La Fiscalía de Madrid solicita dos años de prisión y otros diez años de inhabilitación para el exalcalde de Colmenar José María Federico Corral, el actual regidor, Jorge García Díaz, y otros dos concejales del Consistorio por la presunta comisión de un delito continuado sobre la ordenación del territorio.
En su escrito de acusación, el fiscal reclama para cuatro ediles la pena de tres años y seis meses de prisión, además de otros diez años de inhabilitación por el mismo delito. Entre los acusados, figura el exalcalde Miguel Ángel Santamaría. Serán juzgados este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.
El pasado mes de marzo, el alcalde anunció en su cuenta de Twitter que no repetirá como candidato del PP a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. "Han sido 7 años intensos de trabajo y creo que la grandeza del proyecto Popular se basa en la renovación constante de equipos", manifestó. Concurrirá a los comicios con un partido independiente bajo la marca 'Colmenar por delante'.
En enero de 2022, el Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid absolvió al alcalde, a dos de sus antecesores en el cargo, a dos concejales y a siete exediles de un delito continuado de prevaricación urbanística del que habían sido acusados por la Fiscalía en relación a 16 expedientes urbanísticos de licencias de primera ocupación.
Licencias urbanísticas
El escrito de acusación señala que los miembros integrantes de las sucesivas Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo se pusieron de acuerdo entre los años 2006-2012 para otorgar de forma "reiterada" licencias urbanísticas, "especialmente de primera ocupación", a distintos promotores.
Según el fiscal, se hizo pese al incumplimiento de la normativa urbanística, una circunstancia que había sido puesto de manifiesto por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, "consintiendo así los acusados el mantenimiento y persistencia de construcciones con dichas irregularidades urbanísticas".
La Fiscalía sostiene que "los acusados no tomaron medidas para la subsanación de las infracciones urbanísticas en los 13 casos en que se les pusieron de manifiesto en otros tanto informes técnicos y jurídicos".
Aun así, solo en cuatro supuestos dieron traslado del expediente al Departamento de Disciplina Urbanística para la incoación del correspondiente expediente sancionador.
El alcalde, tranquilo
Jorge García Díaz se ha mostrado "tranquilo" y confiado en su absolución ante el nuevo juicio que le sentará en el banquillo de los acusados el próximo lunes. "Con ganas de que termine y se aclare todo", ha manifestado a Europa Press el regidor, quien rechaza la acusación del fiscal de haber otorgado una licencia sin cumplir con la normativa urbanística.
En concreto, el caso se refiere a una licencia de obras otorgada por la Junta de Gobierno para la construcción de una vivienda unifamiliar. Según el fiscal, había un informe desfavorable por haberse observado que la rampa de acceso al garaje tenía una pendiente del 23,43 por ciento, superando el límite máximo del 20 por ciento.
Según ha explicado el alcalde, hay un aval de un informe del arquitecto superior del Ayuntamiento del municipio que indica que no había otra solución para construir una rampa de garaje con una inclinación de un 21 por ciento y no de un 23 por ciento.
Asimismo, ha recordado que hay tres sentencias absolutorias relativas a los diferentes paquetes de licencias que han sido objeto de procedimientos judiciales. Incluso, una resolución condenó al Ayuntamiento a dar una licencia.
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