, cuando los barones del PP, en representación de aquellas comunidades y ciudades autónomas en las que gobiernan -Andalucía, Comunidad de Madrid, Extremadura, Región de Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Galicia, Cantabria, Islas Baleares, Ceuta y Melilla-, remitieron por escrito a La Moncloa toda una batería de temas a incorporar en el Orden del Día de la presente Conferencia de Presidentes. Cuestiones que han terminado por materializarse en un documento conjunto bajo la firma de todas y cada una de las delegaciones Populares.

El documento recoge, entre otras peticiones, la necesidad de abordar asuntos tan controvertidos como la reforma de la Financiación Autonómica, la actualización de las entregas a cuenta, los proyectos de ley de condonación de deuda y reforma del Poder Judicial o el acceso a la vivienda, con especial énfasis sobre la derogación de la normativa nacional y la lucha contra la ocupación y la inquiocupación.

También la elaboración de un nuevo plan energético a escala nacional, apoyado en la nuclear, que fije las bases a fin de prevenir futuros apagones, la política migratoria, competencia, matizan, que es "exclusiva del Estado", y la necesidad de más inversiones en transportes, sanidad, educación y servicios sociales. En concreto, para afrontar el "caos ferroviario" en ciernes y "asegurar el transporte público y las comunicaciones", solventar el "déficit" generalizado de profesionales sanitarios y, en último término, dotar de manera adecuada tanto al primer ciclo de Educación Infantil 0-3 años como a las ayudas a la dependencia.

Todas las propuestas, "hasta la última coma, en su absoluta literalidad", serían finalmente aceptadas por el Gobierno central en el Orden del Día definitivo a fin de prevenir cualquier conato de plantón institucional y, de paso, "favorecer el diálogo". En cualquier caso, no parece que vayan a tener mayor recorrido ni mucho menos materializarse en acuerdos. Fuentes del Ejecutivo lamentan de hecho que varios de los temas incluidos a la postre no sean competencia del foro autonómico. Es el caso del control de fronteras o la reforma judicial, cuestiones, dicen, que deberían abordarse "en otros órganos institucionales" para no "entorpecer" el transcurso de la Conferencia.

Agenda oficial

El Gobierno central ha detallado la agenda de esta Conferencia de Presidentes que se celebrará en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, sitio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que antaño fue incluso residencia real. Las autoridades comenzarán a dejarse ver en el lugar a partir de las 8:15 horas. En torno a las 9:00 se harán la foto de familia junto al Rey Felipe VI, con el que mantendrán un encuentro de, aproximadamente, una hora de duración.

A partir de las 10:00, Sánchez y el presidente anfitrión, el catalán Salvador Illa, realizarán una pequeña declaración institucional para posteriormente dar comienzo al encuentro. Cada mandatario autonómico dispondrá de un tiempo tasado de diez minutos. Una vez concluya el acto, los diferentes líderes comparecerán ante la prensa siguiendo el orden de aprobación de los estatutos de autonomía de sus respectivas comunidades.