Ante las repatriaciones sin garantías de menores marroquíes que están teniendo lugar en Ceuta desde el pasado viernes 13 de agosto, 28 ONGs han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar su paralización inmediata. Las organizaciones firmantes, encabezadas por la Plataforma de Infancia, han trasladado en esta carta su profunda preocupación por la forma en la que se han realizado hasta el momento estas expulsiones.
En declaraciones a Europa Press Televisión, el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Iborra Roca, ha señalado que "todas las devoluciones son absolutamente ilegales ya que se están haciendo de una manera inmediata y sin tener en cuenta todas las garantías que deberían llevarse a cabo". La carta recoge como ayer mismo y a pesar de las dificultades existentes para la defensa jurídica de estos niños y niñas, se produjeron dos pronunciamientos muy relevantes que ponen en evidencia la "ilegalidad" de estas actuaciones e imponen la necesidad de suspenderlas "de manera inmediata".
En el ámbito nacional, un juzgado de Ceuta ha paralizado cautelarmente la repatriación de 9 de 12 niños que iban a ser expulsados esa misma mañana (3 ya habían sido expulsados), ante la medida cautelarísima solicitada por considerar acreditada la falta de garantías de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno y la Policía de Ceuta, ya que "ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores".
En el ámbito internacional, el propio Comité de los Derechos del Niño ha solicitado como medida provisional la paralización de la expulsión de 10 niños, aunque 4 de ellos ya habían sido expulsados, ante la presentación de una comunicación individual que alega la violación de varios artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Las organizaciones recuerdan que tras la llegada de un menor migrante no acompañado, las autoridades deben realizar una evaluación individual del interés superior de cada niño o niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar, sea la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen.
Por este motivo, indican desde la plataforma, el retorno al país de origen sólo es una solución duradera aceptable cuando se cumplen 3 requisitos: es en el interés superior del niño, se puede asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su país de origen y se respetan las garantías que tanto la Ley de Extranjería y su Reglamento, así como la Ley de Protección Jurídica del Menor requieren.
Por todo ello, las organizaciones solicitan al presidente Sánchez que suspenda de manera inmediata estas repatriaciones, que impulse desde el Gobierno los mecanismos de reparto para evitar la saturación del sistema de protección ceutí, y garantice que se inician los procedimientos legales de evaluación del interés superior de estos menores, con todas las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para determinar cuál es la solución duradera que más se ajusta a sus necesidades.
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