Hacinados, sin salida de emergencia, con ventanas y persianas rotas, desprendimientos de techo y hasta vertidos de aguas fecales. Los trabajadores de los Juzgados de Collado Villalba llevan meses soportando unas condiciones de trabajo “lamentables”, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El problema comenzó el pasado julio, momento en el que los Juzgados de Instancia e Instrucción 5 y 6 fueron trasladados desde la sede principal, en la plaza de los Belgas, a un bajo en la calle Honorio Lozano, 24.
El delegado sindical de CSIF, David Mohedano, explica que “se trata de un local antiguo que antes era la oficina de una agencia de viajes”. Desde que llegaron, cuenta Mohedano, los trabajadores se encontraron con una infraestructura muy deteriorada, con roturas en techo, paredes y ventanas. En los últimos tiempos, además, está habiendo problemas en las bajantes del edificio y se están produciendo filtraciones de aguas fecales procedentes de las viviendas de encima del local.
Técnicos de la Comunidad de Madrid acudieron el pasado viernes para inspeccionar las condiciones de la sede. Según el delegado sindical, anotaron “muchas deficiencias” y acordaron, a petición de las magistradas, repetir la visita en un día de máxima audiencia en salas de visita y declaraciones.
Una localización temporal
El local de la calle Honorio Lozano es una localización temporal hasta la instalación definitiva en una nueva sede que, según la Comunidad de Madrid, comenzará a construirse antes de que finalice el año, junto a la reforma de la principal sede actual. La inversión superará los 11 millones de euros y unificará los nueve juzgados en un mismo complejo. El plazo de ejecución, dicen, será de 22 meses.
Desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local aseguran que “la Comunidad de Madrid garantiza las adecuadas condiciones de la sede temporal que alberga los juzgados 5 y 6 en Collado Villalba hasta el traslado al nuevo edificio”.
En relación a las filtraciones, añaden que “sin perjuicio de la rápida actuación que realiza la Consejería ante cualquier imprevisto interno en dichos espacios, los contratiempos que puedan surgir en zonas comunes del inmueble o en zonas ajenas que linden con dichos espacios, como las bajantes, se abordarán por la comunidad de propietarios con la colaboración de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales”.
Tal y como indica la propia Consejería, la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó el pasado mes de junio planificar el traslado temporal de personal a un local habitado antes de su instalación definitiva en el nuevo edificio. La elección de este espacio se hizo teniendo en cuenta su cercanía con la sede principal y su superficie, cercana a 250 metros cuadrados útiles. “Además, la sala de Gobierno del TSJM ratificó que cumplía todos los requisitos previstos y necesarios”, concluyen.
David Mohedano matiza que esa totalidad de 250 metros cuadrados está distribuida en pequeñas estancias de siete o diez metros cuadrados como máximo. “En cada una de esas dependencias se juntan entre hasta diez funcionarios más el público que todos los días tiene que pasar por allí abogados, procuradores particulares, víctimas, detenidos…”.
Falta de espacio y vulneración de la Ley de Protección de Datos
La falta de espacio también supone un problema para la separación de víctimas y detenidos. Cuenta el delegado del CSIT que, “tal y cómo recoge la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se debe procurar que la víctima no coincida con el agresor cuando ambos se encuentran en dependencias judiciales”. En el caso de este local de Collado Villalba, “la disposición es tal que para sacar a los detenidos del calabozo necesariamente tienen que pasar a través de la sala de espera donde están las víctimas, es decir, que están en contacto directo a menos de un metro”.
En el comunicado emitido por CSIT también se denuncia la falta de espacio en los propios calabozos: “En el espacio existente en la actualidad, a duras penas cabe una persona. Pues como han recogido los testimonios de las magistradas y de los letrados de la administración de justicia, ha habido guardias en las que han llegado a concurrir hasta cuatro personas, con unas condiciones de hacinamiento total”.
Otro de los problemas a los que se hace referencia es a la vulneración de la Ley de Protección de Datos: “La propia disposición que ha establecido la Comunidad de Madrid hace que las pantallas de los ordenadores estén de cara al público que está allí presente, es decir, que está viendo en todo momento los datos especialmente sensibles de los procedimientos judiciales”, explica Mohedano.
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