Los ecos del desayuno informativo en torno a la futura Ley madrileña de Universidades de la presidenta Isabel Díaz Ayuso continúan coleando. Y es que el esbozo sobre el texto -aún en fase de elaboración- ofrecido días atrás y, sobre todo, la siempre polémica financiación de las universidades públicas han vuelto a ser los ejes en torno a los cuales ha girado la práctica totalidad de la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno que este miércoles se desarrolla, de manera excepcional con motivo de la Festividad de San Isidro, en la Asamblea de Vallecas. Se prolonga así el sempiterno tira y afloja entre Partido Popular y Partido Socialista. O lo que es igual, entre los ejecutivos regional y central. Una vez más, sin novedad en el hemiciclo.
"Desde hace dos años hemos realizado reformas valientes en todas las etapas educativas porque es la manera de llegar a una buena Universidad, consecución de un buen sistema educativo previo", arrancaba la máxima mandataria regional para a continuación introducir las que ya se han consolidado como algunas de sus medidas estrella en la presente legislatura: la inclusión de los primeros cursos de Secundaria en los colegios de Primaria, la prevención del consumo de drogas, el fomento de la jornada partida o la limitación del uso de pantallas en las aulas. Iniciativas, siguiendo el argumentario de la presidenta, que conducen a la norma que próximamente regulará el ámbito universitario en la región.
Llegaba así Díaz Ayuso a un resumen pormenorizado de las primeras medidas propuestas para la configuración del futuro texto sobre universidades. De la puesta en marcha de proyectos de investigación en Formación Profesional a las nuevas vías de financiación y colaboración entre instituciones apoyadas, claro, en la "libertad" de cada centro y, en especial, en la "excelencia", pasando por la creación de un distrito único de prácticas, la concesión de créditos por voluntariado o la eliminación de burocracia. También la apuesta en firme por la enseñanza en español, la protección a los grados de Humanidades con menor demanda o el establecimiento de criterios claros que establezcan que "un máster sea un máster" y "una cátedra sea una cátedra".
Sobre tales iniciativas y, en concreto, lo relativo a la financiación, pondría también el foco la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mar Espinar. "El lunes, hablando sobre universidades, no dijo una verdad ni por error", resumía contundente. Toda una declaración de intenciones que precedería a la que a su juicio es la pregunta del millón: "¿Qué porcentaje del Producto Interior Bruto se destina a transferencias corrientes a las universidades públicas? Le voy a pedir solo ese dato. Esa cifra concreta, nada más (...). Se lo voy a decir yo. El 0,4 por ciento. Se invierte 6.000 euros por alumno. Casi lo mismo que paga usted al mes por su aticazo".
La cuestión sería reprochada, a renglón seguido, por la propia Díaz Ayuso, argumentando que "el PIB no se transfiere" y que la financiación a las universidades "va a ir a más" de la mano de una Ley que, aunque "aún no está escrita, ya tiene encima una huelga". Más vehemente aún se mostraría su segundo de a bordo, Carlos Díaz-Pache. "Señora Espinar, le ha vuelto a traicionar el subconsciente. Le ha preguntado por el Producto Interior Bruto, pero sabe que la presidenta no dispone del PIB regional. Eso solo ocurre en las dictaduras comunista. Tiene un presupuesto derivado de la financiación autonómica. Lo que queda después de pagar la fiesta nacionalista", remataba.
"La presidenta no dispone del PIB regional. Eso solo ocurre en dictaduras comunistas"
El fuego cruzado, como viene siendo norma en las últimas fechas, vendría además aderezado por acusaciones de todo pelaje hacia la supuesta corrupción que, a juicio Popular, rodea tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a su entorno más próximo. Para muestra, la pretendida mediación de José Luis Ábalos en el rescate a Air Europa tras la "reunión" mantenida entre la mujer del presidente, Begoña Gómez, y el CEO de la compañía. También hacia el "runrún" sobre el futuro de la dirección nacional del PP, materializado en la nueva fecha para la celebración de su Congreso, y la supuesta intención de Díaz Ayuso por "mover la silla" a su líder, Alberto Núñez-Feijóo, en los próximos meses.
Un nuevo encontronazo acompasado a las últimas derivas judiciales que apuntan hacia ambas fuerzas a escala local y autonómica. Por un lado, el regreso al juzgado de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, después de que la Audiencia Provincial tumbase el recurso de la primer edil, a quien se investiga por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos. Por otro, la comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acusado de participar en el nombramiento presuntamente irregular de una asesora de Begoña Gómez.
Beca comedor universal y reducción de gasto político "superfluo"
Por su parte, las portavoces de los grupos parlamentarios de Más Madrid y Vox, Manuela Bergerot e Isabel Pérez Moñino, han preferido centrar el tiro de su intervención en dos de sus grandes hits. Para los progresistas, la necesidad acuciante de una "renta universal por crianza" y una "beca comedor universal" como diques frente al "incremento de la desigualdad" a raíz de "30 años de gobiernos Populares".
Especialmente, frente a un índice de pobreza infantil que, de acuerdo con los datos expuestos, afecta ya a "tres de cada diez niños" en la "región más rica" del país. ¿Qué diferencia hay entre el hijo de un militar y el de una cajera? ¿O entre el de un policía y el de un oficinista?", se preguntaba Bergerot en alusión a las novedades en las becas comedor 2025-2026. "Son unos desalmados que enfrentan a las familias y, a quienes no consideran de los suyos los dejan sin comer", sentenciaba ante las iniciativas propuestas por el Ejecutivo autonómico para atraer más fuerzas de seguridad a la Comunidad.
En Vox, por su parte, reiteraban otro antiguo anhelo: la "eliminación de gasto político superfluo" mediante "la reducción del número de diputados" en la Cámara de Entrevías. "¿Cuándo piensa cumplir esta promesa?", retaba Pérez Moñino a la presidenta instantes después de defender la "relevancia" de su formación a fin de, entre otras cuestiones, "eliminar subvenciones a los sindicatos comegambas" y a las "ONGs proinmigracionistas".
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