Algunos vecinos de los municipios madrileños de Colmenar Viejo y Tres Cantos llevan meses protestando contra la instalación de una planta de biogás en el primero de los municipios. Este domingo, 27 de abril, se ha convocado una manifestación para protestar por esta instalación. Denuncian una futura insalubridad potencial en los residuos, así como malos olores permanentes a pesar de que Pedro Ayala, portavoz de la Plataforma contra la “macroplanta” de biogás en Colmenar Viejo y concejal de Ganemos Tres Cantos, reconoce que no conocen el proyecto a fondo y en su totalidad, ya que han solicitado acceso a él en numerosas ocasiones a través del Ayuntamiento de Colmenar Viejo pero no lo han conseguido hasta el momento.
Desde la UTE responsable del proyecto, formada por PreZero y Enagás Renovables, han explicado a Madridiario que “no existen elementos o procesos potencialmente contaminantes empleados en la purificación del biometano, ya que se realiza mediante procesos físicos y químicos seguros, membranas o carbón activo”. Así, aseguran que tampoco se generan residuos peligrosos, todos los elementos permanecen confinados en sistemas cerrados y se gestionan de forma segura acorde a la normativa europea vigente. La empresa asegura que al procesar la materia orgánica en recintos cerrados se evita la dispersión de olores y vapores.
Además, la planta incorporará sistemas de mitigación de olores y de captura y filtrado de gases. El biofiltro a emplear “elimina el 99 por ciento de las impurezas que le entran y cumplirá ampliamente el límite impuesto en la Autorización Ambiental Integrada”, según los promotores. Por último, la planta será monitoreada en todo momento para evitar su impacto ambiental, los olores y garantizar la calidad del aire durante toda la vida útil de la instalación.
Tampoco existe riesgo de contaminación hídrica según los promotores, ya que la planta contará con un sistema de gestión interna de lixiviados que impedirá filtraciones al suelo o a los acuíferos, ya que el proceso se realizará en circuito cerrado. Asimismo, los digestores y las balsas serán cubiertos y habrán sido equipados con colectores de gases para evitar escapes o infiltraciones.
En cuanto al potencial riesgo por su proximidad al núcleo urbano, los responsables del proyecto recuerdan que en Europa operan, en estos momentos, más de 20.000 plantas de biogás y 1.500 de biometano. Solo en Alemania, cuentan con 11.000 plantas de biogás y 250 de biometano, lo que, según explican, “demuestra la eficacia y capacidad de integración en el entorno sin perjuicios para la población”. En cuanto a la normativa vigente, “en ningún caso exige que la distancia mínima deba de ser de dos kilómetros”, solo sugiere reducir al máximo las distancias de transporte de los residuos y del digestato, detallan fuentes de la UTE.
Ayala también asegura que la planta tratará purines, pues “han solicitado y les han concedido” autorización para un 20 por ciento. Los promotores argumentan que, en efecto, se incluye esa posibilidad pero porque la concesión de la autorización lo incluye en todos los casos. A pesar de que podrían tratar purines, afirman que no está previsto en ningún caso, ya que la planta ha sido diseñada para tratar solo residuos orgánicos urbanos e industriales o lo que es lo mismo, lo que va al cubo marrón. Además, según explican los promotores, la subvención europea de los Fondos Next Generation impide que en la planta se traten residuos de origen animal, por lo que la planta de Colmenar no tratará purines en ningún caso.
En cuanto al tamaño, la futura planta tratará 75.000 toneladas de residuos al año, unas dimensiones que, según Ayala, no necesitan estos dos municipios que “ni siquiera cuentan con un contenedor marrón”. Por su parte, la UTE responsable ha explicado a Madridiario que el proyecto no ha sido diseñado para que se beneficien de él solo dos municipios, sino otros de la misma zona que podrán enviar a esta planta sus residuos como ocurre en otros muchos casos, según la empresa responsable. Además, ponen sobre la mesa que en Europa funcionan plantas, como Tonder Biogás en Dinamarca, que tratan 900.000 toneladas de residuos cada año, por lo que no podemos hablar de “macroplanta” en este caso, sino de un tamaño medio. La planta de Colmenar comenzará su primer año de vida con un volumen de 20.000 toneladas e irá incrementando esta cifra hasta alcanzar las 75.000 seis años después.
Otro asunto preocupante, según la plataforma, es el que afecta al compost que se produciría en el proceso. “Nadie habla del compost pero los residuos del proceso, sean los que sean, tendrán que salir en camiones de la planta, lo que supone más tráfico pesado”, se queja Ayala. Además, el portavoz de la Plataforma defiende que aunque se aprovechara para fabricar compost, “en ciertos lugares se han cargado los suelos en los que han usado ese compost procedente de plantas de biogás por ser de mala calidad”.
La plataforma denuncia "opacidad"
Otra de las principales quejas de los vecinos es la opacidad: “Cuando hemos pedido información, el Ayuntamiento nos la ha negado y, aunque la Comunidad de Madrid sí que publicó el proyecto, el periodo de alegaciones lo abrieron en verano para que no se enterase nadie y por procedimiento simplificado al ser de Economía Circular”.
Según ha podido saber Madridiario, el proyecto pasó por un procedimiento de información pública (BOCM 235 del 3 de octubre de 2023) y se publicó en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Colmenar Viejo durante 30 días hábiles. El 15 de noviembre de 2024, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la aprobación definitiva tras la evaluación ambiental y la incorporación de medidas correctoras y condicionantes ambientales. Algunas de esas correcciones las propuso el propio Ayuntamiento de Colmenar Viejo en tiempo y forma, aunque no presentó alegaciones.
Asimismo, Pedro Ayala explica que los vecinos aún no han visto el proyecto completo, pero que saben que ha ido sufriendo modificaciones, por lo que entienden que la empresa tendrá que pedir una nueva autorización ambiental. En este sentido, los promotores aseguran que ha modificado lo que las autoridades han ido solicitando, precisamente, para la obtención de dichas autorizaciones, por lo que no es necesario pedir una nueva.
En definitiva, la plataforma defiende que “el proyecto está plagado de irregularidades y ocultaciones que apuntan más a la obtención de rápidos beneficios, al amparo de las subvenciones europeas, que a un proyecto de lógica utilidad pública”, denuncian desde la Plataforma. Sobre esta cuestión, los responsables del proyecto afirman que el proyecto cuenta con el respaldo de la Unión Europea, del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid y ha seguido un riguroso proceso de evaluación ambiental y ha sido sometido a consulta pública con diversas administraciones y organismos, asegurando un desarrollo transparente y conforme a normativa vigente. Además, la planta será auditada y controlada durante toda su vida útil en aspectos como el impacto ambiental, los olores o la calidad del aire, entre otros.
En cuanto al beneficio dudoso, explican que la planta generará unos 60 GWh al año, equivalentes al consumo de calefacción y agua caliente de 11.700 viviendas (unas 30.000 personas), más de la mitad de la población de Colmenar Viejo. También espera reducir en 15.000 toneladas las emisiones de CO2 anuales. Y en cuanto al empleo local y el retorno fical, dará trabajo a 110 personas de forma directa o indirecta y el municipio obtendrá ingresos vía tasas e impuestos.
La manifestación tendrá lugar el domingo 27 de abril y partirá de la Plaza de Toros de Colmenar Viejo, a las 11:30 horas, desde donde se avanzará en dirección al Ayuntamiento. Allí, miembros de la Plataforma, como el científico Fernando Valladares, explicarán las “deficiencias técnicas, ambientales y logísticas” de un proyecto que “jamás se ha explicado con claridad a los vecinos”.
Los convocantes aseguran que esta protesta “irá seguida de otras acciones si nadie quiere escucharnos” y anuncian su intención de acudir a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para hacer oír sus reivindicaciones. Hasta el momento, dicen, la Administración regional no ha se ha expresado sobre las desavenencias entre los dos alcaldes ni ha planteado la posibilidad de revocar la autorización inicial.
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