La Agrupación Popular por Guadarrama (APPG) ha denunciado el cierre del Centro de Natación del municipio a pesar de que, según han afirmado, el informe técnico encargado por el propio Ayuntamiento no presentase daños estructurales en el edificio ni problemas graves que justifiquen una obra de gran envergadura.
“El Ayuntamiento encargó en noviembre de 2024 un informe a la empresa Intemac para evaluar algunos desperfectos observados en las instalaciones. El informe, entregado en febrero de 2025, afirma que el edificio se encuentra en buen estado general y que los problemas detectados son menores como filtraciones de agua, pequeñas fisuras en el hormigón y corrosión superficial en la fachada. Ninguno de ellos compromete la seguridad del centro ni justifica su cierre”, han señalado.
La Agrupación ha denunciado que, “a pesar de estas conclusiones, el Ayuntamiento ha optado por mantener las instalaciones cerradas y plantear una obra de gran escala, cuya necesidad técnica no está respaldada por el informe. Esta decisión ha generado malestar entre los usuarios habituales, que denuncian una gestión ineficaz y la falta de soluciones provisionales”.
Mientras tanto, Guadarrama sigue sin piscina en el Centro de natación y con más de un millar de personas afectadas, a la espera de explicaciones claras y decisiones responsables.
Desde la formación consideran que la decisión del alcalde fue “un despropósito desde el primer momento”. Según han explicado, “cerrar por un simple informe de un técnico una instalación con el servicio que da a todo el municipio, incluso a otros de la zona, nos pareció un despropósito”.
APPG ha asegurado que solicitó la contratación de un informe externo para contrastar los datos, pero el alcalde optó por cerrar el centro alegando el fin del contrato con la empresa adjudicataria. “Es una cosa que no tiene nada que ver con la otra”, han criticado. El informe externo, recibido meses después, concluye que no existen daños estructurales graves, sino problemas menores de mantenimiento: “Es patético”.
Lo más preocupante, según la oposición, es que a fecha de hoy no se ha licitado la obra ni la futura gestión del centro. “El informe está firmado desde febrero, y estamos a finales de mayo o primeros de junio y todavía no han licitado la obra”, denuncian. Esta situación provoca que el servicio siga inactivo, sin fecha prevista de reapertura.
Desde APPG insisten en que la piscina no solo era un espacio de ocio: “Muchas personas la utilizaban para hacer terapias de rehabilitación. Los niños del municipio hacían su deporte allí, y para muchas personas mayores era una actividad necesaria en su día a día”.
En este contexto, se preguntan quién asumirá la responsabilidad del cierre: “¿La asume usted como alcalde? ¿La asume su concejal de Deportes? ¿O la asumen los técnicos que les han informado? Porque alguien tendrá que ser responsable de esta situación”.
La formación también ha manifestado su preocupación por la parálisis de otras actuaciones en el municipio. “Nos pasó con Alameda, nos han pasado con las guerrillas arquitectónicas. Tenían obras desde 2019 y todavía no se han terminado. Es como si viviéramos en un limbo”, han lamentado.
La agrupación ha concluido que la gestión del actual Gobierno local, en coalición entre PP y Vox, está generando un “hastío importantísimo” en la ciudadanía de Guadarrama: “No sabemos si tenemos los técnicos más incompetentes o los políticos más incompetentes de toda la Comunidad de Madrid, pero desde luego el conjunto está generando un hastío en la sociedad”.
El cierre “no responde a un capricho de gobierno”
Por su parte, el alcalde Diosdado Soto ha asegurado que se trata de una medida de “responsabilidad” del actual equipo de gobierno formado por PP y VOX, y no de un “capricho”.
“Es fácil pensar que ningún gobierno cerraría unas instalaciones sin motivo, estando sujetos a las críticas de los usuarios”, ha declarado. Según Soto, la decisión se tomó tras recibir tres informes “determinantes” del Director del Área de Deportes, la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales y el Arquitecto Municipal, que coinciden en señalar “una necesidad asociada al peligro para los usuarios en tanto no se solventen las circunstancias identificadas”.
Con esta documentación técnica, ha afirmado que “cualquier gobierno responsable, debe actuar inmediatamente y cerrar las instalaciones para evitar cualquier riesgo o accidente y promover los expedientes para realizar las obras de reforma. Como se ha hecho”. Y ha advertido que “irresponsable sería precisamente no cerrarlo, pese a la advertencia de los peligros tasados en los informes técnicos”.
El alcalde ha acusado al grupo de oposición APPG de utilizar el cierre como arma política. “Aboga por mantener las instalaciones abiertas para intentar conseguir su escenario soñado; que ocurra una desgracia en el edificio que afecte a algún usuario para poder arremeter contra el equipo de Gobierno, cursar sus denuncias y responsabilizarlo”, ha asegurado.
Además, Soto ha recordado que los problemas del edificio son de origen. “Los propios informes del arquitecto municipal ya ponen de manifiesto que el edificio adolece de defectos desde su origen, desde que se construyó el edificio. Un edificio que fue construido bajo la dirección política de personas que formaron APPG”.
El proyecto de reforma, en fase de contratación, prevé una actuación que supera los dos millones de euros. “Este contexto evidencia, de nuevo, que el criterio de APPG, sustentado en que el edificio e instalaciones requieren de una actuación menor y puede continuar la actividad, no tiene ningún fundamento técnico ni tampoco real”, ha añadido Soto, criticando también la “dejadez” del anterior Gobierno de APPG entre 2011 y 2019.
Pese a los tiempos lentos que requiere la administración pública, el alcalde ha subrayado que se está trabajando para devolver a los vecinos unas instalaciones “adecuadas, seguras, reformadas e incluso ampliadas”. Y ha concluido afirmado que “el proyecto definirá unas actuaciones y soluciones definitivas y completas, que nunca se atrevió APPG a abordar durante sus mandatos”.
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