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Salvador Victoria y Lucía Figar
Salvador Victoria y Lucía Figar

Salvador Victoria y Lucía Figar declararán como imputados por la operación Púnica el 26 de junio

martes 02 de junio de 2015, 09:45h
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar en calidad de imputados para el próximo 26 de junio al consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y a la consejera de Educación, Lucía Figar, por delitos de corrupción en el marco de la causa en la que se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" entre la red Púnica con la Administración Pública, informaron fuentes jurídicas. Sin embargo, fuentes del departamento de Figar han afirmado que "en estos momentos" la consejera "no tiene ninguna citación".

El Gobierno regional negó el pasado enero "categóricamente" que Victoria estuviera relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se referían al "seguimiento de informaciones 'online' y servicios de clipping" de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de todas las informaciones". En concreto, la actuación presuntamente delictiva que se atribuye a Victoria está relacionada con la labor del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que reclamó presuntamente a la empresa, adjudicataria de numerosos contratos de la Administración regional, pagos en negro por un total de 120.000 euros que tendrían a De Pedro como destinatario.

En su declaración como testigo, las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez preguntaron al expresidente de Indra Francisco Javier Monzón si ICM solicitó a la compañía tres pagos en B por valor de 90.000, 20.000 y 10.000 euros, respectivamente. El compareciente aseguró que no le constaban los dos primeros y que el responsable de Operaciones de Indra, Santiago Roura, imputado en la causa, le había trasladado que existía "una situación un poco desagradable", en referencia al último pago de 10.000 euros. Según su versión, Martínez Nicolás reclamó este dinero aunque nunca se llegó a pagar. A cambio, Indra le ofreció un trabajo a una de las empresas de De Pedro, según consta en la declaración.

Durante el interrogatorio, Monzón también aseguró no conocer a De Pedro "más allá" de haberle saludado "una vez" en un acto y añadió que nunca vio "ninguna irregularidad" en los contratos con la Comunidad de Madrid. En concreto, Indra realizó un contrato con EICO, una de las empresas de De Pedro, por un total de 12.000 euros. Por su parte, una de las trabajadoras del entramado, Esther Gutiérrez, admitió durante su declaración ante el juez Velasco haber concertado a principios de 2014 entre "siete u ocho citas" entre De Pedro y Salvador Victoria. "Tenía que insistir varias veces y al final le recibía", dijo.

En relación con Figar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, otra de las empresas de De Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es'.

Por otra parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha llamado a declarar también como imputados a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla y José Miguel Moreno para el 11 y el 18 de junio, respectivamente.Asimismo, el consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en funciones del Gobierno de Murcia, Juan Carlos Ruiz, comparecerá con la misma condición el próximo 22 de junio.

Todos ellos no se han presentado a las últimas elecciones autonómicas y, por lo tanto, perderán el fuero en el momento de la constitución de los nuevos Parlamentos regionales. En el caso de los consejeros, lo perderán cuando dejen estos cargos, ahora en funciones. En cualquier caso, si llegada la fecha de la declaración y los aforados siguen ostentando esta condición, el magistrado pospondría su citación.

La formación de la Cámara madrileña está prevista para el 9 de junio y de ella no formarán parte los hasta ahora diputados Utrilla y Moreno. Utrilla es miembro del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde del municipio madrileño de Sevilla La Nueva desde 2007, donde su partido presentó a otro candidato, Asensio Martínez, en las elecciones del pasado 24 de mayo.

José Miguel Moreno, antiguo militante de Alianza Popular, fue alcalde de Valdemoro desde diciembre de 2003 hasta junio de 2011, una localidad en la que impulsó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y regentó las áreas de Urbanismo y Obras cuando fue teniente de alcalde del equipo encabezado por Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama junto a su 'número dos' David Marjaliza. En 2011, Moreno anunció que no se presentaría a la reelección a la alcaldía de Valdemoro y Esperanza Aguirre le incluyó en la lista del PP a la Asamblea de Madrid.

Detenciones en Murcia

La imputación del consejero murciano en funciones se suma a las de la exdirectora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez; el ex concejal del PP en Cartagena y exjefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, José Fidel Saura; y la exdirectora del INFO, Reyes Samper, que presentaron su dimisión. Además, se detuvo al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE); y al exsecretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo.

El juez Velasco investiga las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal" desarticulada con la operación Púnica.

Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores (los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca), se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Lausanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por blanqueo de capitales.

Por su parte, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que casos como la operación Púnica, de la que hoy se han conocido nuevas imputaciones, "no ayudan para nada" al PP, pero, a su juicio, esta actuación judicial muestra que "la justicia funciona". Sin embargo, ha indicado que frente a este tipo de cosas, ella ve que "la justicia funciona" y que "si hay corrupción, actúan los tribunales", a los que pide más celeridad en sus actuaciones para que haya sentencias y las personas que resulten condenadas "paguen, vayan a la cárcel y devuelvan el dinero". "Este tipo de casos ayudan bastante poco", ha continuado la aspirante a presidenta autonómica, quien, tras decir que ella saldrá de la política con menos de lo que entró, ha dicho que tiene confianza en que "la justicia actúe rápido".

CCOO y UGT han pedido la dimisión de Lucía Figar al frente de la Consejería de Educación. CCOO ha recordado que durante los ocho años que ha estado al frente de la Consejería de Educación ha denunciado "las políticas de austeridad y recorte a la educación pública, así como, el obscurantismo y la opacidad de las medidas que aplicaba como por ejemplo en las cesiones de terrenos públicos para centros concertados y privados". UGT ha asegurado que la gestión de Figar "ha sido la peor gestión posible en educación realizada en la Comunidad de Madrid" y ha destacado su "falta de diálogo" y "su afán privatizador".

Más información:

Victoria niega estar relacionado con la operación Púnica

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