La Asamblea de Madrid ha constituido este martes la comisión de investigación que indagará sobre el supuesto trato preferencial que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) habría otorgado a Begoña Gómez, esposa del presidente. La presidencia de esta comisión será ejercida por el PP, mientras que el PSOE asumirá la vicepresidencia.
Como presidenta de la comisión ha sido designada Susana Pérez Quislant, quien ocupa el cargo de secretaria tercera de la mesa de la Asamblea, recibiendo 70 votos del PP. Como vicepresidente estará el segundo más votado, Jesús Celada, portavoz adjunto del PSOE, que ha conseguido 54 votos gracias al apoyo de su partido y de Más Madrid. El secretario de la mesa de la comisión será Pablo Posse Praderas, portavoz de Educación del PP.
La primera sesión de esta comisión está prevista para mediados de noviembre y serán la mujer del presidente y del rector de la UCM, Joaquín Goyache los primeros citados a declarar, según anunció ayer el PP. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, mencionó que se consideraría la posibilidad de convocar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otros "altos cargos" del Ejecutivo, dependiendo de lo que se revelara en esta primera sesión.
Tras conformarse la comisión, la oposición ha criticado al PP por el reparto de comparecientes. "Nos dicen que ellos están muy a favor de la aplicación de la ley D'Hont a la hora de pedir las comparecencias. Eso nos hace ser muy suspicaces, eso significa que alguien quiere matar a alguien, quiere excluir a Vox", ha planteado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, quien ha recordado que los que llevan trabajando "desde el principio" en el 'caso Begoña Gómez' son ellos y "no otros".
La idea inicial, según fuentes parlamentarias, es que sean en total unas seis sesiones y que los comparecientes no sean más de tres por cada una. Esto implicaría 18 comparecientes en total que, repartidos siguiendo este sistema serían 10 por el PP, 4 por Más Madrid, 3 por el PSOE y 1 por Vox. Desde este último partido han avanzado que ya han pedido a Begoña Gómez al temer que PP se eche atrás.
La secretaria de Organización del PSOE-M, Marta Bernardo, ha subrayado que esta comisión "poco tiene de investigación y mucho de persecución" hacia Begoña Gómez y ha apuntado que la utilización del método D'Hont no tendría "ningún precedente" en las comisiones de investigación, donde se suele establecer un reparto equitativo entre los grupos por cortesía parlamentaria. Además, ha afeado al PP que anunciara su intención de convocar a la esposa del presidente en la primera sesión, a pesar de que aún no se había constituido la comisión.
Ha afirmado que desea discutir sobre las universidades públicas de Madrid y que presentarán perfiles relacionados con este tema. En cuanto a citar a algún miembro del del Gobierno regional, aún no han "descartado nada".
Desde Más Mádrid, el portavoz de la comisión, Antonio Sánchez, ve en la misma un "uso indigno de los impuestos de los madrileños" y la describe como un "circo" destinado a distraer. "El objetivo es que los ciudadanos de Madrid no se enfoquen en el saqueo de la universidad pública, que pertenece a todos, y que, en su lugar, se discuta sobre el chiringuito que supuestamente estaría bajo el control de quién sabe quién", ha añadido.
En relación a este tema, ha afirmado que los rectores deberían formar parte de esa primera comisión "y no Begoña". Por esta razón, desde Más Madrid se comprometen a tomar "en serio" la comisión y a convocar a comparecientes que "de verdad puedan hablar de la situación".
Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha rechazado la idea de un "rodillo parlamentario" y ha argumentado que en la Asamblea "casi todo se ha hecho siempre por Ley D'Hont". Ante las críticas de la oposición, ha señalado: "Lo que no tiene sentido es que un grupo que tiene 10 o que tiene 11 diputados tenga el mismo peso que el que tiene 70 porque sería una falta de respeto a la votación de los madrileños".
El 'popular' ha reiterado que el propósito de esta comisión es restablecer el "prestigio" de la UCM que se ha visto afectado por la aparición en "la prensa internacional" de la "utilización probablemente irregular" de los programas de posgrado por parte de la esposa del presidente del Gobierno de España en la Universidad Pública madrileña.