El gas radón sigue siendo uno de los vecinos silenciosos de los madrileños, el cual se cuela en viviendas y locales sin que nadie se dé cuenta, y sobre el que hay que poner más el foco.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó a comienzos de abril la Instrucción IS-47, documento que establece el listado de términos municipales de actuación prioritaria donde deben tomarse medidas frente a la exposición al gas radón.
Este mapa hace hincapié en que 86 municipios de la Comunidad de Madrid han sido clasificados como ‘Zona II’ de actuación prioritaria, lo que implica la obligación de medir y controlar la exposición a este gas en los centros de trabajo.
Aparte de estas 86 localidades, el gas radón se encuentra presente en el 81 por ciento del suelo madrileño, incluyendo 59 municipios de ‘Zona I’, donde también se recomienda su medición, aunque no sea obligatoria. Debido a estos datos, la Comunidad de Madrid es una de las más expuestas al radón.
¿Qué es el gas radón?
El radón es un gas radiactivo que se genera de forma natural en rocas y sedimentos –sobre todo en granito, pizarra y esquisto– al desintegrarse el radio en la cadena de desintegración del uranio. “Su peligrosidad no está en su origen, sino en su capacidad de infiltrarse en edificios, donde se acumula y representa un riesgo para la salud”, explican desde Molins Construction Solutions.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición al gas radón sería la segunda causa de cáncer de pulmón, por detrás del tabaco, y la primera causa en personas no fumadoras. En España se estima que más de 1.500 personas mueren por ello cada año.
A comienzos de 2024, el Ministerio de Sanidad aprobó el Plan Nacional contra el Radón, el cual “establece la política para reducir el riesgo para la salud de la población debido a la exposición al radón en recintos cerrados”.
“Existe abundante evidencia científica que demuestra la asociación entre exposición a radón en ambientes interiores y cáncer de pulmón. El radón está reconocido como agente carcinógeno humano de categoría 1, lo que asociado al hecho de que un número significativo del actual parque de edificios presenta concentraciones elevadas de este gas, hace que la exposición al radón se considere como un problema para la salud pública”, añaden desde el Ministerio de Sanidad.
Con la aprobación de la Instrucción IS-47, se establecen las directrices para la medición en los centros de trabajo y se obliga a medir la concentración de radón durante un periodo mínimo de tres meses, preferiblemente entre octubre y mayo, o a lo largo de todo el año si no hay cierres vacacionales.
Oficinas, comercios, gimnasios, spas, laboratorios, aparcamientos o incluso espacios turísticos como minas o cuevas, así como todo tipo de negocios y locales que se encuentren en plantas bajas y primeras y que se sitúen en municipios de ‘Zona II’ se verán obligados a llevar a cabo estas mediciones.
Con estas actuaciones se evitan casos como el vivido en los Juzgados de Colmenar Viejo entre 2017 y 2019, donde se halló una habitación cerrada en la que se encontraba una gran piedra de granito y cuyos niveles de gas radón se relacionaron con varios casos muy agresivos de cáncer entre los trabajadores del edificio.
CSIF demanda mediciones urgentes en la Oficina de Agentes Forestales de San Lorenzo
San Lorenzo de El Escorial es uno de los municipios que se encuentran en esta ‘Zona II’ de actuación, algo que apremia la petición que reclama la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de medir “de manera urgente” los niveles de gas radón en la Oficina de Agentes Forestales de la localidad.
Sospechan desde CSIF que los niveles siguen por encima de lo permitido. La última medición, en enero de 2024, marcó unos “niveles por encima de los 800 becquerelios por metro cúbico (Bq/m³), cuando el máximo permitido por la legislación es de 300”, denuncian desde el sindicato.
“Hasta esa fecha, los trabajadores habían estado expuestos durante más de 20 años a estos niveles sin que la Administración haya realizado medición alguna ni evaluación del riesgo por exposición al gas radón”, lamentan.
“No se había hecho nada –desde 2013 hasta 2024– hasta que se hizo un plan en las oficinas de los centros de trabajo de la Comunidad de Madrid y ahí es cuando se empezó a medir”, explica a Madridiario José María Bermúdez, responsable de Agentes Forestales de CSIF en la Comunidad de Madrid. Bermúdez apunta que en estas mediciones, las oficinas de Agentes Forestales de San Lorenzo y Cercedilla, por su localización, fueron las que superaron los niveles permitidos.
Lamenta que entre 2020 y 2021, cuando se empezó a tomar una mayor conciencia de los riesgos del gas radón, se comenzó a pedir a la Comunidad nuevas mediciones, sin recibir nunca respuesta: “Cuando hacemos todas las solicitudes es que ni siquiera nos contestan. A nosotros, caso ninguno. Seguimos mandando denuncias de riesgos laborales, que tenemos un montón de problemas en las oficinas, y no contestan. Si contestan te dicen «estamos en ello», sin más”.
Traslada también la preocupación de los agentes, los cuales han tomado la determinación de llevar a cabo las guardias de 24 horas en sus hogares para evitar estar expuestos tanto tiempo al gas radón en la oficina.
"Hay preocupación, sobre todo por esos compañeros que se han jubilado y que llevaban muchos años trabajando, haciendo guardias de 24 horas (...) Todo lo que leemos sobre el radón asusta; es bastante dañino para los pulmones", señala. Los agentes forestales han pedido medidas, desde el cambio de ubicación de la oficina hasta un seguimiento de la salud de todos los trabajadores, actuales y jubilados.
Critican además que, desde la Comunidad de Madrid, la seguridad en la oficina se ha puesto en manos de los propios trabajadores. "Las primeras medidas que han tomado de ventilación, en vez de hacerlo con personal especializado, se les ha endosado a los agentes forestales, que no somos ni especialistas ni estamos preparados para hacer esa cuestión", comenta Bermúdez.
"Son chapuzas para salir del paso. No podemos estar los trabajadores pendientes de si la ventana estaba abierta una hora o dos horas, porque tienes un aviso, te tienes que ir y ya no sabes si la ventana se ha cerrado o sigue abierta. Se debería hacer de otra manera. Ha recaído sobre ellos el trabajo de que haya menos peligro o menos acumulación de gas", añade.
Ante esta situación, CSIF ha presentado una denuncia en la Inspección de Trabajo para que se lleve a cabo una medición actualizada de los niveles de gas radón, "además de una evaluación de la eficacia real de las medidas adoptadas, la implantación de un protocolo de vigilancia de salud específico, así como un estudio de las posibles exposiciones al radón del agua destinada a consumo".
"Desde CSIF Madrid no podemos permitir ningún riesgo para los agentes forestales. No es de recibo la existencia de una grave negligencia preventiva por parte de la Administración y el incumplimiento de la legislación en materia de seguridad laboral. La Comunidad de Madrid debe actuar con carácter urgente y evitar consecuencias que podrían ser fatales", sentencian desde el sindicato.
Madridiario ha preguntado a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid acerca de esta problemática, recibiendo esta respuesta: "En las dos oficinas donde se han detectado niveles de gas radón por encima del umbral normativo de exposición media anual en 300 Bq/m3s., se han aplicado de manera inmediata medidas para disminuir la concentración interior de las dependencias afectadas, además de realizar las obras y reformas necesarias, a fin de adoptar soluciones de tipo constructivo. Los sistemas funcionan correctamente y periódicamente se están realizando mediciones".
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