La jueza recurre a la UCO ante la "complejidad de la investigación" sobre González Amador

La jueza Inmaculada Iglesias, al frente del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar el caso que implica a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por presunta corrupción en los negocios y administración desleal.

Así lo establece en un auto fechado este viernes y relacionado con una pieza separada de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press. En el documento, el juzgado da un plazo de cinco días para presentar recurso de apelación. La medida responde a la petición de la Fiscalía, que reclamó la intervención de la UCO "atendiendo a la complejidad y el carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva".

Según el auto, basado en datos de la Agencia Tributaria, la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio, propiedad de González Amador, registró un notable aumento de ingresos en 2020 y 2021 por la intermediación en la venta de material sanitario y por cuantiosas facturas emitidas a su principal cliente, Quirón Prevención SL.

El documento judicial destaca una operación llamativa: en diciembre de 2020, Maxwell compró por casi medio millón de euros la sociedad Círculo de Belleza SL, propiedad de la esposa de un alto directivo de Quirón. Tres meses antes, la mujer había adquirido el 40 por ciento restante a su marido y a su cuñado por apenas 8.000 euros cada uno, lo que, según la jueza, supuso un "incremento superior al 1000%" en el valor de la sociedad en ese corto periodo.

Para el fiscal, esta transacción no responde a una lógica empresarial, ya que la sociedad "carecía de actividad, medios personales y materiales". En su análisis, señala que hay indicios de que se trató de una operación encubierta “para retribuir la intermediación entre FCS y MAPE o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención”.

En total, en 2020 Maxwell percibió 1,9 millones de euros en concepto de "comercialización clientes", derivados de su papel en la venta de material de protección sanitaria por parte de FCS Select Products SL a MAPE Asesores SA. Entre las facturas figuran una de 834.320 euros (5 de mayo) y otra de 1,1 millones (5 de agosto).

Más adelante, en octubre de 2022, la inspección fiscal detectó que la sociedad Círculo de Belleza SL, posteriormente renombrada como Masterman & Whitaker SL, era una "sociedad instrumental" utilizada por Maxwell para desviar parte de su actividad real con Quirón, simulando que era Masterman la prestadora de los servicios, pese a que “carece de los medios personales ni materiales adecuados para tal fin”.

Para dar cobertura legal a esta maniobra, Maxwell firmó el 15 de diciembre de 2021 un contrato con Masterman y Quirón Prevención por el que cedía parte del contrato de "Gran Cuenta". Un día después, González Amador pasó a ser socio y administrador único de Masterman, lo que le permitía disponer "libremente de los fondos" acumulados.

La conclusión de la inspección es clara: se trató de una "simulación de los servicios prestados", siendo Maxwell la verdadera prestataria que debió facturar directamente a Quirón. En cambio, Masterman solo habría servido para encubrir los beneficios.

Por todo ello, y ante la “complejidad de la investigación” y el posible blanqueo de capitales, el juzgado acuerda oficiar a la UCO para que investigue si el producto de las actividades presuntamente delictivas fue transformado o disimulado para ocultar su origen ilícito.

Más Madrid y PSOE celebran la intervención de la UCO

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha celebrado las novedades judiciales en torno al novio de la presidenta regional, un caso que. a su entender, "está obteniendo todos los credenciales de trama de corrupción” y que, por tanto, “no podía faltar una investigación a fondo de la UCO”.

Bergerrot ha pedido que se aclare “hasta dónde llegan los negocios turbios” de González Amador y ha subrayado la necesidad de “seguir la pista del dinero”. Además, ha exigido conocer “la contrapartida del ático” y el modo en que el empresario “logró dar un pelotazo de dos millones de euros para hacerse rico en plena pandemia”.

También ha vinculado directamente el estilo de vida de la presidenta regional con la actividad del Grupo Quirón: “Queremos saber cuál es la relación entre el tren de vida de Ayuso y los 1.300 millones de euros por encima del presupuesto que se han llevado los hospitales del Grupo Quirón desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha trasladado.

Por su parte, el PSOE ha reaccionado a la decisión de la jueza afirmando en redes sociales que “todo se acabará sabiendo”. El partido denuncia que “se forraron en lo peor de la pandemia y ahora viven como reyes en áticos millonarios”, en referencia al presunto delito de corrupción en los negocios y administración desleal que se investiga en esta pieza separada del caso.