La Comunidad llevará a los tribunales el acuerdo para la redistribución de menores migrantes entre Gobierno y Junts

La última redistribución de menores migrantes pactada este mismo martes por el Gobierno y Junts ha vuelto a despertar, como cabía prever, los recelos de un Ejecutivo autonómico incrédulo ante una política migratoria, la de Pedro Sánchez, que no dudan en calificar de "lastre para todos". Tanto es así que el acuerdo, tildado por la propia Isabel Díaz Ayuso de "lamentable" en sus redes sociales, será recurrido ante la Justicia nacional y europea a fin de forzar su supensión.

"Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la Unión Europea (UE), que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias", recoge el mensaje publicado por la máxima mandataria regional este mediodía en su cuenta oficial de 'X', anteriormente conocida como Twitter.

En concreto, la actualización del artículo 35 de la Ley de Extranjería acordado hoy prevé, vía Real Decreto, que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda aprobar por unanimidad aquellos requisitos necesarios para declarar la situación de "contingencia migratoria extraordinaria". El equivalente a establecer los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados que lleguen a España, favoreciendo así su reubicación a fin de prevenir -o paliar- el colapso de los servicios sociales y sanitarios en las principales regiones receptoras.

Entre los criterios a tener en cuenta, el volumen total de población y su distribución geográfica, el nivel medio de renta, la tasa de desempleo, el número de plazas de acogida disponibles, estableciendo como ideal una cama por cada 2.500 habitantes, la insularidad o el "esfuerzo" previo destinado a acoger a estos menores.

La indignación en las filas madrileñas llega después de que la nota de prensa distribuida por los independentistas catalanes esta mañana celebrase un reparto desigual entre comunidades en base al volumen migratorio atendido con anterioridad. En concreto, los de Carles Puigdemont aseguran que el mayor peso del nuevo reparto recaerá sobre todo entre aquellas regiones que "hasta ahora no han acogido" o "han realizado un esfuerzo mucho menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Cataluña". En la práctica, esto supondría que del total de menores a distribuir por el conjunto del país, en torno a 4.500, Cataluña acogería "entre 20 y 30" mientras Madrid debería responsabilizarse de "más de 700".

El acuerdo, apostilla la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, incluye asimismo la financiación de un fondo extraordinario próximo a los 100 millones de euros a repartir entre las comunidades más tensionadas en la actualidad.

Reacciones en cascada

En la misma línea expuesta por la presidenta, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, critica la total ausencia de diálogo con las comunidades en el transcurso de las negociaciones. "Antes de hablar de la financiación de esos recursos, habrá que hablar precisamente de cómo es posible que un Gobierno llegue a un acuerdo con un partido independentista al margen del resto de comunidades autónomas que ayer estaban reunidas en la Conferencia Sectorial", censura para, a renglón seguido, cargar con dureza contra un Gobierno "echado al monte" y que, al menos a su parecer, "es capaz de cualquier cosa" para "mantenerse en el poder".

Por su parte, y aunque aún se desconocen las cifras oficiales de menores que deberá acoger cada región, desde el Gobierno central apelan ya de manera preventiba a la "solidaridad" de las comunidades receptoras a fin de repartir el gran peso migratorio que vienen asumiendo en las últimas fechas tanto la ciudad autónoma de Ceuta como las Islas Canarias.

"Este país es mucho más solidario, es mucho más, cree mucho más en los derechos humanos de lo que se cree la señora Ayuso y el Partido Popular, que están entregados a un discurso absolutamente xenófobo y racista que es el de Vox, que es el de la ultraderecha", reprocha el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, tras darse a conocer la declaración de intenciones de la presidenta.

De forma similar se ha expresado también la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, para quien Díaz Ayuso debe comprometerse a "garantizar los derechos" de los menores extranjeros que lleguen a la región en las próximas semanas. Una garantía, apostilla, que no puede pasar en ningún caso por el "hacinamiento" en "centros aislados de los núcleos urbanos" como sería, sin ir más lejos, La Cantueña de Fuenlabrada.

Hasta la fecha, trasladan fuentes de Sol a Madridiario, la Comunidad habría atendido a un total de 10.618 menores extranjeros no acompañados desde 2019. Una consecuencia directa, aseguran desde la Real Casa de Correos, de la "nefasta política migratoria de Sánchez".

La cifra total de menores atendidos por el Ejecutivo regional no tardaría en ser duramente criticada por Vox. Y es que los de Isabel Pérez Moñino, tal y como ya han expuesto en ocasiones anteriores, son más partidarios de la "repatriación de todos los MENAs a sus países de origen con sus familias". "¿Cuántos millones de euros de dinero público ha destinado a mantenerles (...)? ¿Quién se lo está llevando crudo?", se preguntan.