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Velasco rechaza archivar el caso de una funcionaria que reveló a Cofely el pliego de un contrato de 66 millones

domingo 13 de septiembre de 2015, 13:46h
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha rechazado la petición de la ingeniero municipal de Parla (Madrid), Elena María Fernández Pérez, de archivar la investigación que se sigue contra ella en la trama de corrupción 'Púnica', al entender que hay indicios de que permitió a la empresa Cofely participar en la redacción "a su medida" de un contrato público con una duración de quince años y un valor de 66,13 millones de euros.

En un auto el magistrado desestima el recurso presentado por la defensa de la técnico municipal contra el auto en el que levantaba el secreto de la causa principal, al considerar que cometió presuntamente delitos de revelación de secretos y fraude, que fue "instrumental para el resto de ilícitos posteriores".

Según el juez, la funcionaria, que pedía archivar de forma definitiva su caso, "quebrantó" indiciariamente su deber de "sigilo" y permitió al jefe comercial de Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, hacer "aportaciones relevantes" en la redacción de los pliegos del contrato, que ascendía a 66.137.413 euros.

"Tal actuación de connivencia con una de las entidades que competían en el concurso era una aportación relevante desde el punto de vista causal para asegurar la preadjudicación del contrato a Cofely, quien, de forma espuria, había colaborado en la redacción de unos pliegos hechos a su medida de su propia mano y que luego salía a concurso para su conocimiento general", explica el auto.

Velasco sospecha que la decisión del Ayuntamiento de Parla de adjudicar el contrato a Cofely estaba "tomada de antemano en tratos de corrupción", guardando el expediente las formas pero "instrumentalizándose" a su favor.

Era información reservada

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que la acusada estaba obligada a guardar la "confidencialidad" durante la fase de elaboración de los pliegos que, solo una vez firmados por la Administración, deberían ser publicados para su conocimiento general.

Velasco añade que todavía se está investigando si Fernández Pérez conoció los "pactos y las sobrefacturaciones del contrato público en beneficio de Cofely y sus intermediarios" y que sigue abierta la fase de instrucción, quedando pendiente de recibir informes policiales sobre la trama 'Cofely'.

En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".

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