Según palabras de Cristina Garaizabal, portavoz de la asociación Hetaira, el primer colectivo de afectadas por la Ley Mordaza es el de las mujeres que ejercen la prostitución, concretamente en la Colonia Marconi, en Villaverde, en Casa de Campo y en la calle Montera. Además, desde la asociación entienden como una contradicción que se multe a personas que “han sido calificadas en numerosas ocasiones por las instituciones públicas como víctimas de trata” y añaden que las multas que se puedan poner a los clientes son multas indirectas para las trabajadoras, puesto que se ven obligadas a buscar lugares más escondidos y peligrosos.
Otro de los problemas que la organización ve es que, tanto desde la ciudadanía como desde las instituciones, se confunde ser víctima de trata y ejercer la prostitución voluntariamente. “Hemos pedido una reunión con la alcaldesa de Madrid a principios de septiembre porque, a pesar de las esperanzas que teníamos puestas en el nuevo equipo municipal, creemos que no está respondiendo a las necesidades de estas mujeres”, aclara Garaizabal, a lo que añade: “Por otro lado, vemos una doble moral en PP y Ciudadanos, ya que parece no importarles que la prostitución exista siempre que sea en un lugar cerrado”. Además, para acabar con la explotación laboral proponen reconocer la prostitución como un trabajo, ya que en el caso de que sean coaccionadas ya existe una ley antitrata que “para su correcto funcionamiento debe poner los derechos humanos en primer término”, explica Cristina Garaizabal.
Seis multas en Villaverde
Por su parte, el grupo municipal socialista ha mostrado su desacuerdo con la ley ya que, según palabras de su portavoz adjunta, Purificación Causapié, “es absolutamente reprobable que la Delegación del Gobierno de Madrid multe a mujeres que están siendo prostituidas en las calles de la ciudad”, y por ello propone una comisión permanente de lucha contra la explotación sexual en Madrid.
Otra de las portavoces de Hetaira, Mamen Briz, comenta que la preocupación de las chicas que trabajan en la calle se ha incrementado, según el aumento de llamadas telefónicas que están recibiendo por su parte y después de las seis multas directas que han registrado en Villaverde, según sus datos. “Ya conocíamos la existencia de la ley, lo que más nos asombra es la rapidez con la que se ha puesto en marcha”, aclara. Además, reclaman unas políticas sociales que tengan en cuenta las necesidades de las trabajadoras, así como formación para la Policía Nacional, para conseguir un trato correcto hacía ellas. “Planteamos estas dos propuestas a la presidenta Cristina Cifuentes cuando ocupaba la delegación del Gobierno regional. Ahora también queremos reunirnos con Concepción Dancausa para que nos explique qué significa ‘borrar a las prostitutas de la calle’, según sus propias palabras”. Briz también ha querido hacer una llamada a la sensatez, ya que se trata de un tema delicado porque implica a “víctimas de tratas, explotación laboral y el riesgo de perder un trabajo”.