Casi al límite del plazo previsto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha firmado el convenio del Programa María Goyri con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta iniciativa facilitará la incorporación de 1.091 nuevos docentes en las seis universidades públicas de la región: Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III. La inversión estatal destinada a esta medida alcanzará los 169 millones de euros en la comunidad.
La ministra del ramo, Diana Morant, y el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, junto con los seis rectores de las universidades, han participado en el acto celebrado en la sede del Ministerio. Los rectores presentes fueron Joaquín Goyache, de la Complutense; Ángel Arias, de la Carlos III; Amaya Medikoetxea, de la Autónoma; Javier Ramos, de la Rey Juan Carlos; José Vicente Saz, de la de Alcalá; y Guillermo Cisneros, de la Politécnica.
Contundente ha sido la intervención del consejero de Educación tras la firma del convenio. "Este convenio hipoteca a la Comunidad de Madrid por valor de 2.000 millones de euros. No es un convenio, es una imposición, una cacicada, un chantaje en el que Pedro Sánchez invita y las comunidades autónomas pagamos", ha manifestado Viciana.
Asimismo, ha expresado su desacuerdo con que el convenio "pretende acabar con la figura del profesor asociado". "El Gobierno de Pedro Sánchez busca eliminar los vínculos entre la universidad y la empresa, deseando aislarla en términos ideológicos y en su dependencia de los poderes públicos", ha señalado el consejero.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido objeto de críticas por parte de Viciana, quien señala que "obliga a cotizar a los estudiantes en las prácticas". Además, afirma que "la gran mentira del convenio es que rejuvenece a las plantillas, porque es un convenio para pagar los costes de la LOSU".
El rector de la Carlos III y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA) ha adoptado un tono diferente en su discurso, comenzando con la afirmación de que "hoy es un buen día para la sociedad, es un día de alegría". Además, ha señalado que "el acuerdo es un hito histórico, porque muestra el compromiso conjunto del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid, a la que las universidades públicas agradecemos esta importante apuesta de presente y futuro".
Arias ha agregado que las universidades públicas son un asunto de Estado, ya que representan un bien común que necesita ser respaldado y protegido. "Este convenio es un paso para avanzar en esta dirección", concluyó.
La ministra ha expresado su confusión respecto al discurso de Viciana durante su intervención. "Es el primer convenio que firmamos y que no sabemos si los que lo han firmado están o no están en el convenio. Es desconcertante. Voy a seguir con mi convencimiento de que hoy es un día histórico para las políticas universitarias de nuestro país", afirmó Morant.
Rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores en las universidades públicas es el objetivo principal del programa, al que se han sumado todas las comunidades autónomas en los últimos meses.
De las 1.091 nuevas plazas que se crearán en la región, el 60 por ciento (656) será financiado por el Gobierno central durante los primeros seis años, con una inversión total de 169 millones de euros. Por su parte, la Comunidad de Madrid asumirá el 40 por ciento restante (435) y se encargará de todas estas contrataciones una vez transcurrido ese sexenio, mostrando su disposición a destinar 17,5 millones anuales para llevar a cabo esta iniciativa a partir del año 2025.
Esta firma llega tras varios días de negociaciones entre ambas administraciones sobre las condiciones propuestas. A principios de diciembre, la ministra Morant dirigió una carta a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la que le reprochaba ser la única región que no había aceptado la ayuda económica del Estado y cuestionó "la dramática situación" que enfrentan las universidades públicas en Madrid.
Horas después, la Consejería de Educación comunicó su intención de firmar el convenio, aunque manifestaron su deseo de modificar ciertos aspectos de la redacción del documento. Según señalaron, "impone contratar a una única figura docente, la de profesor ayudante doctor, y no soluciona otros problemas de plantilla".
El día posterior, el Ministerio fue claro al señalar que no modificaría el texto original, dado que se mantenían los mismos términos que en otras comunidades autónomas, muchas de las cuales están bajo el gobierno del Partido Popular.
Finalmente, la firma del convenio fue aceptada por el consejero de Educación este lunes expresando como en el día de hoy su desacuerdo con el proceso que se siguió, al que calificó de "cacicada". También mencionó que se había forzado a la Comunidad a optar entre "lo malo y lo peor". Esta decisión recibió ratificación en el Consejo de Gobierno de este miércoles.
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