Ayuso carga contra la "Ley Begoña" de Sánchez: "Pretende una amnistía preventiva a su familia y su entorno"

La polémica en torno a la pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal presentada días atrás por el PSOE y que aspira a limitar la acción de las acusaciones populares en los procedimientos judiciales ha llegado este miércoles a la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño. Por voz de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la autoridad regional anuncia que dará "todas las batallas posibles" frente a lo que no duda en tildar de "atropello al Estado de Derecho" comandado por el propio Pedro Sánchez con el objetivo último de "amnistiar" de manera "preventiva" a "su familia y su entorno", incluyendo figuras tan relevantes como su mujer, Begoña Gómez, investigada por su relación laboral con la Universidad Complutense, su hermano, David Sánchez, o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por presuntas filtraciones en el caso que afecta a Alberto González Amador. Un nuevo foco de conflicto, en definitiva, entre ambos niveles de la administración. O lo que es igual, el enésimo capítulo en el perenne desencuentro en el que permanecen inmersos ambos líderes.

A juicio de Díaz Ayuso, la recién bautizada como "Ley Begoña" supone "dinamitar" el Estado de Derecho pues "ata las manos de los jueces", "limita el derecho a la tutela judicial efectiva" y "acaba" con el derecho de libertad de prensa consagrado en la Constitución. Todo encaminado, tal y como ya había vaticinado en ocasiones anteriores, a "prohibir" el ejercicio de la acción popular contra el presidente, sus familiares, el PSOE o "cualquier socialista afín al sanchismo", y que este pueda permanecer en La Moncloa: "Sánchez pretende con esta reforma atar las manos a los jueces usurpando sus funciones acabar con la libertad de prensa y limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, acabando con una institución jurídica de historia centenaria en España y que hace nuestro sistema mejor y más justo que el de otros países occidentales. Todo de nuevo solo por blindarse y mantenerse en el poder a costa de que de lo que sea. Esta proposición de ley es una especie de amnistía preventiva a la familia de Pedro Sánchez y a su entorno más cercano, incluido el imputado Fiscal General del Estado".

Puesto que la cuestión va más allá de una "disputa entre políticos" y "también se trata de sembrar la discordia y la desconfianza y el guerracivilismo" entre la población, así como de "ir contra nuestra historia y nuestra cultura", ha añadido a renglón seguido la máxima mandataria autonómica, la Comunidad plena agotar todos los recursos judiciales presentes y futuros a fin de paralizar la propuesta de modificación. "Vamos a dar todas las batallas posibles para que esté atropello contra el Estado Derecho no culmine. No se trata de una disputa entre políticos, no se trata de lo que ellos pretenden, se trata simplemente de dinamitar este Estado de Derecho robusto que nos hemos dado y que nos pertenece a todos los españoles", ha aseverado.

La presidenta considera además que, a medida que avanzan las investigaciones abiertas en el seno del Partido Socialista, tales como el sonado 'Caso Koldo', "el Gobierno -de España- solo puede ir cambiando las reglas para amnistiarse a sí mismo y no cabe mayor acto de corrupción". Un escenario, en definitiva, que en nuestros tiempos conduce, "poco a poco", hacia una "dictadura" de corte bolivariano: "Sánchez sabe que si convoca elecciones va a tener que irse, y por eso da un golpe en el tablero para dejar sin castigo sus actos y para asegurarse la impunidad futura. Nos encontramos ante un golpe a la Constitución y la convivencia, el tipo de golpe que en el siglo XXI hace caer a las democracias liberales poco a poco, un paso detrás de otro para que la población se vaya resignando y para fingir que nada de esto es un acto de fuerza mientras España deja de ser un socio fiable de las instituciones internacionales de las que somos parte esencial", ha zanjado Díaz Ayuso.

En concreto, la reciente Proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE y criticada por el Gobierno madrileño prevé que las acusaciones particulares no puedan tomar parte en la instrucción de casos mediáticos y de gran relevancia pública, exceptuando delitos como la financiación ilegal. Ello supondría asimismo la exclusión de partidos políticos o asociaciones de jueces y fiscales, entre otros actores, de las investigaciones en curso sobre Begoña Gómez, Álvaro García Ortiz o José Luis Ábalos. Su participación quedaría en último término restringida a casos muy específicos, unificando todas las acusaciones populares bajo una única dirección letrada y debiendo probar con anterioridad que esta no involucra intereses ajenos a la propia investigación.