Escuelas concertadas, familias y sindicatos de profesores, contra el veto de Ayuso al uso individual de pantallas en Educación

El reciente anuncio de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de limitar el uso de pantallas individuales en Infantil y Primaria en centros educativos sostenidos con fondos públicos ha desatado una oleada de reacciones en el ámbito educativo, en especial, entre los colegios concertados.

Desde Escuelas Católicas denuncian que esta medida, que todavía se encuentra en fase de proyecto, se haya tomado sin una "valoración previa o un diálogo" con los colegios concertados de la región y consideran que, de alguna manera, "desprecia el trabajo" que se ha ido realizando en las diferentes áreas de los centros para promover la digitalización.

"Es un proyecto de decreto que erradica la utilización de dispositivos digitales en la Educación Primaria. Es una medida excesiva y poco sensible con la realidad. La escuela está para formar al alumnado en una sociedad donde la digitalización es el lenguaje. Es la alfabetización del siglo XXI", ha explicado a Madridiario Emilio Díaz, secretario general de Escuelas Católicas de Madrid.

En la misma línea, se posiciona Juan Luis Yagüe, CEO Grupo de Colegios Casvi, quien califica de "sinsentido" y "auténtica locura" la nueva propuesta de la Consejería de Educación. "Me parece un paso atrás. Los colegios estamos para educar en todo, incluida la tecnología. Sacarnos de esta ecuación es un error", manifiesta.

Los centros no entienden este "paso atrás" en Educación porque algunos llevan desde 2011 utilizando pantallas que consideran necesarias para "que los alumnos sigan avanzando en su formación". "Esta prohibición va en contra de la normativa básica, contra la libertad para elegir el proyecto educativo para cada centro", expone Yagüe.

Los colegios han trabajado en proyectos de digitalización "absolutamente equilibrados y sensatos" que han ido perfeccionándose con el tiempo con la intención de "formar a los alumnos y alumnas en una sociedad digital". "Hay que formar a los alumnos en la digitalización con todo lo bueno que tienen y también con todo lo malo que pueda conllevar para que los estudiantes estén preparados", apunta Díaz.

Para Yagüe, los colegios deben preparar a los alumnos para hacer frente también a los problemas de la digitalización y destaca que el 90 por ciento de las incidencias surgen en el ámbito familiar y no en el colegio. "El problema está en el uso del teléfono como chupete tecnológico para tener al niño entretenido cuando no hay que utilizarlo", ha asegurado.

Buscar "pautas comunes"

Lo ideal no estaría en limitar o prohibir el uso de las tecnologías en las aulas, como propone el nuevo proyecto de la Consejería, sino en "regular" y establecer "pautas comunes" para tener un "un poco de equilibrio en esta tendencia", tal y como exponen desde Escuelas Católicas.

Los colegios concertados se muestran incrédulos ante el anuncio de la Consejería: "Parece que no han estado nunca en un aula que use pantallas". Desde la comunidad educativa señalan que los alumnos "siempre están supervisados por el profesorado". "Es desde niños cuando hay que empezar a educarles en estas destrezas, en el manejo de la tecnología. ¿Cómo van a resolver sin educación previa las incidencias que puedan surgir, durante la adolescencia, con las redes sociales?", se pregunta Yagüe.

Tanto Yagüe como Díaz tienen claro que no se trata de elegir entre papel o pantallas porque en la sociedad conviven los dos formatos y, por lo tanto, la escuela debería ser un reflejo de esa sociedad.

Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE-Madrid) también han reiterado su compromiso con una “educación de calidad y con la colaboración leal y constructiva con todas las instituciones implicadas en la enseñanza y en la protección del alumnado”.

“Nos preocupa que este nuevo marco normativo pueda limitar principios esenciales como la libertad y autonomía de los centros educativos, principios que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido siempre. La pluralidad de modelos educativos y la libertad de enseñanza deben garantizarse siempre, asegurando que cada centro pueda desarrollar su proyecto educativo con coherencia y en beneficio del alumnado y sus familias”, apostillan.

CECE Madrid defiende el uso progresivo de la tecnología con el fin de que “sea una herramienta al servicio del aprendizaje y del desarrollo personal del alumnado”. “Somos conscientes de las inquietudes y el debate social que genera el uso de dispositivos digitales en el aula, pero creemos en un enfoque basado en la escucha, el acompañamiento y la libertad de elección”, han señalado.

Para esta entidad educativa, el debate debe centrarse en cómo integrar la tecnología de manera adecuada en el aprendizaje sin restringir la autonomía de los centros ni la capacidad de las familias para elegir el modelo educativo que mejor se adapte a sus valores y necesidades.

“Pedimos un espacio de diálogo y participación del sector educativo en el proceso de redacción del decreto, asegurando que todas las voces del sector educativo sean escuchadas. Es fundamental seguir construyendo espacios de encuentro, reflexión y consenso para abordar juntos los desafíos educativos del presente y del futuro”.

Inversión perdida

En estos últimos años, los centros de educación se han preparado para la digitalización. La Comunidad de Madrid, de hecho, "ha obligado" a los centros y a sus profesores a "someterse a costosos y exhaustivos procesos de captación digital, informándoles y examinándoles para obtener la certificación de capacitación digital según el marco Europeo". Lo que supone una gran inversión por parte de la Consejería de Educación, que ahora se ve comprometida.

"Ha habido un gran esfuerzo inversor por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en promover la digitalización en las escuelas, cumpliendo con la normativa Europea y estatal", manifiesta Díaz. Una inversión a la que hay que sumar el gasto por parte de los propios centros educativos para completar la formación de su profesorado y para adquirir tecnología.

Tal y como ha podido constatar este digital, con el objetivo de hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, la inversión regional para la compra de ordenadores -más de 25.000- destinados a centros públicos y concertados superaba ya los 13 millones y medio de euros en diciembre de 2020.

Un "claro ataque al profesorado"

Por su parte, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) también se ha posicionado sobre esta normativa, que "constituye un claro ataque al profesorado al poner en duda su capacidad de utilizar adecuadamente todos los recursos de los que dispone, recursos que han sido proporcionados por la propia Consejería con una gran inversión y sobre los que los docentes han sido formados para un correcto uso".

Para este sindicato, limitar el uso individual de los dispositivos supone "restringir las posibilidades de que los alumnos puedan adquirir estas habilidades" y añade que el uso abusivo y problemático de estas herramientas "no se produce en los centros educativos, donde están supervisados y tienen una finalidad educativa".

El responsable de CSIF Educación en Madrid, Miguel Ángel González, reprocha al Gobierno regional que la decisión se haya tomado "sin consultar a los docentes y sin tener en cuenta el perjuicio en aquellos centros que tenían los proyectos aprobados" y ha exigido que "se tenga en cuenta la opinión de los docentes, que tengan voz y voto".

Asimismo, desde CSIF llaman la atención sobre el hecho de que "son numerosos los centros que han apostado por ofertar una enseñanza basada una metodología donde el uso individual de los recursos digitales tienen un peso determinante y que ha sido elegida de forma voluntaria por las familias a las cuales se les hurta la posibilidad de que sus hijos terminen la escolarización en ese modelo".

Fomentar el "uso responsable"

Colegios y sindicatos no son los únicos que se posicionan en contra de la iniciativa. Para la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, de hecho, defienden la necesidad de "actualizarse" y "adaptarse a nuevas realidades", sin que esto conlleve regresar a "sistemas educativos tradicionales que no se sabe si están referenciados en más de 50 años atrás".

La solución, por el contrario, pasaría, por "no obviar" en ningún caso una "realidad" como es el uso de dispositivos digitales por parte de los niños y jóvenes. Trabajando, asimismo, en paralelo a un "uso responsable y adecuado" de los mismos.

"Hay realidades que no deben obviarse como es, en este caso, los dispositivos digitales. Trabajar en un uso responsable y adecuado es necesario siempre, eso sí, sin detrimento de la consecución de las competencias digitales marcadas en la legislación vigente".

Desde la FAPA critican asimismo la falta de diálogo en el proceso. Un "error de partida" que, sostienen, no es la primera vez que cometen en la Consejería de Educación: "No es la primera vez que se anuncia una propuesta sin haber sido debatida previamente por la Comunidad Educativa, algo que consideramos un error de partida. No debe continuar anunciando a la comunidad educativa sus propuestas políticas a través de ruedas de prensa".

A partir de ahora, zanjan, "estaremos muy pendientes del desarrollo normativo (…). Cuando conozcamos el borrador, podremos afirmar lo que realmente se pretende. De momento, no pasa de ser un anuncio más".