La jueza de Navalcarnero que llevó a cabo la investigación sobre Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, ha recibido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que complete las indagaciones judiciales relacionadas con la supuesta comisión de delitos de corrupción en varios contratos que se consideran irregulares durante su mandato como concejal.
Europa Press ha tenido acceso a un auto en el que se rechaza la inhibición acordada por la magistrada el 13 de junio pasado, devolviendo así la causa para que se completen las diligencias pendientes.
Asimismo, se pide que se envíe a esta Sala una exposición detallada que explique "qué hechos denunciados constituyen delito, su eventual imputación a la denunciada y la correspondiente atribución a este Tribunal para el conocimiento de la causa".
El magistrado del TSJM indica que la inhibición "no establece una relación precisa, dentro de lo que es la fase de investigación criminal en la que nos encontraríamos, entre una serie de hechos que, objetivamente, no tienen por sí mismos la naturaleza de delito y la obtención de beneficios patrimoniales, ya sea para sí o para personas cercanas en su entorno familiar, ni tampoco que configuren una actuación de tráfico de influencias o presunta corrupción en el ejercicio de su cargo".
Se menciona que "la investigada habría recibido 51.104,67 euros de una empresa y del otro investigado, los cuales corresponderían al pago del alquiler de un ático en Arroyomolinos entre los años 2008 y 2012; sin embargo, el auto no establece una relación con ninguna supuesta actuación delictiva en su papel como concejala".
En una resolución emitida en octubre, la jueza destacó que hay indicios "sólidos" y "suficientemente justificados" en relación a la exalcaldesa de Arroyomolinos.
En un auto, la jueza consideraba parcialmente un recurso de reforma presentado por el Ministerio Fiscal, el cual impugnaba la decisión del 13 de junio que acordaba la inhibición a favor del Alto Tribunal madrileño.
La existencia de indicios suficientes que apuntan a la comisión de delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública por parte de Millán fue lo que motivó su acción.
La jueza, en su argumentación, consideraba innecesario llevar a cabo más diligencias probatorias, dado que un informe de la Guardia Civil había concluido que "por el Consistorio antedicho se adjudicaron nueve contratos (7 mayores y 2 menores) a varias de las empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011".
La magistrada señalaba que "las conclusiones de tal informe, junto con el resto de las diligencias practicadas a lo largo de la causa, tales como entradas y registros, múltiples requerimientos de medios de prueba documentales, declaraciones de las propias partes, declaraciones testificales, análisis de la información recabada y los atestados, llevaron a la determinación de que los indicios son sólidos y suficientemente justificados frente a una investigada que por el cargo que ostenta actualmente se encuentra aforada".
"Con todo lo anterior, se considera que lo más prudente es que, en caso de considerarse necesario, sea el órgano que pueda ser competente dado el aforamiento, el que pueda decidir sobre la utilidad y necesidad de su práctica", recalcaba.
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