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La imperiosa necesidad de reformar la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid

viernes 23 de diciembre de 2016, 17:07h

El pasado 24 de octubre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid conoció - y analizó- un informe sobre el borrador de anteproyecto de la nueva Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid. No conocemos oficialmente el documento, ya que no ha sido enviado a los Grupos Parlamentarios. Y aunque todo apunta a una estratagema de distracción, de las muchas del Gobierno de Cristina Cifuentes, ante la inminente puesta en marcha en la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de una Ponencia que analice la actual Ley del Suelo y proponga medidas, los socialistas de Madrid tenemos opinión sobre este asunto tan importante para los madrileños y madrileñas.

Como reflexión general creemos que la nueva Ley del Suelo debe ser integral del territorio, incorporando al texto aspectos ambientales y territoriales, además de los propios del suelo. Debe ser, además, una Ley breve, con principios básicos, más un único reglamento completo que integre los contenidos de planeamiento, gestión y disciplina, concentrando la gran cantidad de normas dispersas actuales en una única. Debe ser clara, evitando el carácter técnico (y oscuro) de la actual Ley, que solo está al alcance de los iniciados. Si queremos devolver el urbanismo a los ciudadanos hay que simplificar términos, conceptos, procedimientos y reglas urbanísticas.

Y sobre todo, la nueva Ley del Suelo debe centrarse fundamentalmente en la rehabilitación y la regeneración urbana.

Resulta sorprendente que los responsables del Gobierno de Cristina Cifuentes, del Partido Popular apoyado por Ciudadanos, prediquen una cosa y ofrezcan otra. El texto que conocemos, un texto largo de 273 artículos, tres disposiciones adicionales, 11 transitorias y una disposición derogatoria, no incluye los cambios que se han venido exigiendo por profesionales, operadores y ayuntamientos. Hasta la fecha, ni siquiera la discusión de un nuevo texto ha sido ofrecida a la totalidad de un sector que quiere normalizar, cuanto antes, las reglas del juego, unas reglas en cuestión por las más de 100 modificaciones ad hoc de la actual Ley del Suelo, llevadas a cabo a través de múltiples cambios legislativos.

El texto que conocemos pretende otorgar una amnistía urbanísticageneralizada al pretender normalizar los denominados asentamientos no regularizados, es decir, legitimar ilegalidades sin exigir las cesiones que tuvieron que hacer otros, legalizando lo existente, permitiendo incluso que se mantengan fosas sépticas, obviando las correspondientes cesiones de aprovechamiento urbanístico y dotaciones públicas de zonas verdes o equipamientos. Además, se prevén usos excesivos del suelo urbanizable protegido, legalizando de facto cualquier actividad, generalmente lucrativa, incluso las que están ilegalmente en zonas catalogadas de alto valor ambiental.

El Gobierno de Cristina Cifuentes se empeña en mantener la cesión del aprovechamiento urbanístico en el 10%, cuando la Ley estatal, en vigor, permite llegar al 15%, reduciendo, además, de manera espectacular el mínimo de cesiones dotacionales, dejando en 30 los metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos (no es baladí recordar que la Ley 9/2001 inicial preveía un mínimo de 120 metros cuadrados de cesión por cada 100 metros cuadrados construidos).

Se podrán destinar a equipamientos privados suelos obtenidos como equipamiento público por las cesiones obligatorias (y gratuitas, no lo olvidemos) cuando debería garantizarse el destino público de estas cesiones. Sólo así se entiende que la propuesta reduzca a la mínima expresión la reserva de suelo para viviendas protegidas, cuando nuestra apuesta debe seguir siendo un mínimo del 50% de vivienda pública protegida de precio básico, la que más falta hace para la gente en este momento.

Es cierto que los planes urbanísticos y su modificación tienen un recorrido administrativo y de aprobación muy largo. Acortar los plazos sería recomendable, pero no se puede hacer a costa de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Los municipios más pequeños de nuestra Comunidad carecen de los medios adecuados para el desarrollo del planeamiento que, bien ejercido, ayudaría al crecimiento económico de su territorio. Los planes generales de ordenación urbana simplificada son irreales en tanto en cuanto tenemos más de 130 municipios que rigen su urbanismo a través de normas subsidiarias. Si el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid no ha sido capaz de reconvertir en 15 años normas subsidiarias en planes generales no creemos que se haga en cuatro años sin medios técnicos y económicos; desde luego la amenaza del castigo urbanístico por la inadaptación no surtirá el efecto esperado.

A este respecto, además, pensamos que la Comunidad de Madrid no debe tener la competencia absoluta sobre el planeamiento general de los municipios. Si queremos avanzar en la agilidad de la aprobación del urbanismo madrileño, los municipios de mayor población deben tener las competencias para la aprobación definitiva de sus planes generales, sin perjuicio de que la Comunidad de Madrid deba emitir, en su marco competencial, un informe preceptivo y vinculante.

El planeamiento debe descansar, por cierto, sobre el medio urbano, cosa que el borrador de anteproyecto no hace. Más bien lo ignora al ocuparse solo unos pocos artículos, insuficientes a todas luces, de la regeneración urbana, sin proponer nada relativo a la rehabilitación o regeneración de nuestras ciudades.

Ni siquiera mejora la participación ciudadana, que sigue siendo testimonial para el PP, ya que se ejerce en un momento posterior a la redacción del Avance. Los socialistas pensamos que las opiniones y propuestas de vecinos, entidades y cualquier interesado deben ser en la fase de redacción del Avance del Plan General de Ordenación Urbana, porque el Avance YA es planeamiento. El borrador aprovecha para regular un sistema de habilitación a las denominadas entidades privadas colaboradoras que no es otra cosa que una posible privatización encubierta del ejercicio de funciones públicas, y que no deben dejar de serlo.

Desde luego, seguir contemplando la enajenación directa de los bienes integrantes del patrimonio público de suelo y que no se prevea la sujeción directa a los derechos de tanteo y retracto en favor de la administración pública de las transmisiones de suelo o vivienda sujetas al régimen de protección pública no ayuda a que pensemos que el interés del Gobierno de Cristina Cifuentes es el colectivo. Todo lo contrario más bien. Y nuestras sospechas se confirman cuando el borrador pretende convertir en bienes patrimoniales aquellos terrenos que fueron objeto de cesión a la Comunidad de Madrid en concepto de redes supramunicipales. Estos terrenos fueron destinados a dotaciones públicas y no pueden dejar de ser bienes demaniales. Un nuevo intento de hacer negocio, una vez más, con lo público, lo de todos.

Quizá sea el momento de reivindicar la potestad pública del planeamiento urbanístico. Si el urbanismo es una función pública, y lo es, no es preciso realizar contratos con los interesados. No debemos olvidar que algunos desaprensivos utilizaron los convenios urbanísticos como una herramienta clave en presuntos supuestos de corrupción urbanística.

En definitiva, es necesario que la Comunidad de Madrid lidere el cambio de paradigma legislativo del urbanismo en nuestro país. El urbanismo del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid no cumple con los fines públicos y finalistas que tiene encomendado. Ya es hora de reformular la esencia del urbanismo que debe mirar a la renovación urbana. Y hay que hacerlo de común acuerdo, con el máximo consenso de todos. Sólo así podremos hacer planificación territorial estratégica en nuestra Comunidad, que buena falta le hace.

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