Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha afirmado que no estaba al tanto del intercambio de correos electrónicos entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amaador, antes de que los medios de comunicación lo hicieran público.
Durante la rueda de prensa que ofreció en Moncloa para hacer un balance del año que finaliza, Sánchez respondió con un breve "no" al ser cuestionado sobre su conocimiento de este intercambio de correos electrónicos.
Se ha planteado esta pregunta al presidente, teniendo en cuenta que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que varios altos funcionarios de La Moncloa y del PSOE estaban al tanto del correo que contenía información sobre el novio de Ayuso, lo que ha llevado a investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El máximo responsable del Ministerio Público cuenta con la confianza de Sánchez, quien ha negado tener conocimiento sobre esos correos y ha aprovechado la ocasión para reafirmarlo.
"La confianza en el fiscal general del Estado era total antes del informe de la UCO, y creo que, tras dicho informe, ha aumentado incluso más", ha destacado. "La confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado se ha incrementado aún más después del informe de la UCO", ha indicado.
Sánchez ha expresado además su descontento ante la existencia de "medios de comunicación conservadores" que, cuando los informes de la UCO "les son de interés", los consideran "como los diez mandamientos".
Sin embargo, ha zanjado, cuando esos mismos informes "no corroboran sus posiciones previas", entonces "resulta que no son tan claros y no hay que tenerlos en cuenta".
Por su parte, la defensa de González Amador ha pedido vía escrito al Tribunal Supremo que se analicen posibles conversaciones del fiscal general del Estado con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y su sucesor y ex director de comunicación del PSOE Ion Antolín; y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.
En concreto, solicita que se amplíe el análisis de los dispositivos de García Ortiz y de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a "todas las conversaciones que figuren en los dispositivos mantenidas" con dichos cargos de Moncloa señalados en el último informe de la UCO y con tres periodistas, si las hubiera.
Respecto de estas personas también pide al magistrado que ordene a las compañías telefónicas para que "conserven los datos generados y tratados" desde 7 de marzo. Y, además, quiere que se reclame al director de gabinete del Grupo Parlamentario Asamblea de Madrid (GPAM), David del Campo, sus conversaciones entre el 7 y el 14 de marzo con Valles, Antolín y Sánchez Espadas.
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