Es de común y notorio conocimiento que los ayuntamientos, grandes o pequeños, son la administración más cercana a la ciudadanía. Ediles de Gobierno y oposición municipal tienen la obligación de estar a pie de calle viviendo los problemas – y también las alegrías- de la vecindad. Es por ello que no son buen terreno para el tacticismo político y el partidismo electoralista, algo que el Gobierno del PP, a través del Ministerio de Hacienda, ha venido alimentando hasta el punto de tutelar las cuentas del Ayuntamiento de Madrid.
La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, conciliadora, dialogante y cumplidora de la ley ha determinado acallar el rifirrafe artificioso y forzado que ha supuesto la tutela de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda. E insisto en la palabra “tutela” porque, a pesar de titulares de prensa más o menos impactantes, el Ayuntamiento de Madrid no está intervenido tal como insiste la alcaldesa y el propio Ministerio.
Según el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, el Ayuntamiento de la capital ha incumplido la ley de Estabilidad Presupuestaria, como consecuencia de la crisis económica. En aquellos momentos de recesión, el alma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria pretendía, supuestamente, inculcar cierta racionalidad en las cuentas de los ayuntamientos, ajustando su gasto al de la economía española. Un ajuste que se lleva a cabo a través de la limitación del déficit y del gasto por medio de la popular regla de gasto, que impide, por ejemplo, que los municipios puedan invertir el superávit que están generando. La realidad es que han sido y son artimañas para recortar el gasto publico sin contemplaciones y, singularmente, el gasto en los servicios sociales que prestan las corporaciones locales.
Este ajuste ha supuesto un corsé financiero de los ayuntamientos, por el cual, el gasto público no puede crecer más que el promedio de la economía (un 2 por ciento). Algo falla en una ley que impide el desarrollo de las ciudades, su crecimiento, su expansión de negocios, el crecimiento del empleo; la protección social; por no hablar de su recogida de basuras, asfaltado, seguridad, bomberos… Y más aún en Madrid, centro financiero y motor económico, “rompeolas de todas las Españas” que diría el poeta. Algo falla cuando una ley termina alentando el desequilibrio y la desigualdad. Y, sobre todo, ¿qué sentido tiene prohibir que instituciones, como el ayuntamiento de Madrid, que tienen superávit no puedan emplearlo en crear empleo?
La ley de Estabiliadad Presupuestaria y su regla de gasto son medidas injustas. Tanto es así, que la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el apoyo del PP, lleva años reclamando su modificación y un año esperando la respuesta de Cristobal Montoro a la propuesta realizada. Tampoco es de extrañar el silencio del ministro, que ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, hasta el punto de haber liquidado unos Presupuestos Generales del Estado con una desviación 25 veces mayor que Manuela Carmena.
Pero no es el único. Ayuntamientos de la región como el de Torrejón de Ardoz y Parla se encuentran en una situación peor que el de la capital sin que se tomen medidas coercitivas. Por no hablar de la Comunidad de Madrid gobernada por Cristina Cifuentes, donde se ha incrementado la deuda un 300 por ciento en los últimos 10 años. Esto es, 30.000 millones de euros.
Con todo, la incoherencia del Ministerio de Hacienda y el tufo de buscar enfrentamiento partidista aumenta, cuando buceamos en las cuentas y concluimos que el Ayuntamiento gobernado por Carmena tiene un superávit anual de 1.000 millones de euros y ha reducido la deuda en más de 2.000 millones en dos años. Asunto especialmente relevante tras 20 años de gobierno del PP, que incluyen la megalomanía faraónica de Alberto Ruiz-Gallardón y la incompetencia surrealista de Ana Botella.
Frente a este trabajo de saneamiento, la respuesta del Gobierno de Rajoy ha sido tumbar por tercera vez el Plan Económico y Financiero del Ayuntamiento de Madrid por una desviación del gasto de 230 millones de euros. La respuesta del Consistorio, repleta de sensatez, ha sido la retención de 173 millones de euros, repartidos en 1.206 partidas, de modo que quedarán por cubrir hasta final de año, 192 millones para recuperar la senda del gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda.
A pesar de ello, el Gobierno de Carmena, sustentado por el PSOE-M, recurrirá esta injusticia y asegura que llevará adelante los proyectos previstos, aunque puedan dilatarse en el tiempo. Los palos en las ruedas que pone el Gobierno a un gobierno progresista no van a surtir efecto.
Pero las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda también se dirigen contra la plantilla municipal. Tal como asegura el secretario general de CCOO de la sección Sindical Intercentros del Ayuntamiento de Madrid, Juan Carlos Nicolás, acuerdos firmados como el de clasificación profesional alcanzado el 5 de octubre en instalaciones deportivas, que se llevaba esperando desde hace doce años, está amenazado. Y se podrían ver afectadas las negociaciones sobre la ampliación de jornada, con 1.200 trabajadores y trabajadoras parciales en el punto de mira.
La responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid requiere una respuesta por parte del Gobierno, que debe modificar y flexibilizar la regla del gasto para que los ayuntamientos con superávit puedan ofrecer servicios públicos a sus vecinos, fuente de dinamización de ciudades y pueblos, así como elemento distribuidor de igualdad y riqueza.
Jaime Cedrún
Secretario general de CCOO de Madrid
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