"Dignificar" la figura de los expresidentes madrileños, así como del resto de figuras que componen el Ejecutivo, "dar seguridad jurídica" y, de paso, poner fin a la "anomalía" que supone ser la única comunidad autónoma, junto con Cantabria, que carece de un marco regulador concreto para tales figuras. Esa es la premisa, convertida casi en compromiso, en la que Isabel Díaz Ayuso se apoyó hace ya más de año y medio para justificar la futura regulación del Estatuto de expresidentes. Dicho y hecho. Tal y como avanzó entonces la máxima mandataria regional, el texto arranca este jueves su trámite de consulta pública a través del Portal de Transparencia como paso previo a su aprobación definitiva, vía Consejo de Gobierno, en los próximos meses, en junio o julio.
La declaración de intenciones de la propia presidenta trajo ya entonces consigo una fuerte polémica. O lo que es igual, duras críticas por parte de la oposición. En concreto, fruto de lo que a sus ojos resulta una medida encaminada a instaurar una paga "vitalicia" para expresidentes. Un punto de conflicto sobre el que desde la Puerta del Sol han querido hacer especial énfasis a través de un comunicado remitido a Madridiario: "La futura normativa destaca expresamente que en ningún caso se tendrá derecho a una pensión de jubilación ni recursos personales o materiales vitalicios".
Sí habrá, no obstante, una "compensación económica" a raíz de la "incompatibilidad de altos cargos tras su cese". En la práctica, "recibirán una cantidad mensual por un tiempo equivalente al de su permanencia en el Gobierno, durante un máximo de dos años, correspondiente al 80 por ciento de sus retribuciones". En torno a 80.000 euros brutos anuales. Se trata, justifican a renglón seguido, de idéntica compensación a la que perciben los expresidentes de Gobierno central, de algunas regiones como Cataluña, Andalucía, Galicia o Navarra y los exministros, encaminada a paliar las consecuencias de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. Además, aseguran, no podrá cobrarse cuando se mantenga cualquier otra actividad pública o privada retribuida.
Tan solo podrán disfrutar estos beneficios, en cualquier caso, los expresidentes que cesen en sus cargos una vez haya entrado en vigor el Decreto del Estatuto. Un matiz importante, y es que quedan así excluidos todos los predecesores de Díaz Ayuso. De Joaquín Leguina a Pedro Rollán, pasando por Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. No será, por ende, necesaria la presentación de enmiendas para que aquellos expresidentes imputados en procesos judiciales no perciban paga alguna, tal y como se había especulado desde Más Madrid.
El viniente Estatuto de expresidentes de la Comunidad de Madrid, continúan, no reconocerá el derecho a pensión de jubilación, a diferencia de lo que ocurre en el País Vasco y Cataluña. Tampoco recibirán compensación económica por cese a favor de otros altos cargos, tal y como sucede en Navarra y Andalucía, reconocimiento expreso de la participación de los exconsejeros en órganos consultivos, como en el Gobierno central y Aragón, ni apoyo en el exterior, como en el Gobierno central, Aragón, Canarias, Castilla y León, Valencia y Galicia.
Otro aspecto que, desde el minuto 0, no terminaba de convencer a la oposición y que, sin embargo, se mantiene en la reforma dada hoy a conocer es que será el Consejo de Gobierno quien termine por validar el propio Estatuto. Dicho de otro modo, el mismo Ejecutivo que a la postre se verá beneficiado del nuevo marco regulador es el encargado de su elaboración y tramitación, tal y como se prevé en la Ley 1/1983 de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
Asesores, despacho y conductor
Con el objetivo de "ejercer la representación institucional", quienes hayan sido máximos dirigentes regionales durante un mínimo de dos años tendrán también derecho a disponer de "medios personales y materiales de asistencia". Esto es, dos personas de apoyo para el desarrollo de sus actividades -una suerte de asesores-, medios auxiliares necesarios en las dependencias de la Comunidad de Madrid -un despacho o similar- y un servicio de coche con conductor. Su ámbito de aplicación, en este caso, de dos a cuatro años, dependiendo de la permanencia en la Administración autonómica.
Asimismo, los expresidentes tendrán desde la entrada en vigor del nuevo Decreto trato de excelentísimo, podrán prestar servicios de asesoramiento, sin retribución alguna por ello, y ocuparán el lugar protocolario siguiente a los miembros del Consejo de Gobierno en el transcurso de los actos oficiales, "como ya se reconoce en las normativas de 15 comunidades autónomas".
Tales derechos, justifican, aparecen ya recogidos en la normativa del Gobierno central y en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura, Galicia, País Vasco, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, estas cuatro últimas, además, con "carácter vitalicio" o "sin fijar un límite temporal como también contempla la norma de la Administración General del Estado".
La participación como "vocales electivos" en la Comisión Jurídico Asesora también se contempla en la nueva norma. No incluye retribución fija, pero sí "dietas", cuyo importe, aún sin concretar, aunque podría rondar los 750 euros por cada Pleno al que asistán será decidido en último término por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, siendo en cualquier caso incompatible con la indemnización por cese. Tal función podrá desempeñarse por un periodo máximo de 12 años. Para ello, eso sí, resulta necesario haber ejercido la Presidencia de la Comunidad durante más de cuatro años y haberlo hecho, además desde el inicio de la legislatura.
Los expresidentes contarán también con los servicios de protocolo de la Comunidad de Madrid y serán "resarcidos" de los gastos derivados de su "actividad institucional". También dispondrán de los "medios para garantizar su seguridad cuando sea preciso", previa solicitud al Ministerio del Interior.
¿Qué pasa con los exconsejeros?
Los exconsejeros, por su parte, también gozarán de una compensación económica por incompatibilidad de altos cargos tras su cese. Se trata, del mismo modo, de una cantidad mensual por un tiempo equivalente al de su permanencia en el Gobierno, durante un máximo de dos años, correspondiente al 80 por ciento de sus retribuciones en activo. Además, contarán con tratamiento de excelentísimo y "con los honores y el protocolo que les corresponda". Además, podrán recibir los servicios de seguridad, siempre y cuando el Ministerio del Interior así lo estime.
Por todo ello, zanjan desde Sol, se trata de un modelo de Estatuto "austero, más restrictivo, exigente y transparente que los que funcionan desde hace años en el resto de comunidades autónomas y, además, con una previsión económica muy inferior a la de estas regiones".
Críticas de la oposición
"Lamentable". Así de sencillo -y contundente- ha definido la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, a preguntas de los periodistas en el transcurso del Pleno que se desarrolla en Entrevías la recién presentada medida. Para corregir esta tónica, marcada por el "gasto político supérfluo", y devolver a "madrileños y españoles al centro del debate", ha asegurado, solo cabe una receta: recurrir a la "motosierra".
"¿Qué podemos esperar del Partido Popular? Pues que sigan engordando los privilegios de los políticos, que siguen pensando y legislando a favor de los políticos y olvidándose de la gente corriente, de la gente trabajadora, de esos madrileños que miran con desolación a esta Asamblea de Madrid. Cada vez están más alejados de los problemas reales que tienen los madrileños (...). Nos parece lamentable. No creo que ningún madrileño, cuando deja su puesto de trabajo, tenga una compensación del 80 por ciento de la retribución que percibía en su puesto de trabajo. ¿Por qué los políticos tienen que tener estos privilegios?", ha resumido.
"Lo que sabemos es que la señora Ayuso va a tener chófer durante cuatro años. Y a mí me gustaría saber si ese trabajador va a conducir un Maserati o un Porsche Panamera", ha replicado, más escueta, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, en clara alusión al vehículo recientemente adquirido por el novio de la presidenta, Alberto González Amador.
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