La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró este jueves que "no se le pasa por la imaginación" derogar la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno regional porque se acaba de aprobar y porque considera que es necesario "ampliar el control, la transparencia y la seguridad jurídica de la gestión urbanística".
Aguirre respondía así a una pregunta parlamentaria formulada en el Pleno de la Asamblea de Madrid por la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, quien acusó a la Administración regional de aprobar la normativa "de espaldas a la sociedad, en solitario, vulnerando el trámite del Consejo Económico y Social y sin negociar con los ayuntamientos".
La jefa del Ejecutivo madrileño explicó que el primer argumento que permitió aprobar la Ley de Medidas Urgentes fue el respaldo electoral que obtuvo el PP en las elecciones regionales del pasado mes de mayo, aunque reconoció que "si algo de lo que se ha aprobado en esa ley funciona mal, en su día se modificará".
"Hay que facilitar a los ciudadanos el conocimiento del plan urbanístico y hay que promover la participación que ustedes (en referencia a los socialistas) siempre lo dicen de boquilla pero luego están más a favor del oscurantismo que de la transparencia", señaló.
Aguirre también aludió al artículo de la ley que aborda la creación de un marco para la participación de la Comunidad de Madrid en la gestión de la red de Cercanías, lo que permitió reprochar a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, su "desobediencia" a las órdenes del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en esta materia.
Por su parte, la portavoz socialista en la Cámara, Maru Menéndez, recordó que la Ley de Medidas Urgentes cuenta ya con un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central por vulneración de competencias y tachó de "chapuza" el texto legal.
"Es necesario que reconsideren esta Ley, ya se lo dirá el Constitucional", dijo la diputada del PSOE, quien además instó al Ejecutivo regional a reflexionar sobre "los efectos negativos" de la normativa, especialmente en lo que se refiere a la desprotección medioambiental, al encarecimiento de la vivienda y al desorden urbanístico.