El Tribunal Supremo abrirá una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de presunta revelación de secretos por la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Esta acción es histórica, dado que es la primera ocasión en la que se imputa al máximo responsable del Ministerio Público.
María Ángeles Sánchez-Conde, teniente fiscal del Supremo, expresó su oposición a que el alto tribunal llevara a cabo una investigación sobre su superior, el fiscal general del Estado. Consideró que los hechos no eran "constitutivos de delito" y solicitó que se "archivaran las actuaciones".
El criterio de la Fiscalía ha sido diferido por el Supremo al analizar la exposición razonada que en julio pasado fue elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esto ocurrió tras la presentación de una querella contra el fiscal general del Estado, interpuesta por Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, por revelación de secretos.
González Amador presentó una demanda en los tribunales debido a la divulgación de una nota informativa en la que se detallaba el intercambio de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto, relacionado con el presunto fraude fiscal que está siendo objeto de investigación. La responsabilidad de ese comunicado fue asumida por García Ortiz.
El TSJM determinó que la divulgación de la nota no coincidía con la "alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal" -desmentir un bulo-, ya que, en su opinión, "aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros".
La defensa de la Fiscalía argumentó que "dar a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos era especialmente necesario para el Ministerio Fiscal, puesto que al alterar varios medios de comunicación su orden temporal se pretendía confundir a la opinión pública al variar radicalmente el papel de la Fiscalía tanto en las diligencias de investigación como en su relación con la representación del investigado González Amador".
El Ministerio Público afirmó que "ningún extremo de los contenidos en la nota informativa" era "desconocido" al momento de hacerse pública. Según su alegato, "ello permite afirmar que nos encontramos ante una conducta inocua, carente de antijuricidad material, dada su nula lesividad".
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha declarado que continuará en su puesto: "En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado".
Reacciones desde Sol
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid han tildado de "lamentable" la actitud de un Ejecutivo central que "miente" para "tratar de defender al fiscal general del Estado. "Es lamentable ver mentir al Gobierno central para tratar de defender al fiscal" después de que este "haya revelado datos de un contribuyente que solo él mismo y la Administración deberían conocer", ha lanzado a este respecto el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín.
El también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local se ha servido de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles para exigir la dimisión de Álvaro García Ortiz y, de paso, la de Pedro Sánchez fruto del "fango" que, asegura, "le rodea".
"Todo lo que toca Sánchez es corrupción y fango"
"Sánchez está rodeado de corrupción, incluso con lingotes de oro de por medio, pero no dimite. Tampoco esperamos que el fiscal lo haga, aunque debería (…). Sánchez tiene a su esposa, a su hermano y al fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, imputados. Todo lo que toca es corrupción y fango. No debería permanecer ni un minuto más al frente del Gobierno de nuestro país", ha zanjado.
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